Inflación, competencia y política económica
Se ha dado usted cuenta que el pan, la carne y otros productos básicos han subido considerablemente en los últimos meses? Las tendencias inflacionistas quitan el sueño a bancos centrales y Gobiernos y son una de las causas de la crisis que parece se nos viene encima.
A raíz de estas subidas de precios varias autoridades de la competencia, en particular la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (TVDC), han iniciado investigaciones a empresas de distribución para determinar las causas de dichas subidas y esclarecer si éstas son debidas a infracciones del Derecho de la competencia.
El Derecho de la competencia pretende fundamentalmente impedir que las empresas acuerden subir los precios y obliga a las mismas a dejarse la piel en el mercado. Si una empresa opta por subir los precios sus competidores deben reaccionar robando sus clientes. El resultado de esta lucha entre competidores es que el consumidor se beneficia de precios más baratos. Las autoridades de la competencia vigilan en particular que las empresas no acuerden aflojar esta presión competitiva subiendo artificialmente sus precios.
Una subida de precios como la que hemos visto en los últimos meses ha hecho saltar las alarmas de las autoridades de la competencia que han decidido tomar cartas en el asunto y averiguar a qué se deben tales subidas de precios. Y si bien es cierto que la apertura de una investigación está justificada, conviene aclarar que una subida de precios no implica necesariamente que las empresas hayan infringido la ley acordando entre ellas una subida de precios. La experiencia demuestra que la mayoría de acuerdos anticompetitivos más que subir los precios frenan su caída.
Además hay otras causas ajenas a los acuerdos anticompetitivos, como el incremento del precio de las materias primas, que pueden justificar tales subidas de precios. Por tanto, antes de echarle la soga al cuello a estos empresarios es imprescindible entender las causas del alza de los precios.
Este tipo de investigaciones sirven no sólo para detectar conductas ilegales sino también para identificar barreras estructurales que impiden la competencia. Por ejemplo, la implantación de nuevos supermercados se ve dificultada en varias comunidades autónomas debido a un largo e incierto procedimiento administrativo y a las restricciones de horarios que impiden a muchos consumidores acudir a grandes supermercados.
Las autoridades de la competencia no sólo sirven para reprimir a quienes pactan el precio de las cosas en beneficio propio. Además, tienen un papel fundamental a la hora de identificar problemas estructurales y formular recomendaciones que fomenten la competencia. La última intervención del presidente de TVDC en el Parlamento vasco proponiendo la supresión de barreras para el establecimiento de nuevos operadores y la libertad en los horarios comerciales como medidas que deberían tomarse para limitar la subida de precios en productos básicos para los consumidores debe dar ejemplo a otras autoridades.
En este sentido, la CNC, particularmente desde su reforzada independencia del Gobierno, debería aprovechar al máximo su capacidad para redactar informes y dirigir recomendaciones que ayuden a impedir el alza artificial de precios en beneficio único de las empresas distribuidoras. Asimismo, los organismos autonómicos de defensa de la competencia, por su proximidad a los mercados locales, están en una situación inigualable, no sólo para asegurarse que las empresas no restrinjan la competencia, sino para identificar aquellas barreras legales que impiden a muchos competidores asaltar el mercado y competir libremente. La crisis económica que parece avecinarse será menor si estos organismos logran convencer al legislador de las barreras que deben eliminarse para fomentar la competencia. El que no escuche lo pagará. Más caro.
Álvaro Ramos / Elvira Aliende. Abogados de Howrey LLP Bruselas