La posición española sobre Kosovo
El pasado domingo 17 de enero se produjo finalmente la anunciada resolución del Parlamento de Kosovo en virtud de la cual se declaraba unilateralmente la independencia de esta provincia, separándose consiguientemente de la República de Serbia y autoproclamándose Estado independiente.
Asistimos así a la desintegración completa de la antigua República Federal de Yugoslavia como consecuencia de los conflictos bélicos nacionalistas que se iniciaron en la década de los noventa del pasado siglo. Tras la intervención de la OTAN para evitar el conflicto humanitario que se vislumbraba en el horizonte en 1999 y en virtud de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 10 de junio de ese mismo año, se obligó al ejército federal yugoslavo a retirarse de ese territorio que pasó a ser administrado por una misión civil de Naciones Unidas, la Unmik. La seguridad de Kosovo quedó a cargo de una misión militar de la OTAN, la KFOR, una importante fuerza militar de 15.000 efectivos, y en la que participa España con unos 650 militares.
La mencionada resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reafirmaba el principio de la soberanía e integridad territorial de la República federativa de Yugoslavia, principio consagrado en el Acta Final de Helsinki. Además de este principio general, y a diferencia de las nuevas repúblicas que surgieron como consecuencia de la desintegración de Yugoslavia, que según la Constitución federal de 1971 tenían reconocido el derecho de autodeterminación, Kosovo no era una república federada sino una provincia de Serbia.
La UE y España siempre han sido contrarias a la creación de nuevos Estados por motivos puramente étnicos
Por todo ello, la resolución del Parlamento de Kosovo proclamando de forma unilateral la independencia de esta provincia contraviene la ya mencionada resolución del Consejo de Seguridad, que continúa en vigor; la Carta de las Naciones Unidas y el Acta Final de la Conferencia de Helsinki. A diferencia de lo que ocurrió con otras particiones de estados (caso de Checoslovaquia) o aparición de nuevos estados, en este caso no hay ni acuerdo entre las partes, ni Resolución de Naciones Unidas que ampare la decisión.
Además de las razones jurídicas indicadas, esta declaración de independencia es contraria a todo lo sostenido por la comunidad internacional en los Balcanes desde los tristes acontecimientos mencionados de la década de los noventa. La comunidad internacional y la Unión Europea en particular han propiciado la viabilidad de estados multiétnicos y plurirreligiosos como el de Bosnia-Herzegovina. El Acuerdo de paz de Dayton que puso fin al conflicto interétnico de 1992 a 1995 garantizaba la existencia de esta república en la que debían convivir y conviven los serbios de la República Srpska, de religión ortodoxa y los croatas católicos y los bosniacos musulmanes que viven en la Federación croato-bosniaca. Esta convivencia se basa en los valores que defiende Europa de convivencia y respeto mutuo basados en la democracia. La Unión Europea y España siempre han sido contrarias a la creación de nuevos Estados por motivos puramente étnicos, precisamente por ir en contra de la esencia de los valores en los que se fundamentan nuestras sociedades.
España no puede reconocer a Kosovo y no sólo por motivos jurídicos, sino porque el establecimiento sobre bases exclusivamente étnicas es contrario a nuestros principios. Sobre estos argumentos, España presentó, negoció y sacó adelante unas Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE el lunes pasado en la que la decisión de reconocer el nuevo Estado será prerrogativa soberana de cada Estado Miembro, consagrándose así el principio que la Unión Europea carece de competencias en materia de reconocimiento de Estados. El otro elemento destacable del documento aprobado por la UE, es recordar que Kosovo es un caso sui generis no extrapolable a otras situaciones, por la gravedad de los acontecimientos que allí se desarrollaron.
La Unión Europea ha sabido preservar su unidad de acción en los aspectos esenciales de su política hacia los Balcanes Occidentales, política que se fundamenta en el compromiso con la estabilidad de la región y la perspectiva europea de la misma consagrada en la llamada Agenda de Salónica. Ambos aspectos aparecen recogidos en las Conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del lunes.
Finalmente, España ha expresado su firme compromiso con la región y sus habitantes, confirmando su participación en la misión de la OTAN, que tiene una base jurídica clara en la ya mencionada resolución 1244 de las Naciones Unidas, plenamente vigente desde 1999. Esta misión de la OTAN, que cuenta además con una solicitud formal que el Gobierno de Serbia reiteró el pasado mes de diciembre, tiene por objetivo principal garantizar la seguridad de aquellos territorios y sus habitantes, con independencia de la forma que adquiriera el estatuto final de Kosovo. También, y sobre esa misma base, se decidió nuestra participación en la Misión Civil de la UE, aprobada con anterioridad al acto unilateral de la Asamblea de Kosovo, Misión que, conviene recordar, estaba ya prevista como expresión firme del compromiso europeo con la región.
Todo lo anterior es prueba de que la posición española ha sabido combinar adecuadamente los principios fundamentales de nuestro compromiso con esta cuestión: el respeto a la legalidad internacional, incluyendo el respeto a la integridad territorial de los Estados, la estabilidad de la región, y a la unidad de acción de la Unión Europea.
Bernardino León Gross Secretario de Estado de Asuntos Exteriores