Legislación y ejecución, de la mano
La guerra al papel está oficialmente declarada. Esta aseveración es rotunda desde cualquier punto de vista, ya sea partiendo de consideraciones económicas, legislativas, sociales o medioambientales. Los principales agentes están tomando conciencia de ello, si bien es cierto que según su actividad lo justifican con argumentos dispares.
La UE es uno de los máximos adalides de la causa, como demuestra su afán por modernizar y simplificar la legislación existente. De hecho, hace tan sólo unas semanas, la nueva reglamentación de la UE daba forma al Espacio æscaron;nico de Pagos, que supondrá ahorros de hasta 28.000 millones de euros anuales para la economía de la UE.
Otra prueba de ello es el nuevo código aduanero electrónico que elimina por completo el uso del papel y que está llamado a crear un sistema electrónico europeo para el intercambio de datos entre los poderes públicos y las empresas. Según los datos que maneja la Comisión Europea, cuando esté plenamente operativo, el sistema integrado deberá hacer ahorrar a las empresas 2.500 millones de euros anuales.
¿Y en España? Los esfuerzos por parte de la Administración van en esta línea. La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos así lo corrobora. Recientemente ha entrado en vigor la Ley de Contratos del Sector Público que, en buena parte, transpone las nuevas directrices comunitarias. Alguno de los aspectos que refuerzan el frente en la guerra contra el papel es la habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica.
Esta ley indica que 'los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de información deberán poder garantizar de forma razonable, según el estado de la técnica, la integridad de los datos transmitidos'. En este sentido, la norma también exige la autenticación de todos los actos y manifestaciones, tanto en la fase preparatoria como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
Basta una primera lectura para darse cuenta de que, si bien es verdad que la eliminación del papel trae consigo muchas ventajas, tanto administrativas como económicas, no es menos cierto que requiere un esfuerzo adicional de Administración pública para modernizar sus sistemas de información. De otro modo, será imposible no ya almacenar, sino gestionar con eficiencia el volumen de información electrónica que se comenzará a manejar.
Según los últimos datos del Ministerio de Industria en su Informe Reina 2007, el gasto de la Administración del Estado en tecnologías de la información y las comunicaciones se sitúa en 1.545 millones de euros, correspondiendo el 80% a gasto puramente informático. Profundizando en estas cifras, se puede comprobar cómo el gasto en sistemas de almacenamiento apenas alcanza los 26 millones de euros -el 52% de este gasto fue a parar a Trabajo y Asuntos Sociales y a Economía y Hacienda-, mientras que el montante destinado a sistemas de gestión de la información únicamente representa el 10% del gasto total, frente al 15% de la media del mercado.
Estos apuntes únicamente se refieren a la Administración general del Estado pero, ¿qué sucede con las Administraciones regionales y locales? ¿Están preparados estos organismos para hacer frente a la ansiada Administración electrónica? El análisis al respecto es mucho más complejo de lo que pudiera parecer en un principio pues, al fin y al cabo, son los ayuntamientos y los Gobiernos regionales los receptores del mayor número de gestiones con los ciudadanos.
Muchas de sus infraestructuras tecnológicas demandan de manera imperiosa una modernización. Al igual que ha venido sucediendo en las empresas, es una práctica habitual de estas Administraciones haber ido parcheando a medida que surgían necesidades puntuales, sin haber resuelto los problemas con una perspectiva global y de futuro -mucho menos aún con la Administración electrónica en el punto de mira-.
Almacenar la avalancha de datos electrónicos que se avecina no resultará difícil, gestionarlos, en cambio, sí y, de manera eficiente, aún más. Por este motivo, legislación y ejecución deberían ir siempre de la mano, a la misma velocidad. De lo contrario, la puesta en marcha de procesos que inicialmente traerían consigo ahorros de coste y mayor eficiencia y comodidad para el ciudadano tendrán el efecto contrario, empeorando aún más la situación respecto al punto de partida.
Ricardo Maté. Director general de NetApp para España y Portugal