Las constructoras miran con recelo a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos Públicos
La nueva Ley de Contratos del Sector Público entra en vigor el próximo jueves, 1 de mayo, con el recelo del sector constructor, que considera que ralentizará la licitación de obra pública en un momento en el que se espera que compense el frenazo del mercado residencial.
Este problema se suma al parón lógico que supone la formación de un nuevo Gobierno, razón por la que la patronal de las grandesconstructoras (Seopan) "no se opondría" a aplazar la entrada en vigor de la ley.
En el mismo sentido, la patronal de las medianas constructoras (Anci) pidió al Gobierno que prorrogara hasta el día 1 de enero de 2009 la entrada en vigor de la nueva Ley, con el objetivo de acelerar las licitaciones.
Entre los principales escollos de la normativa, la patronal de las constructoras de obra pública (Aerco) resaltó la subasta electrónica, cuya aplicación a la contratación de obra pública "puede ser un disparate", dado que podría fomentar la presentación de ofertas anormalmente bajas.
La Ley, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de octubre, pretende introducir en la ley española las exigencias del derecho comunitario respecto a la mejora de la participación en la subcontratación de pymes y el establecimiento de más competencias en la licitación y la contratación pública, para facilitar el acceso de más empresas a los concursos.
Esta nueva normativa impedirá a las Administraciones Públicas contratar personal en las empresas de trabajo temporal (ETT), salvo que sea de forma eventual para hacer encuestas, tomar datos o servicios similares.
Además, la normativa impedirá también a las empresas filiales de un grupo participar en un mismo contrato de concesión de obras públicas estatales aunque, si estas empresas se fusionan antes de que concluya el plazo de las candidaturas u ofertas del concurso podrán mantener una oferta común.
En el resto de los contratos, las compañías de un mismo grupo pueden optar a las adjudicaciones, aunque si se determinara que presentan ofertas con un presupuesto anormalmente bajo o exagerado que no se pudiese justificar serían excluidas de concurso.
Otra de las novedades que introduce la Ley es que las organizaciones de comercio justo tendrán preferencia en la adjudicación de contratos, siempre que las ofertas igualen a las más ventajosas del proceso.
Asimismo, podrá reservarse la participación de centros especiales de empleo en las licitaciones cuando al menos el 70% de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad.
La Administración solicitará también a los candidatos que sus ofertas respeten la ley en materia de protección del medioambiente y del empleo, así como en cuanto a la prevención de riesgos laborales.