Subastas tributarias

Las reformas fiscales se convierten cada año electoral en un reclamo, lo que no significa, según el autor, que se realice un debate sosegado de qué modelo tributario se necesita en España. Igualmente, critica que ni siquiera se desvele el coste real de las distintas propuestas

Desde hace una década o más, cada vez que se acercan las elecciones, las formaciones políticas nos saturan con un sinfín de promesas electorales tributarias, mejor dicho, nos envían flashes de variopintas rebajas de impuestos.

Desde luego, la política tributaria hoy en día es uno de los pocos instrumentos inmediatos de que disponen los Gobiernos de los Estados miembros de la UE para hacer política económica al estar, como es sabido, las principales decisiones de política monetaria en manos del Banco Central Europeo (BCE). Reconociendo este hecho, no deja de sorprender el hincapié que se hace en las rebajas impositivas, en concreto en las del IRPF, haciendo de este tributo un campo de pruebas de lo que podríamos denominar 'marketing fiscal'. Así últimamente hemos oído que si ganase un grupo sacaría del IRPF a equis contribuyentes, con un fuerte ahorro para todos, y que si ganase el otro podríamos deducirnos unos euros. Lo habitual es que las medidas no se concreten, por lo menos en un primer momento no sabemos si porque el anuncio se hace como un sondeo y la iniciativa se acaba de moldear según la reacción ciudadana, a modo de algunos guiones de series televisivas, o porque, en realidad, no se tienen claras. Tampoco se cuantifica el efecto, o se hace vagamente, supongo que para no dar pistas al contrario, seguramente para que no proponga algo parecido.

La sensación que se transmite a los ciudadanos a veces es tildada de poco seria. Los que manejamos estas cuestiones en el ejercicio profesional coincidimos plenamente con este parecer y pensamos que es una lástima, ya que el debate tiene enjundia y bien planteado sería edificante para todos.

En primer lugar, las diferentes opciones políticas deberían explicar cuál es el importe de gastos del Estado que necesitan y desean para desarrollar las competencias de las diferentes áreas de gobierno.

En segundo lugar, en función de la coyuntura económica se argumentaría el objetivo de equilibrio, superávit o déficit. Por ejemplo, en este momento podría tener sentido incurrir en números rojos, después de años de sanear las cuentas públicas, con el objetivo de relanzar la economía. Al contrario, y también es una postura muy sensata, habrá quienes quieran perseverar en el superávit, bajando o no impuestos, con un deslizamiento equivalente en el gasto, si piensan que el excedente hay que utilizarlo, por ejemplo, para que en un futuro podamos mantener el sistema público de pensiones. Son diferentes alternativas, todas defendibles, pero no nos deben hurtar el debate sobre ellas.

En tercer lugar, fijado el nivel de ingresos habrá que debatir de qué tributos se obtienen, proponiendo un sistema tributario en el que las diferentes figuras impositivas cumplen cada una su función, encajan y forman un todo que se complementa. Se debería presentar un modelo coherente y articulado en el que no se puede olvidar que los impuestos tienen un comportamiento dinámico.

Llegados a ese punto, y cuantificada la incidencia de cada cambio, podremos debatir con conocimiento de causa, y seguro que nos interesa a todos conocer, por poner un ejemplo, cómo se diseña la nueva financiación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales de lo que, hasta ahora, casi no se ha oído hablar.

Por otra parte, como todos sabemos, los agentes económicos prefieren la estabilidad y la seguridad. Salvo que sea necesario en momentos puntuales, no conviene hacer cambios en la tributación y menos que éstos sean bruscos. Estamos ahítos de ver que el IRPF se modifica entero cada cuatro años, las más de las veces con dudosas mejoras, en lugar de retocar elementos tan transparentes como la tarifa o determinados parámetros como deducciones o mínimos personales. Esa vorágine normativa desorienta al contribuyente en sus decisiones de inversión o ahorro a medio y largo plazo y multiplica los problemas de seguridad jurídica. Cuando la doctrina clarifica un determinado precepto conflictivo, éste ya ha cambiado. Si alguien de los que lee esta tribuna maneja jurisprudencia comprenderá fácilmente lo que digo: la mayor parte de las sentencias giran en torno a normas que ya no están vigentes.

Para terminar, y dicho que no me gusta la forma en la que se están planteando las propuestas fiscales antes de las elecciones, también afirmo que me entristece la forma en que se critican. Es desolador que buena parte de los comentaristas hayan juzgado de manera feroz las propuestas, según de qué color provengan, sin conocerlas en profundidad, con argumentos falaces y retorciendo los números para forzar un titular. No es bueno que el debate técnico, ciertamente con un trasfondo político, ya que políticamente no es inocua una tarifa, una reducción o una deducción, se traslade a las trincheras partidistas como han migrado hasta allí otros temas de debate comprensiblemente viscerales.

Jesús Sanmartín Mariñas. Presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF)