Tareas urgentes para una nueva legislatura
Comienza una legislatura que será, a buen seguro, distinta de la anterior. Y no sólo porque el PSOE haya obtenido un mayor respaldo electoral, sino porque las circunstancias políticas han cambiado. El Gobierno no cometerá errores anteriores. El exceso de voluntarismo en las reformas estatutarias y en la negociación con ETA supuso un desgaste estéril. Mariano Rajoy ha obtenido un resultado digno, a pesar de no conseguir su principal objetivo, derrotar a Zapatero. Ha anunciado nuevo equipo y nuevas formas. Ya veremos.
Esperemos, al menos, grandes acuerdos en cuatro materias básicas. Lucha contra el terrorismo, una nueva ley de inmigración que derogue la obsoleta de extranjería actualmente vigente, bases comunes para la política exterior y reactivación económica. En las demás materias, que se peleen todo lo que quieran.
Las urnas han castigado a los nacionalismos. Parece que las reivindicaciones territoriales empiezan a agotar su rédito electoral. Los ciudadanos, preocupados por la economía y el empleo, reclaman gestión y liderazgo. Ya no vale decir que la culpa de todo la tiene Madrid. No es verdad. Algunos Gobiernos nacionalistas han priorizado los debates competenciales a la gestión cotidiana. Y esa postergación ha tenido un alto coste en la calidad de los servicios públicos que prestan. Sus ciudadanos les reclaman atención a sus problemas y menos conflicto con Madrid. El Gobierno disfrutará de una cierta paz territorial que le permitirá centrarse en lo realmente acuciante: acabar con ETA y reactivar nuestra economía. ETA cada vez está más aislada. No se puede aflojar el lazo que la asfixia.
Probablemente, ésta será la legislatura de la economía. El Gobierno será juzgado por el acierto o fracaso en su gestión. Aunque no estemos en crisis, la percepción de la situación económica es francamente mala. El paro se incrementa, el crecimiento se desacelera, la inflación sigue por las nubes, el déficit por cuenta corriente es el mayor del mundo en términos porcentuales
El nuevo Gobierno no puede permanecer impasible, esperando que las cosas se arreglen por sí solas. Tiene herramientas para trabajar. Goza de un importante superávit, que debe emplear en reforzar algunas políticas públicas. Debería anunciar, con carácter de urgencia, un plan de choque en infraestructuras de transportes, telecomunicación, carreteras, aguas y medio ambiente que mejorarían nuestra competitividad, al tiempo que atemperarían la caída de empleo y actividad en la construcción residencial. A principios del verano deberían estar aprobadas las prioridades de inversión, e iniciar su ejecución antes de que el ejercicio finalice.
La inversión también debe servir para cambiar nuestro modelo de crecimiento. La construcción residencial tendrá dos años malos -después se reanimará, pues existe demanda latente-, y el consumo se modera con rapidez. Ya no serán los motores de nuestro crecimiento. Las exportaciones deben crecer, y para ello debemos ser más competitivos. La mejora de la educación, de la formación profesional y continua y el fomento de la investigación deben constituir otro eje de prioridades. La ayuda a la internacionalización de nuestras empresas será del todo necesaria para abrir, aún más, nuestra economía.
Somos dependientes de un petróleo cada vez más caro, que desangra nuestras arcas y contamina nuestros cielos. Debemos llegar todavía más lejos en el desarrollo de energías alternativas que aminoren nuestra dependencia. Nuestra inflación está un punto por encima de la media europea. Ese diferencial reduce nuestra competitividad. El Gobierno debe reformar los mercados para conseguir romper rigideces y garantizar una mejor competencia.
En una sociedad del conocimiento, la industria cultural genera riqueza y empleo. Es preciso su mayor desarrollo en nuestro país, toda vez que la extensión de la lengua española -más de 400 millones de hablantes- nos concede un campo patrimonial extenso y rico. Las políticas sociales también pueden ayudar a la economía. En esta legislatura será imprescindible poner en marcha la Ley de Dependencia, que sufre de una agónica falta de recursos.
Las leyes laborales deben marchar al ritmo de nuestra economía. El diálogo social prometido por el presidente debe dar frutos. Empresarios y sindicatos tienen que remangarse para conseguir reformas que mejoren la productividad de nuestras empresas, al tiempo que garantizan adecuadas condiciones laborales para los trabajadores.
El Gobierno nace fuerte y con las manos libres. Debe acometer estas tareas sin dilación.