Competencia investiga un posible cártel en la gestión de residuos
El sector español de la gestión de residuos está bajo sospecha por supuestas prácticas contra la competencia. Inspectores de la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) encabezaron ayer un registro en dos 'de las principales empresas españolas de gestión de residuos', según reconoce el organismo.
Competencia habla de un paso 'preliminar' y aclara que la búsqueda en determinadas compañías no supone su culpabilidad. 'En caso de acreditarse algún indicio, se procedería a la incoación formal del expediente sancionador'. El nombre de las entidades que fueron obligadas a abrir ayer su contabilidad a los inspectores quedó en el anonimato.
Altos directivos del sector consultados por este periódico no salían ayer de su asombro: 'Estamos trabajando en uno de los negocios más competitivos del mercado español, hasta para pequeños contratos suele haber más de una decena de ofertas', cita el responsable de uno de los grandes protagonistas en este terreno. Otra fuente dijo que suele ser extraño ver grandes empresas consorciadas en los concursos: 'No nos entendemos, va a ser muy difícil probar prácticas de cártel'.
El grupo FCC es, por tradición, el gigante a batir. ACS, a través de su filial Urbaser; Sacyr, tras la compra de Sufi; Ferrovial, con Ferrovial Servicios; Befesa, o el Grupo Tradebe, son algunas de las que recortan distancia en los últimos años. Distintos informes afirman que alrededor del 70% del mercado se encuentra en manos de cinco grandes grupos.
La Comisión Nacional de Competencia asegura que el rastreo de un posible cártel en el sector de la gestión de residuos no responde a un programa de clemencia, por el que una empresa participante en esa concertación de intereses denuncia y aporta documentación, suficiente para demostrar la infracción, viéndose eximida de las pertinentes sanciones.
l La facultad de la Comisión Nacional de Competencia de llamar a la puerta de una empresa y revisar hasta sus cimientos está recogida en la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2003, de 3 de julio). El objetivo, mantener a raya a los cárteles.