Once años de cárcel para Camacho por un agujero de 87,9 millones en Gescartera
La Audiencia Nacional condenó ayer al dueño de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho, a 11 años de prisión por haber desviado fondos de sus clientes por valor de 87,99 millones de euros. La Caixa y Caja Madrid fueron declaradas, entre otras entidades, responsables civiles subsidiarias.
El dueño de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho, salió ayer esposado de la Audiencia Nacional. Allí había escuchado, momentos antes, la sentencia que le ha condenado a once años de prisión por despatrimonializar la sociedad Gescartera, desviando los fondos de sus clientes por valor de 87,99 millones de euros.
Junto a Camacho, que era el accionista principal de la agencia de valores, la sentencia del caso Gescartera conocida ayer condena a otras siete personas implicadas en el escándalo (ver tabla).
Según la sentencia, los condenados 'colaboraron manteniendo una situación aparentemente normalizada, pero que en realidad constituía una mera fachada a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y valores invertidos por los clientes'.
El juez ordenó la entrada de Camacho en la prisión madrileña de Soto del Real, de forma inmediata, como así fue, y sin fianza, 'por un gran riesgo de fuga', a pesar de contar 'con arraigo personal y familiar'. Los cuatro imputados con penas más elevadas fueron también enviados a prisión ayer.
El siguiente paso será ahora hacer frente al pago de los 87,99 millones hurtados a los clientes de Gescartera. La Audiencia Nacional declaró ayer responsables civiles subsidiarios a, entre otros, La Caixa y Caja Madrid Bolsa, por lo que serían estas entidades las que deberían abonar gran parte de pagos.
Qué pagará cada uno
La sentencia no determina las cantidades que tendrá que abonar cada entidad, algo que se hará dentro de unos tres años cuando la sentencia sea firme, después de que el Tribunal Supremo resuelva todos los recursos que puedan presentarse.
De hecho, La Caixa y Caja Madrid Bolsa ya anunciaron ayer que recurrirán la sentencia. La Fiscalía cifró la responsabilidad civil de esta entidad en 26,37 millones, por los delitos cometidos por dos de sus empleados condenados ayer (José Alfonso Castro y Miguel Carlos Prats). El fiscal no fijó cifra alguna para Caja Madrid Bolsa, que previsiblemente debería responder el dinero de los clientes de Gescartera que pasó por esta entidad.
Así, y a falta de que la sentencia sea firme, se ponía punto y final al escándalo financiero que salió a la luz el 14 de junio de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino Gescartera.
La presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, es hermana de Enrique Giménez-Reyna, que en el momento de estallar el escándalo era secretario de Estado de Hacienda. El tribunal recuerda que Pilar 'no era ajena a las actividades irregulares' de la empresa. Pero las responsabilidades políticas se saldaron con las dimisiones de Enrique Giménez-Reyna y de la entonces presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente, y del ex vicepresidente de este organismo supervisor de los mercados, Luis Ramallo.
La Iglesia y la policía, muy afectados
Gescartera Dinero fue creada por Antonio Camacho y su padre, José Camacho, como una sociedad gestora de carteras en 1992. En febrero de 2001 se transformó de sociedad gestora de carteras en agencia de valores.El 90% de la agencia de valores pertenecía al Grupo Gescartera Holding 2000, controlado por Antonio Camacho y el 10% restante a la Fundación ONCE.Así, el grupo gestionaba las carteras de unos 2.000 clientes, en su mayoría pequeños ahorradores, que perdieron su dinero. De entre los afectados destacan una treintena de órdenes religiosas e instituciones ligadas a la Iglesia con un volumen de depósitos de 11,32 millones de euros. Otros clientes que vieron desaparecer importantes sumas de dinero fueron la Mutualidad de la Policía (9 millones); Construcciones Rico (4,8 millones) o la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil (2,4 millones).El agujero de 87,99 millones de euros hurtados a estos clientes podrían ascender a 125 millones si se suman los intereses por los siete años transcurridos desde la intervención de Gescartera; y a alrededor de 150 millones si se suman los intereses de los tres años más que pueden transcurrir hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que se presenten ante la sentencia de ayer.
Cronología
14 de junio de 2001. Ese día la CNMV intervino Gescartera. Un año antes, el organismo regulador de los mercados había multado a Gescartera y sus directivos, al tiempo que cerraban la inspección y aprobaban su conversión en agencia de valores, con la entrada de la ONCE en su accionariado.Julio 2001. El día 16 se detecta un agujero patrimonial de 80 millones de euros. Al día siguiente, Antonio Camacho entra en prisión. El día 20, dimite el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, por ser hermano de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna.Septiembre 2001. El día 17 aparece un dietario de Pilar Giménez-Reyna en el que cita la intervención de la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, las inversiones en 'dinero B' de la Iglesia y la ayuda de su hermano. El día 19, Valiente dimite y la juez ordena el ingreso en prisión de Pilar Giménez-Reyna.Noviembre 2001. El Congreso de los Diputados aprueba, el día 15, gracias al PP, CiU y CC el dictamen de la comisión que exime al Gobierno de responsabilidades políticas. El apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, dice que el dinero de los clientes podría estar en el extranjero.2004. El Banco de España dice, el 11 de febrero, que no hay relación entre las cuentas de Gescartera y las secretas del HSBC y afirma que usaba irregularmente las cuentas de sus clientes. El 2 de julio Camacho sale de la cárcel. El día 16, finaliza la instrucción del caso.2007. La Audiencia Nacional, se inicia el juicio oral del caso el 17 de septiembre. El 3 de diciembre, la Fiscalía pide once años de cárcel para Antonio Camacho, José María Ruiz de la Serna y Aníbal Sardón; y ocho para Pilar Giménez-Reyna. El caso queda visto para sentencia.