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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Corresponsabilidad en la recuperación

La pronunciada desaceleración de la economía ha hecho reaccionar a todas las Administraciones para dulcificarla lo más posible. Aunque la política económica es de exclusiva responsabilidad del Gobierno central, tiene toda la lógica que las comunidades autónomas ejerzan la suya, aprovechando que tienen en sus manos la gestión de más fondos que el propio Gobierno central. Si éste les reclama a las autonomías corresponsabilidad fiscal creciente a medida que se incrementa su participación en los ingresos del Estado, debe admitir, y valorar, corresponsabilidad en las políticas económicas.

Las últimas semanas, y a medida que afloran los efectos de la desaceleración en la construcción, los gestores públicos de distintas autonomías han iniciado programas de estímulo a la actividad. Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria, Cataluña y Madrid han movido sus fichas, aunque con medidas de diferente naturaleza. Pero el denominador común se centra en recuperar parte del pulso perdido por la actividad constructora, muy intensiva en empleo, y, por tanto, la más sensible para la población.

En todas las medidas anunciadas hay un hilo conductor. Las comunidades tienen una dependencia financiera determinante de la actividad inmobiliaria y pretenden recomponer los fuertes descensos que han registrado ya en los ingresos por transmisiones patrimoniales. Un gasto creciente generado por el avance de la población, sobre todo en sanidad y educación, de exclusiva gestión territorial, y coincidente con la pérdida de recursos, pone contra las cuerdas las finanzas autonómicas. Hasta que un nuevo modelo de financiación dé soluciones definitivas, las regiones deben buscar alternativas. La única dificultad añadida de los estímulos a las VPO, la obra pública o las ayudas a los promotores, es que cargan contra el gasto público y pueden convertirse en una dificultad presupuestaria añadida. Además, pueden generar, como parte del programa del Gobierno central, riesgo moral, con asistencia a quien más se ha lucrado de las vacas gordas.

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