El plan de Trabajo para recolocar parados costará 200 millones
El ajuste en el sector de la vivienda, que ha destruido más de 100.000 puestos de trabajo en el último año, sigue perjudicando al empleo. Así el paro registrado aumentó en febrero en 53.406 personas, siendo la primera vez en seis años que el desempleo sube en este mes. Al tiempo, la Seguridad Social ganó 65.179 cotizantes, lo que representa un crecimiento anual del empleo del 1,6%, la mitad que hace un año y el nivel más bajo desde 1996.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, compareció ayer para explicar los últimos datos de empleo y paro de la legislatura y, a pesar de que las cifras siguen reflejando una desaceleración del empleo, según su análisis 'se está frenando la intensidad del ajuste en la construcción y las inmobiliarias'. Es más, aseguró que el incremento del paro se concentró en la primera quincena de febrero y que en marzo 'las cosas van a mejorar aún más'.
Parte de este optimismo radica en que el incremento del número de desempleados en 53.406 personas, hasta sumar 2,3 millones de parados, supone un incremento inferior al registrado en enero (cuando los parados aumentaron en 132.378). Se trata del quinto mes consecutivo de incremento del paro. Todos los sectores vieron crecer el número de desempleados; fundamentalmente los servicios, con 23.760 parados más, y la construcción (12.466).
No obstante, donde mejor se ve el efecto de la crisis de la vivienda es en los datos de afiliación a la Seguridad Social. En febrero, el sistema ganó 65.179 cotizantes, el peor dato en este mes desde 1996. Igualmente, el sistema ganó 304.648 afiliados en los últimos doce meses, lo que supuso un ritmo de crecimiento del empleo del 1,61%, la mitad de lo que avanzaba hace un año, cuando la afiliación crecía a un ritmo anual del 3,5%, con 632.623 empleos más.
El desempleo sube en 53.406 personas en febrero, al tiempo que el sistema gana 65.179 cotizantes
En febrero, la construcción destruyó 13.806 empleos y en los últimos doce meses perdió 104.942 cotizantes. De esta forma, la destrucción de empleo se está cebando con los hombres y en las comunidades que concentran la construcción de segundas viviendas.
Así, en febrero nueve de cada diez nuevos cotizantes a la Seguridad Social fueron mujeres (56.172 frente a 9.007 hombres). La creación de empleo se estancó en la Comunidad Valenciana, con un crecimiento anual del 0,2%; Murcia, 1,2% y Cataluña, 1,4%. No obstante, los responsables de Trabajo insistieron en el buen comportamiento del resto de sectores, sobre todo, resaltaron el incremento del empleo en los servicios (hostelería, educación y servicios sociales), que refleja un 'mercado laboral maduro', según Caldera.
El plan de recolocaciones costará 200 millones
El Gobierno quiere aprobar el viernes, en su último Consejo de Ministros, su anunciado plan de recolocaciones para los trabajadores que se hayan quedado en paro en los últimos meses, sobre todo, por efecto de la crisis de la construcción y las inmobiliarias.No obstante, en el borrador del texto que el Ministerio de Trabajo ha enviado a empresarios y sindicatos, este plan no se limita a los desempleados de la crisis de la vivienda, sino que será para todos los parados.El Gobierno pretende que el plan sea temporal y que se aplique, de momento, durante el año 2008. Y su coste propuesto asciende a 201 millones de euros.Entre las medidas que proponen los responsables de Trabajo está la contratación por parte de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) de 1.500 orientadores profesionales, que se encargarán de elaborar itinerarios personales de búsqueda de empleo para los desempleados. Estos planes individuales incluirán, dependiendo de los casos, cursos formativos de reciclaje profesional.El plan recoge, además, ayudas económicas durante estos periodos formativos pero sólo para casos de graves dificultades familiares o para los más mayores. Junto a estas ayudas habrá otras de acceso a la vivienda para los parados que deban cambiar de lugar de residencia para aceptar un empleo. Dicho esto, el contenido del plan aún debe recibir el visto bueno de los interlocutores sociales y, sobre todo, de las comunidades, que deberán gestionarlo.