Horarios comerciales y libertad
La semana pasada, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid anunció la próxima tramitación de una Ley de Modernización Comercial, cuya medida estrella consiste en establecer -sin límite ni restricción alguna- la libertad absoluta para los horarios del comercio.
Con la medida enunciada la Comunidad de Madrid vuelve a situarse, una vez más, en la vanguardia de los Gobiernos autonómicos en orden a aplicar reformas estructurales de carácter liberalizador.
Las reducciones fiscales son un buen ejemplo -rebajas en algunos impuestos; supresión de otros, como el de sucesiones entre padres e hijos-. Simultáneamente a las reformas, el Gobierno regional realiza un empleo eficaz del gasto público, priorizando en su destino la mejora de las infraestructuras y el aumento de las instalaciones para servicios, lo que está proporcionando mejoras significativas en la red de comunicaciones -carreteras y cercanías-, y en determinadas dotaciones -escolares, sanitarias -.
Limitar las horas hábiles del comercio frena la expansión del sector y dificulta que las grandes superficies aporten todo su potencial innovador
En su conjunto, las reformas estructurales y las diversas políticas sectoriales aplicadas en Madrid configuran una acción de gobierno reformista de corte liberal en lo económico, orientación que, de modo evidente, está demostrando empíricamente su eficacia. No es la casualidad, sino la citada acción de su Gobierno autonómico, la causa por la que la economía madrileña es, entre todas las regionales, la que atesora un mayor dinamismo y pujanza -en términos de actividad empresarial, creación de empleo, nivel de renta y bienestar socioeconómico-.
Es conocida la teoría de Engels por la que existiría una tendencia secular tanto del capital como del trabajo a moverse geográficamente en la misma dirección en la que avanza el progreso económico. Pues bien, valga como dato que Madrid es la primera región española receptora tanto en población inmigrante como en inversión exterior.
En el entorno apuntado, la proyectada libertad de horarios comerciales constituye una decisión beneficiosa para la actividad económica del comercio, y además lo es para las dos vertientes del sector: oferta y demanda.
En la óptica de la oferta, la medida viene a eliminar una rigidez -los límites horarios decretados administrativamente- que supone una clara restricción para el desarrollo de la actividad empresarial. Limitar las horas hábiles para el comercio representa un freno a la expansión del sector y adicionalmente dificulta que las grandes superficies -su componente más dinámico- aporten toda su potencialidad de innovación y empleo.
En este sentido, contrasta el proyecto liberalizador de la Comunidad de Madrid con la política fuertemente intervencionista seguida por el Gobierno regional de Cataluña, donde las limitaciones a la instalación de grandes superficies comerciales que se impusieron en la época pujolista son empecinadamente mantenidas por el actual Gobierno tripartito.
A su vez, la medida se aleja de un trasnochado, ineficaz y perjudicial proteccionismo al pequeño comercio. Es cierto que éste se enfrenta a determinados handicaps frente a las grandes superficies, en términos de costes -por los efectos derivados de las respectivas diferencias en los gastos de personal y en el poder de compra-. Pero convengamos que, en sentido inverso, también el pequeño comerciante disfruta de determinadas ventajas comparativas, como son su posible especialización, el conocimiento personal del cliente, la atención individualizada o la integración en la vida vecinal.
Pues bien, al impedir o limitar el ejercicio de la actividad de sus competidores, se aborta el potencial de desarrollo del pequeño comercio, condenándole a una subsistencia asistida y permanentemente dependiente del poder político. Las consideraciones expuestas hacen especialmente interesante el proyecto de la Comunidad de Madrid, que apuesta por favorecer la competitividad del pequeño comercio -entre otras cuestiones, agilizando la tramitación administrativa, como la supresión de la denominada segunda licencia- y por propiciar su modernización -previendo para este objetivo una partida de 45 millones de euros-.
Sin embargo, en mi opinión, la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre es aún más relevante desde la óptica de la demanda del sector. æpermil;sta la componemos los clientes del comercio, es decir, el conjunto de todos los madrileños. Pensemos que la restricción de horarios constituye una evidente incomodidad para la totalidad de los consumidores, que ven limitada la franja horaria disponible para hacer sus compras.
Además, su coincidencia con el horario laboral general convierte la realización de la compra doméstica habitual en una complicada gincana para el consumidor que trabaja. No hay duda de que la libertad de horarios constituye una medida que favorece a la totalidad de la población -todos somos clientes del comercio-, por lo que beneficia a los intereses de la gran mayoría. Puede afirmarse, utilizando al efecto la terminología gaullista, que es claramente positiva en términos de intereses generales. Y eso, en sí mismo, y al margen del resto de cuestiones apuntadas, ya justifica la medida de la Comunidad de Madrid.
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer, ex presidente de la SEPI, presidente de EDG-Escuela de Negocios y consejero de Copisa