Elecciones 2008. Seguridad social

Un sistema de pensiones saneado para encarar un futuro incierto

Se han pactado medidas para garantizar la viabilidad del sistema, pero serán necesarias más reformas.

No es raro escuchar, cuando alguien va al médico del sistema público de sanidad, que 'va a la Seguridad Social'. Sin embargo es un error demasiado común, ya que hoy en día la Seguridad Social es la encargada de gestionar fundamentalmente las pensiones de más de siete millones de españoles, las bajas laborales de los trabajadores y poco más. Para ello, recauda previamente y mes a mes las cotizaciones sociales de casi veinte millones de afiliados al sistema. Pero entre sus competencias ya no está la sanidad española, que ahora gestionan exclusivamente las comunidades autónomas.

El hecho de que las cotizaciones que pagan los empresarios y los trabajadores -que suponen el 95,5% de los ingresos de la Seguridad Social- no financien nunca más el sistema sanitario ha sido la clave de bóveda para sanear las cuentas del sistema. Esto, denominado en el sector, separación de fuentes de financiación, se consiguió en 1997 bajo la gestión del primer gobierno de José María Aznar, pero con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Desde entonces, la Seguridad Social sólo ha dado buenas noticias a la sociedad española, aumentando año a año el volumen de su superávit.

Así, es de justicia reconocer que el Gobierno socialista recibió en marzo de 2004, cuando ganó las elecciones, una Seguridad Social más que saneada. El año anterior, el sistema ya había cerrado con un superávit en sus cuentas equivalente al 1,02% del PIB.

Ahora bien, es de la misma justicia admitir que los gestores socialistas, con Octavio Granado al frente de la secretaría de Estado de la Seguridad Social, no han dilapidado esta herencia. La continua mejora de la creación de empleo en la legislatura ha permitido al sistema incrementar constantemente sus ingresos. De esta forma, la Seguridad Social consiguió el pasado año un fuerte superávit en términos de contabilidad nacional, con unos excedentes de 13.085 millones (lo que equivale al 1,25% del PIB).

Esto ha permitido al Gobierno incrementar las pensiones mínimas en la legislatura una media de entre un 34% y un 26,5% en el periodo 2004-2008 (que se reduce a entre el 17% y 8,6%, por el efecto de la inflación).

Sin embargo, este excelente balance en las cuentas del sistema de pensiones podría verse como un espejismo, si se tiene en cuenta el envejecimiento de la población que se avecina, y que aumentará el gasto en pensiones y disminuirá los ingresos de la Seguridad Social por la baja natalidad.

Conscientes de ello, los responsables del Gobierno negociaron con patronal y sindicatos, al igual que hicieron los anteriores Ejecutivos , nuevas reformas del sistema de pensiones. En esta ocasión, ocurrió lo mismo que en 2001: renunciaron a una reforma en profundidad de la Seguridad Social en aras al acuerdo.

Aunque esta tímida reforma pactó medidas con la misma orientación que las adoptadas en legislaturas anteriores: procurar prolongar la vida laboral de los trabajadores lo máximo posible. Así, los afiliados cotizan más años y cobran pensión durante menos tiempo. Todo para ahorrar dinero a la Seguridad Social y hacerla financieramente viable durante más tiempo.

Para ello, desde el pasado mes de enero se ha endurecido el acceso a la jubilación parcial, creada precisamente en 2001, y que se había convertido en un auténtico coladero del sistema. Los beneficiarios de este modelo de jubilación se retiran en la práctica al cumplir los 61 años (ya que sólo trabajaban el 15% de su jornada, que solía traducirse en dos meses de trabajo al año) y al jubilarse a los 65 años, cobran su pensión sin penalizar, a diferencia de los jubilados anticipadamente de forma forzosa, que sí ven recortada su pensión hasta un 40%.

Nuevas medidas

Por ello, desde enero y de forma progresiva se exige a quien quiera acceder a la jubilación parcial una antigüedad de al menos seis años en la empresa y 30 años de cotización. Asimismo, lo máximo que el trabajador podrá reducir su jornada será un 75% (salvo que al trabajador que releve al jubilado parcial se le haga un contrato fijo, ya que en este caso puede seguir reduciendo la jornada un 85%).

Otra de las medidas acordadas en la legislatura para endurecer el acceso a la jubilación en general es que, a partir de ahora, para calcular la pensión sólo computarán los días efectivos cotizados y no los correspondientes a las pagas extras. Eso significa que hasta ahora se exigían en la práctica 12,5 años cotizados para cobrar la jubilación y ahora harán falta 15 años efectivos de cotización.

Al mismo tiempo, se han establecido incentivos para prolongar la vida laboral. Todo aquel que siga trabajando tras cumplir los 65 años verán incrementada su pensión un 2% anual hasta los 70 años. Y si acreditan 40 años cotizados, este aumento será del 3% al año. Además quienes ya tengan derecho a la pensión máxima recibirán una cuantía adicional en función de los años cotizados, que fijará el Gobierno.

A los empresarios, se les ha aplicado una reducción de las cotizaciones del 40% por sus trabajadores de 59 años.

En espera de que estas medida surtan efecto, los responsables de la Seguridad Social ya esgrimen algún que otro éxito en materia de prolongación de la vida laboral. Por primera vez desde 2002 se han reducido las jubilaciones anticipadas. Y, en 2007 se han retirado entre 30.000 y 40.000 personas menos de las que preveía el Ministerio de Trabajo.

En los últimos cuatro años, se han conseguido otros logros de gestión de la Seguridad Social. El control del gasto en incapacidad temporal (bajas laborales) es, sin duda, del que más orgullosos están los gestores del sistema. Cuando los socialistas desembarcaron en Trabajo se encontraron con un gasto en bajas desbocado, que crecía anualmente un 14%. El pasado año, tras aumentar los controles e incentivar a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas, el gasto en incapacidad temporal ha caído (unos 40 millones de euros menos que en 2006).

Esperando la llegada de los números rojos

Desde hace ya diez años, la Seguridad Social tiene constantes incrementos de su superávit. Por ello y porque todos los Gobiernos desde entonces han alardeado públicamente de estos excedentes, la sociedad podría tener la sensación de pensar que la buena salud de la Seguridad Social es eterna. Y nada más lejano de la realidad.

Las últimas proyecciones que el Ministerio de Trabajo envió a Bruselas hace algo más de dos años indicaban que la Seguridad Social tendría superávit hasta 2015 (siempre que el PIB creciera un 3,3% anual hasta entonces). Desde ese año el crecimiento del PIB se frenaría (al 2,2% anual de media), y el sistema empezaría a registrar números rojos, que hasta 2020, serían compensados por el uso del fondo de reserva de las pensiones. Tras 2020, el déficit del sistema de Seguridad Social quedaría sin red.

Hace algo más de un año el Banco de España explicó que el efecto positivo de la llegada masiva de inmigrantes en los ingresos del sistema retrasarían a 2017 o 2018 su entrada en déficit y más allá del 2020 el uso del fondo de reserva. Los técnicos de Trabajo, que en primavera enviarán nuevas proyecciones a Bruselas, comparten la opinión del Banco de España. Ahora bien, estas previsiones parten de unos cálculos optimistas del crecimiento del PIB y del empleo que, de no cumplirse, darían al traste con ellas.

Intento fallido de invertir en Bolsa

El PSOE no logró el consenso de todos los grupos parlamentarios para aprobar una ley que permitiera invertir en Bolsa parte del fondo de reserva de las pensiones.

El elevado volumen alcanzado por la hucha de las pensiones -51.000 millones de euros frente a los 12.024 millones con los que cerró 2003-, obliga según los técnicos a invertir parte de este dinero en renta variable, ya que está saturando el mercado de la deuda pública, que es el único valor que compra el fondo.

De hecho, los gestores de la Seguridad Social ya invierten la mitad del fondo en deuda pública extranjera (de Francia, Alemania y Holanda) y este año dicha inversión superará el 50%.

Sin embargo, la propuesta de Trabajo de entregar alrededor del 10% del fondo a varios grupos de gestores privados -que se elegirían por concurso público en función del diseño de las carteras que propusieran-, y sobre los que se ejercerían todo tipo de controles, topó con el rechazo frontal del PP en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, todo apunta a que en los próximos años esta hucha pública seguirá engordándose, aunque probablemente a menor ritmo que hasta ahora. Por ello, todos los expertos apuntan a que la gestión privada de parte del fondo será técnicamente inevitable, pese a quien pese.

Programas de los partidos

PSOE. Volver a aumentar las mínimas

La primera medida en materia de Seguridad Social que plantean los socialistas es una nueva subida de las pensiones mínimas, que aumentarán por encima de la inflación, como entre 2004 y 2008. Al igual que los populares, el PSOE propone mejorar las pensiones de viudedad. Si bien precisa que sólo para quienes carezcan de otras rentas o prestaciones diferentes.

Entre las medidas sociales, el PSOE pretende ampliar de dos a cuatro semanas el permiso de paternidad. Y ofrece reducir el periodo de cotización exigido para la prestación de maternidad de 16 semanas a las menores de 31 años.

También plantea un Plan Nacional de envejecimiento activo, para prolongar la vida laboral de los trabajadores. Y hacer compatible el cobro de una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta ajena, siempre que no se supere una cuantía determinada.

PP. El PP subirá la pensión de viudedad

En contra de la tendencia de Europa, donde se están restringiendo las prestaciones de viudedad, el programa electoral del PP propone aumentar la cuantía de esta prestación.

En contraprestación, promoverá mejorar los ingresos de la Seguridad Social creando nuevos incentivos a todos los trabajadores que decidan seguir trabajando después de cumplir los 65 años. Al tiempo, los populares se plantea potenciar las actuales fórmulas de jubilación gradual y flexible. Y tratará de consensuar con el resto de partidos una mejora de la relación entre lo que aportan los trabajadores y la pensión que reciben cuando se jubilan.

En cuanto a la Ley de Dependencia, que ha arrancado en esta legislatura, el PP quiere asegurar su cumplimiento y, sobre todo, garantizar que las prestaciones sean iguales en todas las comunidades.