2 + 2 = 3, como mucho
El nuevo Gobierno se parece al anterior no sólo en que algunos ministros continúan en su cargo sino, también, en su querencia por las contradicciones, en este caso las económicas. Y es que después de haber negado la gravedad de la situación parece como si la victoria electoral le hubiese abierto los ojos obligándole a adoptar un arsenal de medidas destinadas a capear de la mejor manera posible un fuerte temporal antes calificado como un simple aguacero.
Y es que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno y algunas adoptadas ya en el último Consejo de Ministros no son ni escasas ni intrascendentes. Recordaré algunas. Para reforzar el consumo privado se deducirán 400 euros del IRPF de buena parte de los contribuyentes y se suprime con efectos prácticos en 2009 el impuesto sobre el patrimonio al tiempo que se elevarán el salario mínimo, las pensiones mínimas de jubilación y viudedad y se prorroga el proyecto de renta de emancipación para jóvenes, se elevan las dotaciones para atender los compromisos de la Ley de Dependencia y se amplia gratuitamente la posibilidad de prorrogar la hipoteca.
También se tiene en cuenta la inversión, tanto pública como privada, al asegurar una devolución rápida del IVA, la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas, prometer la construcción de millón y medio de viviendas de protección oficial en el próximo decenio y acelerar el Plan de Infraestructuras.
Confiar las medidas de liberalización del mercado laboral a que sindicatos y patronal se pongan de acuerdo parece ilusorio
Igualmente, se incrementa el gasto público en capital humano, todo ello sin descuidar propósitos más amplios, como un 'gran acuerdo económico y social con sindicatos y patronal para el mercado laboral y la competitividad' o el compromiso de no elevar la presión fiscal y consagrar un nuevo modelo de financiación autonómica y local.
No son, ciertamente, medidas lo que falta pero me temo que se carezca de una idea coherente de cuáles son sus efectos conjuntos, habida cuenta de la situación real a la cual nos enfrentaremos en pocos meses. Resulta evidente que si bien la anunciada crisis inmobiliaria no ha hecho más que empezar, como las desgracias nunca vienen solas, las familias españolas -cuya tasa de endeudamiento es muy elevada y une intereses al alza- van a hacer frente a un paro creciente, a una inflación elevada y a un endurecimiento del crédito.
En efecto, el PIB pierde ritmo y según las últimas previsiones del Banco de España, entre 2007 y 2008 se dejará en el camino 1,4 puntos, a lo cual se añadirán otras 3 décimas en 2009. No sorprenderá así que la tasa de paro aumente este año en torno a siete décimas de punto -unas 136.000 personas- y otras 8 décimas en 2009 -otras 165.000 adicionales-; y aun cuando se prevé que la remuneración por asalariado continúe superando al deflactor del consumo privado en estos años, este componente básico del crecimiento proseguirá descendiendo claramente respecto al crecimiento registrado los años 2006 y 2007.
Así las cosas, ¿las medidas anunciadas son las adecuadas para evitar que la desaceleración económica de 2008 se convierta en un estancamiento en 2009? Aquí comienzan las dudas que el título de este artículo intenta resumir.
No está claro que muchas familias vayan a gastar una parte apreciable del dinero que el Gobierno intente meterles en el bolsillo pues acaso prefieran recomponer su maltrecho ahorro. En cuanto a impulsar el empleo acelerando la obra pública, me temo, primero, que ésta no sea tan intensiva en mano de obra como la construcción, a lo cual deberían añadirse las oportunas cautelas para no fomentar obras que empeoren todavía más nuestro deteriorado medio ambiente.
En otro orden de cosas, sindicatos y patronal son poderosos grupos de presión cuyos intereses no siempre coinciden con las necesidades generales de la economía -y al pasado me remito-, por lo cual, confiar, por ejemplo, las medidas de liberalización del mercado laboral, un proyecto de ley de huelgas o de pensiones públicas, a que se pongan de acuerdo me parece ilusorio. Lo recomendable sería que el Gobierno indicase cuáles son las reformas que considera inaplazables y fijase una fecha para lograr un compromiso, advirtiendo que de no ser así propondría al Parlamento las medidas legales oportunas.
Esa misma firmeza debería traducirse en decisiones internas. Es ridículo que se exhiba como medida relevante la aceleración de la devolución del IVA o la agilización de las trabas administrativas a las empresas. ¿No se supone que esta última es su obligación y que aquélla es, simplemente, renunciar a un abuso de posición financiera dominante?
Por último, todos esos planes -o casi todos- tienen un rasgo común: suponen más gasto público. Y aquí reside, acaso, su talón de Aquiles. Como el presidente del Gobierno da la impresión de no dominar ni la teoría ni la política económica, convendría que alguien le explicara que el actual superávit presupuestario es transitorio, pues depende en muy buena medida de la excelente coyuntura que ha caracterizado los ingresos fiscales durante los últimos años.
Posiblemente la tarea no le resulte fácil al vicepresidente económico después de haberse resistido durante bastante tiempo a aceptar la realidad, si bien parece estar más por la labor, como diría un castizo, pues ya ha comenzado a insinuar que aun cuando podrán cumplirse 'los objetivos sociales asumidos en el programa electoral', no cabe descartar que en 2009 se deban 'priorizar, y tomar en consideración todos los compromisos y valorarlos'. Confiemos que este nuevo realismo nos conduzca a un refugio seguro en el cual capear la tormenta que acaba de comenzar.
Raimundo Ortega. Economista