La calidad en todos los servicios básicos, el principal reto
El vuelva usted mañana pasó a la historia. Ahora de lo que se trata es de intensificar los controles de calidad en los servicios públicos.
E s corriente oír quejarse a los máximos responsables públicos de los diferentes ministerios, siempre en voz baja, de la falta de implicación de muchos funcionarios en los objetivos de modernización y mejora de la Administración del Estado. De estas quejas no se salvan ni los jueces, algunos de los cuales todavía presumen de redactar sus sentencias a mano para que luego sean transcritas al ordenador por sus secretarias.
La administración de Justicia es todavía, quizás, una de las más anquilosadas, sobre todo por la falta de medios. Hay también unanimidad en los responsables públicos en que los servicios de Hacienda y de la Seguridad Social son, con bastante diferencia, los que más han puesto al día su relación con el ciudadano y los que más se han esforzado en facilitarle la vida. Las declaraciones del IRPF hace tiempo que se pueden hacer por internet, algo que todavía no es posible cuando se trata de renovar el DNI, prorrogar el permiso de conducir, sacar una partida de nacimiento o, sencillamente, pedir hora en el ambulatorio del barrio.
Visto bueno del Congreso
Con todo, el balance de lo que ha hecho el Gobierno en esta legislatura no es malo, más bien al contrario. Ha puesto en marcha la ley de Agencias que, pese a haber tenido un desarrollo todavía escaso, ha significado un paso importante para que en el futuro pueda garantizarse que los servicios básicos que las administraciones prestan al ciudadano sean de calidad. Esta es, quizás, la principal asignatura pendiente y empezaría a aprobarse si el próximo Gobierno que surja de las elecciones le da a la Agencia de Evaluación y Calidad una mayor autonomía, haciéndola depender del Parlamento y del Tribunal de Cuentas. Es lógico que el trabajo de la Agencia choque en estos primeros meses de funcionamiento con una tendencia de los empleados públicos a mantener su statu quo, asunto del que deberían tomar buena nota los sindicatos más representativos, no tanto para colaborar en el mantenimiento de privilegios injustificables como en trabajar, sobre todo, a favor del ciudadano corriente.
Para la próxima legislatura, queda pendiente también promover un gran proceso de transferencias desde las comunidades a los municipios, como defiende el profesor Subirats, ya que es fácil de entender que buena parte de los servicios considerados básicos pueden gestionarse perfectamente, tal vez con mayor eficacia, desde el poder local. Así lo están demostrando a diario ya numerosos ayuntamientos con los servicios de empleo, en contraste con la ya tradicional ineficacia del Inem.
A medida que los ayuntamientos vayan acogiendo, con la debida cobertura financiera, mayores competencias, la Administración central debería ir recorriendo el trayecto que separa la mera gestión del día a día con una tarea de planificación que acentúe, sobre todo, la mejora de los mecanismos de cooperación con comunidades autónomas y corporaciones locales y promueva una mayor participación de los ciudadanos en el control de los servicios prestados desde ambas instancias.
Los convenios que se están suscribiendo en los últimos meses por el Ministerio de Administraciones Públicas con los distintos gobiernos autonómicos para promover el acceso de los ciudadanos a todo tipo de servicios de forma electrónica son también la punta de lanza de lo que está por llegar, pues contribuirán a reducir la burocracia innecesaria en gran cantidad de trámites administrativos que se antojan, como mínimo, odiosos.