El superávit fiscal se resiente
La ejecución presupuestaria hasta marzo, con una caída del 5,7% en la recaudación del IVA, muestra el calado de la desaceleración. La debilidad inmobiliaria y del consumo son las causas de esta reducción que afecta especialmente a los ingresos provenientes de las pymes. Otro impuesto tocado es el de hidrocarburos por los altos precios de los combustibles. Como consecuencia, el superávit -3.276 millones de euros y el 0,29% del PIB- es ya la mitad del de hace un año. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aclaró que estas cifras están en línea con las previsiones del Gobierno que confía terminar el ejercicio con un saldo positivo del Estado del 0,3%.
Sería deseable que el año se cerrase con las cuentas en negro, aunque es un objetivo cada vez más difícil de cumplir, tanto por la parte de los ingresos como por la de los gastos. La menor recaudación en IVA e hidrocarburos podría acrecentarse, pues no parece que las cosas vayan a mejorar ni en la construcción ni en el precio de los carburantes. De hecho, el vicepresidente Pedro Solbes ya ha reconocido que la economía crecerá al 2,4% y abandona la cifra oficial del 3,1%. Lo más probable es que la menor actividad acabe pasando factura a los impuestos directos que están compensando al IVA y permiten que los ingresos crezcan en conjunto al 3,4%. Pero si el desempleo empieza a aumentar, será inevitable que el IRPF se resienta.
Los gastos, por su parte, crecen por encima de los ingresos, aunque de forma moderada. Es seria la evolución de los financieros, que aumentan casi al 15%. El Gobierno lo achaca a la diferencia del calendario de vencimientos, pero seguro que las nuevas emisiones saldrán a tipos más altos, lo que encarecerá el coste de los intereses. Además, los estabilizadores automáticos, en concreto el seguro de desempleo, aumentarán la factura. Si sumamos los 10.000 millones del plan de choque, todo apunta a que el superávit pueda ser más un deseo que una realidad. Quizá sea momento de estudiar fórmulas de contención por si la desaceleración es mayor de lo que calcula el Gobierno.
