La CNMV lanza una ofensiva para conocer el patrimonio de los fondos inmobiliarios
La CNMV no quiere llevarse ninguna sorpresa desagradable a cuenta de las instituciones de inversión que trabajan con los hoy devaluados activos inmobiliarios y ha emitido una circular que aumenta las obligaciones de información de estas sociedades con el doble objetivo de conocer su patrimonio real y de fiscalizar la precisión de las valoraciones que realizan de sus activos en cartera.
En las próximas semanas las sociedades de inversión inmobiliaria se van a ver obligadas a realizar un inventario completo y detallado del estado de sus activos, si no quieren que se les eche encima la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El organismo regulador ha emitido una circular en la que insta a las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria a completar antes del próximo 30 de septiembre la información que remiten regularmente a la CNMV sobre la valoración de los inmuebles que poseen en cartera. Después de esa fecha, además de los datos que ya estaban obligados a proporcionar sobre la existencia o no de carga hipotecaria sobre el inmueble o la renta mensual percibida por las viviendas arrendadas, deberán también consignar datos más precisos sobre la naturaleza del inmueble: si es subterráneo o está sobre el nivel del suelo, el porcentaje de obra ejecutado en inmuebles en construcción, la fecha de finalización de la protección pública en VPO...
El objetivo es disponer de la mayor cantidad de información posible para determinar si las tasaciones realizadas se compadecen con las condiciones del mercado y si el valor del patrimonio declarado por las mismas se ajusta al real.
La información que den las sociedades servirá para detectar incoherencias en las tasaciones de activos
La información que llegue al regulador sobre las valoraciones realizadas a inmuebles recién adquiridos y sobre actualizaciones de activos ya en cartera se incorporará a la base de datos de la CNMV y se cruzará con la proporcionada por las instituciones, de forma que el regulador tendrá siempre un conocimiento preciso de la situación patrimonial de éstas.
Fiscalizar las tasaciones
Para completar este nuevo esquema de fiscalización sobre las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria, la CNMV estrechará también los controles sobre la compañías encargadas de valorar sus activos.
Los informes de tasación que mensualmente deberán remitir los gestores de cada sociedad al regulador tendrán que incluir los parámetros técnicos utilizados por la tasadora para determinar el valor de cada activo o justificar las actualizaciones que se operen sobre los mismos, algo que antes sólo ocurría ocasionalmente a requerimiento de los técnicos del órgano presidido por Julio Segura. La circular impedirá, además, que los gestores puedan alterar unilateralmente la valoración de un activo. Necesitarán del consentimiento de la compañía tasadora para hacerlo.
Con estos datos en su poder, la CNMV podrá ejercer un control más estricto sobre la coherencia en las valoraciones de los activos. Según fuentes del organismo, el simple conocimiento de los parámetros técnicos que siguen las tasadoras a la hora de estimar el valor de un determinado inmueble servirá para detectar casi automáticamente posibles valoraciones irregulares de activos, mediante un sencillo cruce de datos. Un procedimiento que será facilitado, sin duda, por la obligación de servir toda esta información en soporte electrónico y no en el engorroso papel de toda la vida.
Un informe nuevo cada mes
Todos los meses las sociedades que negocien con activos inmobiliarios tendrán que informar claramente a la CNMV sobre el número de activos que van a tasar durante el mes en curso. El objetivo del regulador es configurar un calendario de tasaciones que les sirva para conocer en todo momento la cifra de valoraciones pendientes y las sociedades a las que corresponden.¿Por qué un calendario mensual? La CNMV explica la importancia de esta segmentación del tiempo. En primer lugar, les permite controlar los extractos de informes de tasación (de remisión obligatoria cada vez que se valore algún activo) que deben recibir cada mes. Además, les facilita la fiscalización de los valores liquidativos declarados por las instituciones de inversión colectiva, ya que éstos (que marcan la diferencia entre el valor previo y el actualizado) se determinan en el mismo mes en que se tasa el inmueble en cuestión.