Uno de cada diez contribuyentes no podrá deducirse los 400 euros íntegros
La memoria del decreto de medidas urgentes enviada por el Ministerio de Economía al Congreso calcula que 1.736.000 contribuyentes, el 10,6% del número total de beneficiarios, no podrán acogerse en su integridad a la nueva deducción de 400 euros en el impuesto sobre la renta debido a que no alcanzan la cuota necesaria para ello.
De este colectivo de contribuyentes que no podrán beneficiarse de esta nueva deducción en su integridad, 1.650.000 son asalariados y 86.000 empresarios o profesionales autónomos. El resto de los declarantes del impuesto, 14.654.000 ciudadanos, podrán deducirse los 400 euros. De ellos, 13.890.000 perciben rentas del trabajo y el resto, 764.000, son perceptores de rendimientos de actividades económicas.
La media por la que los contribuyentes podrán deducirse suma 348 euros anuales. Economía cifra el coste total de la medida en 5.698 millones de euros, un impacto que valdría para el corto plazo. Según el análisis que el Gobierno incorpora a la memoria económica del decreto, el impacto neto de esta deducción a medio o largo plazo, sería menor debido a que el recorte de la carga impositiva por el IRPF supondrá una mejora sustancial de la renta disponible de las familias, lo cual incidirá en su consumo y ahorro.
Esta circunstancia, reflexionan los autores de la memoria económica, generará flujos positivos en el futuro para Hacienda, a través de unas mayores bases imponibles y recaudaciones procedentes del propio Impuesto y de los impuestos indirectos, tanto del IVA como de los especiales.
Aumentar el plazo del pago fraccionado de impuestos a mayo costará 16 millones
El equipo del vicepresidente Pedro Solbes considera que la medida repercutirá de forma beneficiosa en el ciclo económico, atenuando la pendiente negativa de la actual coyuntura y favoreciendo la creación de empleo, ya que contribuirá a recortar la brecha fiscal entre los costes laborales para los empresarios y las remuneraciones netas de impuestos que perciben los trabajadores.
Sin coste para las regiones
La memoria hace hincapié en que los 5.698 millones de euros que Hacienda dejará de recaudar como consecuencia de esta nueva deducción serán asumidos en su integridad por el Estado, sin que este coste incida en la cesión parcial del IRPF a las comunidades autónomas.
La memoria económica remitida al Congreso cifra también en 16 millones de euros el coste financiero de la ampliación de un mes, del 5 de abril al 5 de mayo, del plazo para que las empresas puedan efectuar el primer pago fraccionado del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre sociedades. Este cálculo lo obtiene Economía de aplicar un tipo de interés del 5,5% al importe total del primer pago fraccionado liquidado en abril del año pasado, que fue de 7.044 millones de euros (6.250 en el Impuesto sobre Sociedades y 794 en el IRPF).
El Ministerio de Economía traslada también a esta memoria el cálculo del coste de las medidas de inserción laboral contenidas en el decreto ley que el martes se someterá a la votación parlamentaria. Este coste suma 75 millones de euros y se reparte de la siguiente forma: cinco millones de euros para las ayudas a los trabajadores que se acojan a cursillos de orientación profesional durante un máximo de tres meses, a razón de 350 euros por mensualidad, 25 millones de euros destinados a facilitar la movilidad geográfica y 45 millones para reforzar el programa de promoción del empleo autónomo, que fomentará el establecimiento por cuenta propia de los trabajadores en paro, sobre todo los mayores de 45 años.
El Gobierno advierte en la memoria económica que para la financiación de estas medidas y otras previstas en el plan aprobado hace una semana, se habilitarán créditos por importe superior a 201 millones de euros.
La memoria económica deja sin cuantificar, por resultar muy difícil el cálculo, la medida que establece la exención de la deuda pública de los no residentes y la modificación del concepto de rehabilitación en el impuesto sobre el valor añadido.
Ayudas para el transporte de agua
El decreto ley que establece las medidas urgentes para el abastecimiento de agua a Barcelona ha llegado al Congreso acompañado también de su propia memoria económica. En ella se cifra en 180 millones de euros el coste de las obras de infraestructura necesarias para hacer las conducciones a esta ciudad desde el río Segre, que irán todos con cargo a los presupuestos del nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.En la citada memoria se informa también que el transporte de agua por barco a Barcelona se verá beneficiado de bonificaciones y exenciones, con independencia de los puertos de origen o de destino utilizados para estas misiones, así como de la nacionalidad de los buques empleados.Todas estas ayudas se aplicarán a las tasas por mercancías, a las del transporte de agua y a las que afectan a la señalización marítima. El Gobierno tiene prácticamente garantizada la convalidación de este decreto ley ya que CiU y Esquerra Republicana, entre otros grupos, ya han anticipado que apoyarán su contenido cuando el martes se debata en el Congreso.