La economía en el debate

Discurso de investidura. El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó ayer en el Congreso de los Diputados su programa para la nueva legislatura. Los autores analizan en estas páginas las medidas económicas y fiscales anunciadas en su intervención en el Parlamento

Se había dicho que en el discurso de investidura se prestaría especial atención a la economía pero sin pretender presentar un plan especial para afrontar la crisis. Al principio del discurso el candidato a la investidura hizo una rápida referencia a la crisis y se enumeraron, de un modo general, distintos aspectos de las políticas económicas y algunas medidas de aplicación inmediata para detener el deterioro económico a corto plazo y para cambiar el modelo de crecimiento a más largo plazo. A continuación el ponente insistió en que en vez de recurrir a recortes sociales, como se suele hacer, para hacer frente a las crisis su Gobierno pretenderá continuar con el progreso social y con este motivo se mencionan una serie de medidas para ampliar los derechos sociales pero con importantes consecuencias para la economía.

Prescindiendo de la estructuración del contenido del discurso, voy a intentar agrupar de un modo sistemático sus aspectos económicos para valorar la aportación que pueden suponer en la situación actual de nuestra economía.

Frente a la caída de la actividad en el sector de la construcción y sus consecuencias inmediatas en el aumento del paro y en la disminución del consumo, la política económica debe intentar buscar actividades alternativas y mantener el poder de compra.

Existe una excesiva confianza en los superávits presupuestarios de los últimos ejercicios

José Luis Rodríguez Zapatero propone acertadamente para ello favorecer a las empresas con la devolución rápida del IVA, reducir un 30% las cargas administrativas de las empresas, continuar con el Plan de Infraestructuras (2005-2012), construir un millón y medio de viviendas de protección oficial en 10 años, facilitando a las empresas que las construyan un aval del ICO que puede llegar a 5.000 millones de euros, un plan de rehabilitación de viviendas y un plan nacional de desarrollo rural sostenible.

Para mantener el poder de compra de los sectores con más dificultades por la crisis, se aprobará lo antes posible la deducción de 400 euros en el IRPF, se elevará el salario mínimo a 800 euros a partir de los 600 actuales, se aumentarán las pensiones mínimas de jubilación y de viudedad, se continuará con el proyecto de la renta de emancipación para los jóvenes y se facilitará sin costes adicionales la prórroga del plazo de pago de las hipotecas.

Todas estas medidas son adecuadas para combatir la desaceleración coyuntural, las dificultades pueden venir, como indicaremos después, de la disponibilidad de los recursos para su financiación.

A medio y largo plazo el candidato a la investidura recuerda las medidas propuestas en el Plan de Dinamización de la Economía, aprobado en febrero del 2005, insistiendo repetidas veces en la importancia del capital humano como fundamento del nuevo modelo de crecimiento y, por tanto, con todo lo relacionado con los planes de mejora en I+D+i y el importante avance que ha supuesto el aumento del gasto presupuestario para estos conceptos.

En contra de lo ocurrido en otras ocasiones, además de algunas referencias a la inflación se indicaron como medidas para frenarla el aumento de la competencia en el sector servicios, sobre todo en transportes y comunicaciones, y conseguir una mayor eficiencia en el sistema energético mediante energías renovables.

Por lo que se refiere a la financiación de estos planes, indiscutiblemente bien orientados para mejorar la competencia de nuestra economía, nos parece que hay una excesiva confianza en los superávits presupuestarios de los últimos ejercicios y que no se tiene en cuenta que el Presupuesto para 2008 se elaboró sobre una previsión del crecimiento del PIB del 3,1%, que está muy por encima del 2,4% que ha calculado el Banco de España y del 1,9% del Servicio de Estudios del BBVA. Esta desaceleración del crecimiento puede provocar una caída fuerte de los ingresos, con lo que se dificultará la realización de muchas de las medidas propuestas, si se quiere mantener, como expresamente se dijo, el equilibrio presupuestario.

Nos parece también importante advertir que para el futuro de nuestra economía puede ser negativa una excesiva intromisión en la gestión empresarial como consecuencia de la aplicación de la Ley de Igualdad en el trabajo, aunque, como se insistió repetidas veces, se quiere recurrir siempre que sea necesario al diálogo social para modernizar las relaciones laborales. Se podría también echar de menos alguna alusión a la independencia que deben tener los órganos reguladores del mercado como una exigencia inexcusable para trasladar a nuestra economía los objetivos de los Acuerdos de Lisboa.

Eugenio M. Recio. Profesor honorario de Esade