Las comunidades destinarán al menos 6.000 millones contra la desaceleración
El adelanto de obra pública y el fomento de la VPO serán las estrellas de la inyección fiscal.
Manos a la obra. Por una vez, y quizá sin que sirva de precedente (no hay más que ver el enconamiento de la llamada guerra del agua), la inmensa mayoría de las comunidades autónomas están bregando en la misma dirección para contener en lo posible ya fuerte desaceleración económica que se avecina en el conjunto del país. Dado que, amén de la coyuntura internacional, el principal causante del cambio de ciclo es el declive de la construcción, el grueso de los gobiernos regionales apuesta por adelantar obra púbica y fomentar de uno u otro modo la vivienda de protección oficial.
La cuantificación de los estímulos presupuestarios resulta muy difícil, porque muchos gobiernos no han realizado estimaciones numéricas y en otros casos las medidas se centran en adelantar inversiones que probablemente se realizarían en todo caso en los próximos años. Con todo, sumando 650 millones de euros en Aragón, 900 en Cataluña, 187 en Castilla y León, 68 en Cantabria, 1.575 en Galicia, 1.000 en Baleares, 535 en Murcia, y más de mil en Navarra (prorrateando la inversión para cuatro años), la inversión autonómica superará muy de largo los 6.000 millones, habida cuenta de los proyectos no cuantificados de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o Canarias.
Las comunidades se suman así a los estímulos detallados el viernes por el Consejo de Ministros: una inyección de más de 10.000 millones de euros entre rebajas del IRPF, ayudas a empresas y estímulo de la financiación de VPO, además de un plan de recolocación para trabajadores desempleados.
La Xunta de Galicia ha sido una de las primeras administraciones en anunciar medidas urgentes. Su presidente, Emilio Pérez Touriño, ha avanzado un programa de dinamización de la obra pública por valor de 1.575 millones de euros, dirigido a carreteras, puertos y suelo industrial. El plan incluye además la movilización de medio millón de metros cuadrados de suelo urbanizado para construir 4.000 VPO.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, planteó el miércoles un plan de choque por el que se adelantarán inversiones en obra pública, calculadas en 30.000 millones hasta 2013. La Junta comprará suelo a los promotores, o bien financiará la urbanización de terrenos a cambio de que una parte de ese suelo privado se destine a VPO. Como incentivos fiscales, se aplicarán deducciones en el tramo andaluz del IRPF por la contratación de personas que contribuya a la conciliación laboral y familiar, además de recortes en el impuesto de sucesiones y donaciones.
El Gobierno de Baleares pondrá en marcha medidas por importe total de unos 1.000 millones de euros, destinados a líneas de ayudas a pymes y emprendedores, un plan de VPO y un conjunto de inversiones dirigidas a obra pública por 500 millones de euros.
La Junta de Castilla y León está impulsando la Vivienda de Precio Limitado, una suerte de VPO destinada a familias que el Gobierno espera aprobar este verano, informa Jaume Viñas.
También el Ejecutivo de Murcia ha lanzado la figura similar de Vivienda de Precio Limitado. Además, el Gobierno murciano ha propuesto adelantos de inversiones en obras públicas por más de 535 millones, que se sumarán al presupuesto ordinario.
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció el jueves la creación de un nuevo tipo de viviendas, de iniciativa público-privada (VPP) que serán construidas por promotores particulares pero con financiación pública en la construcción. Además, el Gobierno manchego garantizará la existencia de compradores desde el inicio de la obra.
La semana pasada, el Gobierno de Canarias anunció un plan centrado en medidas fiscales. La estrella será el aumento de la deducción en el tramo autonómico del IRPF de hasta 100 euros por compra de vivienda, aunque se incluye una reducción del 7,5% anual hasta 2012 en el impuesto sobre combustibles a los sectores de transporte, agricultura y pesca.
El Gobierno de Asturias vio rechazados sus presupuestos para 2008, que incluían un aumento de 500 euros los 2.500 del llamado cheque bebé estatal y supresión del impuesto de sucesiones. Prorrogadas las cuentas del año pasado, el Ejecutivo espera aprobar en breve un crédito extraordinario para implantar esas medidas.
En Cantabria, se destinarán 68 millones de euros adicionales a lo presupuestado a infraestructuras de carretera, y se agilizará la ejecución de los 600 millones incluidos en los presupuestos como inversión directa.
MADRID: Impulso fiscal, ya incluido en los presupuestos
La Comunidad de Madrid no ha anunciado en las últimas semanas medidas específicas para paliar la desaceleración. Desde el departamento de Hacienda sostienen que la elaboración de los presupuestos regionales para este año (¢los que menos crecieron entre las comunidades¢) ya se tuvieron en cuenta los síntomas de debilidad en diversos indicadores, de modo que se ajustaron al máximo las cuentas a los ingresos previstos. Como impulso fiscal se planteó la progresiva presión del impuesto sobre el patrimonio, además de la reducción en un punto del tramo autonómico del IRPF.Respecto al ámbito inmobiliario, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha elevado los módulos aplicados por los promotores de vivienda de protección oficial. El Ejecutivo regional también incluye el plan de liberalización de horarios comerciales como incentivo de la competitividad, lo que repercutiría a su vez en la actividad regional.
NAVARRA: Acuerdo político para invertir en infraestructuras
La receta de Navarra para capear la crisis tiene también como eje fundamental las infraestructuras. El presidente de la comunidad, Miguel Sanz, acaba de firmar con el PSN el acuerdo de desarrollo del Plan Navarra 2012, que contempla inversiones en infraestructuras públicas por valor de 4.508 millones de euros. Sólo 1.144 de ellos se incluirán en los presupuestos ordinarios de la Comunidad Foral, de modo que la inversión externa a los mismos asciende a 3.364, en lo que el Gobierno califica como ¢el mayor esfuerzo inversor de la historia de la Comunidad¢.De los 4.508 millones de inversión, 1.948 serán financiados por el Gobierno de Navarra, 1.349, por las sociedades públicas y 1.211 en cooperación Navarra-Estado. Además de la dotación de capital físico, los firmantes señalan entre los objetivos principales, ¢contribuir a paliar la desaceleración económica y generar confianza en los agentes sociales y económicos y en los ciudadanos¢.
ARAGâN: 1.500 kilómetros de carreteras por acondicionar
Aragón fue la comunidad que más creció el año pasado y su Gobierno confía en cerrar éste con el alza del PIB del 3%, gracias al impulso de la Expo de Zaragoza. Con todo, el Ejecutivo regional trabaja en tres ámbitos para afrontar la desaceleración: carreteras, vivienda y empleo.Hay un proyecto de mejora de acondicionamiento de 1.500 kilómetros de carreteras por valor de 650 illones de euros. El Gobierno de Aragón contempla también la construcción en esta legislatura de 15.000 viviendas de protección oficial, 2.000 de ellas para alquiler. Ante la crisis del sector de la construcción, el Ejecutivo tiene previsto aprobar en breve un decreto por el cual las casas libres que no se vendan podrían convertirse en viviendas de protección oficial. Por último, el Instituto Aragonés de Empleo está elaborando un plan para reciclar y formar a los trabajadores que sufran el recorte previsto en el sector de la construcción, que será presentado en dos meses.
PAÍS VASCO: Deflactación del IRPF y menos retenciones
En Euskadi, donde las haciendas vascas tienen plena competencia fiscal, las instituciones forales han apostado por rebajar el IRPF, para intentar animar el consumo de los vascos, afectados por el parón de la economía, el alto endeudamiento familiar y por un IPC disparado. Así, las diputaciones tienen previsto aprobar en mayo una reducción fiscal cuyos efectos serán similares al cheque de 400 euros anunciado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, informa Javier Vadillo.La idea de los entes forales es la de actualizar la tabla de tarifas que se aplican según los ingresos de ada contribuyente, en base al IPC del 4,2% registrado en 2007. Esa deflactación iría acompañada or una bajada de las retenciones por IRPF, que sería más alta para los contribuyentes con rentas más bajas. Según este planteamiento, estas medidas comenzarían a notarse en las nóminas y en los ingresos de los autónomos en junio próximo.
Cataluña utilizará fondos previstos en el Estatuto
T. Garganté BarcelonaEl consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, ha presentado un paquete con 42 medidas para reactivar la economía. Las principales se centran en acelerar la licitación de obra pública y en ayudas para la construcción de VPO. El impacto de estos incentivos alcanza los 2.700 millones, de los que 1.800 ya estaban presupuestados. Las principales medidas persiguen anticipar diversos ejes viarios incluidos en los planes de las empresas públicas de la Generalitat Gisa y Tabasa, y la reprogramación de licitaciones en obras de urbanización y construcción de viviendas.Una de las iniciativasmás novedosas supone que el organismo público Incasol facilitará a las empresas el acceso al suelo de su propiedad a través de un derecho de superficie.La empresa pagará una cuota mensual con opción de compra del suelo al final del periodo. Además, La Generalitat agilizará el desarrollo de zonas residenciales en 86 municipios, donde se construirán 90.157 viviendas en cuatro años, lamitad VPO.El paquete de medidas contempla un aumento de 1,5 puntos en la deducción de los gastos en la rehabilitación de la primera vivienda en el IRPF. Paralelamente, el departamento de Economía analizará una posible reducción de la tributación de las operaciones de aumento de capital con cargo a reservas en la modalidad de operaciones societarias del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, y estudiará la implantación e incentivos fiscales para las empresas de sectores de alto valor añadido que entren a cotizar en elMercado Alternativo Bursátil.La inversión de las administraciones públicas superará los 12.800 millones en 2008, un 12% más que el año pasado. De ellos, 4.506 serán financiados por el Estado central por el acuerdo del Estatuto catalán; la Generalitat pondrá 5.906, y los entes locales, 2.400 millones.Camps echa la culpa a MoncloaPese a que en los últimos años la construcción ha sido el motor de la economía valenciana, el parón del sector no parece preocupar a la Generalitat Valenciana, que no ha tomado ninguna medida excepcional y que, en todo caso, le echa la culpa al Gobierno central, informa Joaquím Clemente.El pasado jueves, en una sesión de control de las Cortes Valencianas, el grupo socialista preguntó al presidente Francisco Camps qué medidas piensa tomar para paliar la desaceleración.Camps eludió cualquier responsabilidad y achacó culpas a Moncloa: ¢Con las líneas de trabajo que hemos llevado estos años podemos capear mucho mejor esta situación económica tan complicada, que tiene como actor necesario al mal Gobierno de España¢, dijo Camps. A su juicio, las políticas de ¢equilibrio presupuestario, rebaja de impuestos e impulso a grandes eventos¢, es suficiente para mantener el crecimiento.Sin embargo, reclamó a Zapatero ¢más infraestructuras, el reconocimiento del millón más de habitantes y el trasvase¢. Camps llegó a insinuar que la culpa de la subida del precio del dinero es del Gobierno central.