Trabajo reconoce que hay en torno a 300.000 inmigrantes irregulares

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, calculó ayer que en estos momentos existen en España menos de 300.000 inmigrantes en situación irregular. Caldera defendió el proceso de regularización desarrollado por el Gobierno y rechazó el contrato de integración propuesto por el PP.

Como ya ocurre a diario en los actos de precampaña electoral, la inmigración se convirtió ayer en uno de los asuntos estrella de la intervención del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en el Foro CincoDías, patrocinado por Banco Madrid y Accenture.

El titular de Trabajo defendió el papel desempeñado por los trabajadores inmigrantes en la economía española. De hecho, recordó que este colectivo asciende a casi tres millones de trabajadores, el 14% del total de ocupados. Además, aseguró que 'han aportado en los últimos cinco años la mitad del crecimiento de la economía y medio punto del superávit de las cuentas públicas'.

Asimismo, defendió que todos los trabajos que ocupan los inmigrantes son complementarios a los de los españoles. A su juicio, 'hay que agradecer a los inmigrantes su participación, trabajo e integración en la sociedad española', en la que han ocupado los puestos que los españoles han dejado vacantes, al progresar hacia empleos de más cualificación profesional y mejor retribuidos. 'En modo alguno disputan el trabajo a los españoles, ni están detrás del aumento del paro', dijo.

A la pregunta de cuántos inmigrantes irregulares existen en la actualidad, Caldera replicó que muchos menos que en 2004 cuando él asumió la cartera de Trabajo. 'Entonces existían al menos un millón de irregulares, que habían entrado siendo el señor Rajoy ministro del Interior', afirmó.

El ministro de Trabajo descartó nuevas regularizaciones masivas y explicó que ante la situación que se encontró el Gobierno al comienzo de esta legislatura lo que se hizo fue llevar a cabo una 'normalización selectiva del mercado laboral'. 'Y se realizó a petición de los empresarios, no de los trabajadores, porque recordemos que sólo se concedió permiso de residencia a quien su empresario lo pidió', dijo.

En la actualidad, 'prácticamente todos aquellos que fueron regularizados continúan trabajando', añadió.

Ahora, 'con mecanismos como el reempadronamiento cada dos años podemos controlar quién sigue y quién no y las cifras apuntan a que entre el 10% y el 15% se marchan y no lo notifica', añadió el ministro.

'De los 500.000 inmigrantes que puede haber sin regularizar, habría que restar a los ciudadanos comunitarios, a quienes se encuentran en trámite de renovación y a los estudiantes, por lo que no llegan a 300.000 los irregulares actuales', explicó.

En este sentido, reiteró sus críticas a la intención del PP de imponer a este colectivo la firma de un contrato de integración si quieren permanecer en España. '¿Qué son los usos y costumbres españolas?, ¿Quién es el encargado de definirlos?, ¿Son obligatorios en España? Se supone que los usos y costumbres españoles no tienen valor legal', se preguntó el ministro.

Caldera calificó de error este tipo de propuestas, ya que en su opinión pueden generar 'severas distorsiones en la convivencia. No sé si eso es lo que quiere la derecha, puede ser que sí'.

En lo referente a si están o no integrados los trabajadores inmigrantes, el ministro de Trabajo fue explícito. 'Para integrarse ya disponemos de la ley y la Constitución, no necesitamos nada más. Parece que hay políticos que en lugar de poner soluciones a los problemas, ponen problemas a las soluciones', concluyó.