Boeing califica de irregular la concesión de los aviones cisterna
Como ya avisó, Boeing presentó en la tarde de ayer un recurso con el que protestaba la reciente concesión del contrato de aviones cisterna que las Fuerzas Armadas de EE UU (USAF) hicieron a favor de Northrop Gruman y EADS. Según la empresa aeronáutica y de defensa, el concurso de este contrato de 40.000 millones de dólares, se convirtió en un proceso 'repleto de irregularidades'.
El recurso, que se ha presentado ante la Government Accountability Office (GAO, el interventor del Gobierno), detalla que las especificaciones originales demandadas para estos aviones se fue perdiendo en el proceso. Así, explican, la USAF pasó de querer un avión de tamaño medio en el que la capacidad de cargo y transporte fuera secundario a demandar 'un avión cisterna de gran tamaño'.
Según Mark McGraw, vicepresidente y gestor del programa de las cisternas, 'los requisitos se cambiaron para acomodar el mayor pero menos capaz avión de Airbus. Los evaluadores arbitrariamente descontaron la competitividad del KC-767 (su proyecto)'. McGraw llegó a decir ayer que con estas decisiones se han comprometido la capacidad operativa del avión.
La empresa presidida por James McNerney, pide a la GAO que examine no solo el presunto cambio de especificaciones sino también el hecho de que la USAF ignorara que Boeing y el equipo de Northrop/EADS obtuvieron calificaciones idénticas en los factores de evaluación.
La USAF dijo, al hacer pública su concesión hace apenas 12 días, que el prototipo de Northrop y EADS era superior al proyecto de Boeing (que no hizo prototipo) en todos los factores de evaluación y que se había hecho un concurso mucho más transparente que en otras ocasiones para evitar recursos. La empresa americana pedía ayer una 'revisión objetiva de estos datos tal y como se pedía en el pliego de propuestas'.
El consorcio euroamericano y la USAF tienen casi un mes para presentar sus alegaciones ante la GAO, una oficina que dictará su opinión en un máximo de 100 días. Este recurso retrasa la entrada en vigor de un contrato que el Pentágono considera vital.