La Administración pública encara su segunda transición

La transparencia, el aumento de la información, la motivación de los empleados públicos y los nuevos traspasos a los ayuntamientos son algunas de las asignaturas pendientes

Las colas que hay que soportar en algunas comisarías para obtener el DNI o el pasaporte deslucen de manera muy gráfica los esfuerzos hechos en esta legislatura desde el Gobierno para modernizar la administración pública y, sobre todo, para hacer la vida más fácil al ciudadano cada vez que tiene que relacionarse con ella. Al ex ministro Jordi Sevilla y su equipo hay que reconocerles la fuerte reducción de la conflictividad planteada entre el Estado y las comunidades autónomas, la efectividad alcanzada en el centenar largo de traspasos de competencias mientras se reformaban media docena de estatutos, los avances conseguidos en la conciliación de la vida laboral y familiar dentro de la administración central, además de las iniciativas legislativas orientadas a reducir la burocracia, mejorar la eficacia de los funcionarios y controlar el resultado de su trabajo. A estos objetivos obedecen la ley de acceso electrónico a los servicios públicos, el Estatuto Básico del empleado público y la ley de Agencias Estatales. La ministra Elena Salgado no ha tenido tiempo material de desarrollar estas iniciativas en toda su dimensión, una circunstancia que permite ya vislumbrar los retos pendientes para la próxima legislatura.

La Ley de Agencias autoriza al Gobierno a la creación de once agencias estatales más. En total, hoy son siete las agencias que han aprobado sus Estatutos: Evaluación y Calidad , Boletín Oficial del Estado, Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Seguridad Aérea, Antidopaje, y Meteorología. La Ley encomienda a la Agencia de Evaluación y Calidad que presente cada año un informe al Congreso de los Diputados, acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales y de sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. Este informe verá la luz por primera vez este mismo año.

Los expertos consideran que es el momento de reforzar el papel de la agencia para conseguir que se extienda la cultura de evaluación de las políticas y los programas públicos y para favorecer el uso racional de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios. Tanto el PSOE como el PP apuestan por ello en sus programas. En el primer caso, se promete reforzar la agencia para cumplir con los objetivos de evaluación de programas públicos y análisis de calidad de los servicios a los ciudadanos. En el segundo, consta el compromiso de 'dotar de contenido a la agencia para que evalúe el coste/beneficio de cada rama de actividad a fin de determinar cuál es el modo más óptimo de la prestación del servicio'.

Gestión de la mitad del PIB

Pese a estas referencias, en opinión de Joan Subirats, director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de Barcelona y profesor de la Universidad Autónoma de esta misma ciudad, 'sorprende que los principales líderes políticos se hayan acordado tan poco en la campaña electoral de la modernización pendiente de la administración pública, a pesar de que casi la mitad del PIB está gestionado por ella'. 'En estos cuatro años', argumenta, 'se ha avanzado en la incorporación de nuevas tecnologías, pero la mayoría de las veces se han solapado con una forma de funcionar todavía muy burocratizada. Hace falta aclarar los niveles de responsabilidad y también los objetivos a perseguir en la gestión administrativa para que todos los empleados los tengan claros. Es obvio que tiene que haber un control estricto sobre los resultados y una mayor transparencia a todos los niveles', abunda.

Para Miguel Sánchez Morón catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares, el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público puede ser una de las palancas principales para facilitar todos estos objetivos. 'Al ser una ley general, abre vías a la modernización de la administración y hay que desarrollarla empezando por la propia Ley de la Función Pública', afirma. El desarrollo de sus aspectos más novedosos pasa por crear un régimen peculiar para los directivos públicos de forma que, además de la relación de confianza, se tenga en cuenta una capacidad reconocida para acceder a un cargo de alta responsabilidad en la Administración. 'En segundo lugar', mantiene este catedrático, 'habría que poner en marcha lo que llamamos la evaluación del desempeño. A los empleados públicos hay que pagarles y darles oportunidades en su carrera en función de lo que hagan y de su eficacia, aunque en este tema seguro que surgirán dificultades con los sindicatos, que no lo ven muy claro', advierte.

En tercer lugar, se trataría de crear mecanismos que incentiven a aquellos profesionales públicos cualificados, para retenerlos en sus empleos. 'Hablo, por ejemplo, del sector de la sanidad o el de los abogados del Estado, que sienten la tentación de pasar al sector privado o de irse de España', añade Sánchez Morón.

Mayor descentralización

A juicio de los expertos, la otra gran reforma pendiente guarda relación con el proceso de descentralización y, en particular, con los traspasos desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos. 'La calidad de vida y la cotidianidad deberían tener respuesta adecuada reforzando los ámbitos territoriales de poder', argumenta Subirats. 'Como estamos en un sistema cada vez más complejo, la mejor forma de responder a esa complejidad es potenciar los sistemas de información para compartir los datos de la realidad. Eso permitirá una discusión eficaz, porque hasta ahora los niveles de información y de transparencia en las administraciones públicas siguen siendo muy bajos', agrega. La política de transparencia de la UE, por ejemplo, hace que se cuelguen todos los informes de la red. Esto todavía es insólito en España, aunque es evidente que en los últimos cuatro años se ha combatido con relativo éxito, sobre todo en el área económica, lo que tradicionalmente se ha conocido como el apagón estadístico.

Programas de los partidos

 

PSOE. Crear una empresa en 24 horas

Más transparencia. El PSOE promete en su programa la elaboración de una ley sobre el derecho al libre acceso de la información que garantice que todos los poderes públicos faciliten en tiempo útil el libre acceso a cualquier documento oficial, con la única excepción de los que atenten contra la legislación de protección de datos. Los socialistas se comprometen también a que todos los ministerios publiquen en internet sus presupuestos desagregados por partidas y a simplificar todos los procedimientos administrativos de forma que se reduzca de forma drástica la espera en la tramitación del DNI, pasaportes, permisos de conducción, de residencia y todos los que hacen más frecuente la relación del ciudadano con las distintas administraciones. La reducción de las cargas administrativas haría que se pueda constituir una empresa en el plazo récord de 24 horas.

PP. Una relación mucho más transparente

La elaboración de una Ley de Igualdad de Derechos de los españoles ante las administraciones es una de las propuestas estrella del PP en este ámbito, formación que se compromete también a redactar un Estatuto de Derechos de los ciudadanos ante la administración y una Carta de Transparencia que permitiría conocer de forma detallada el importe de los impuestos y cotizaciones sociales que aporta cada español al conjunto de las tres administraciones, así como el coste de los principales servicios individualizados que reciben. El PP se compromete también en su programa a crear un sistema unificado de creación de empresas, con el fin de que sea posible en 48 horas.Un expediente único electrónico permitiría a cada sociedad consultar online la situación de todos sus expedientes con cada una de las tres administraciones existentes.

Izquierda Unida. Servicios básicos privados

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, plantea en su programa electoral la renacionalización de todos los servicios públicos esenciales que han sido privatizados en los niveles estatal, autonómico y municipal. Esta iniciativa afectaría, por ejemplo, a los servicios de abastecimiento, saneamiento, transporte público y residuos urbanos.IU propone también que los ciudadanos, a través de las correspondientes asociaciones de todo tipo, puedan participar en los consejos de administración de estas empresas. El programa incorpora el compromiso de crear un ente regulador de estos servicios, cuyo objetivo sería el control de su calidad.

CIU. La justicia como gran prioridad

La modernización de la Justicia en todos sus ámbitos es uno de los principales objetivos de los nacionalistas catalanes, a partir de las nuevas competencias que se derivan de la reforma estatutaria. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tendría que convertirse, en opinión de CiU, en tribunal de primera instancia en todos los procedimientos judiciales que se inicien en Cataluña.Los nacionalistas se comprometen, asimismo, a potenciar los mecanismos de coordinación entre el Estado y la comunidad autónoma y a agilizar el funcionamiento de todos aquellos organismos que propicien una Justicia más ágil y cercana a los ciudadanos.

Desarrollo de la Ley de Agencias

La próxima legislatura será clave para la consolidación de la fórmula organizativa que deriva de la Ley de Agencias. En opinión del presidente de la Agencia de Evaluación y Calidad, Juan Antonio Garde, 'habrá que comprobar si se aplica en la práctica la nueva cultura de gestión y responsabilidad que proclama la Ley'. Después de las elecciones, una vez constituido el nuevo Gobierno, debería ampliarse también el número de agencias, agrega Garde, 'incorporando organizaciones más específicas de servicio al ciudadano'. La aprobación de los primeros contratos de gestión', añade este experto, 'será un momento especialmente decisivo'. Con esta fórmula innovadora, la ley pretende fijar los compromisos que asume cada agencia en la consecución de sus objetivos, los niveles de calidad de los servicios a los que se compromete y los medios humanos materiales y financieros que precisa, asociados al grado de cumplimiento de los objetivos fijados.