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Energía

Pedro Rivero pide 'reciprocidad' ante una operación francesa sobre la eléctrica

El presidente de Unesa, Pedro Rivero, aseguró ayer que la posible entrada del grupo energético francés EDF en Iberdrola es una muestra de que no existe reciprocidad en la Unión Europea y de que las empresas españolas no tienen tanta facilidad para crecer en la región, informa Europa Press.

En declaraciones a un grupo de periodistas tras un coloquio organizado por Fax Press, el presidente de la patronal eléctrica dijo 'entender perfectamente' que una empresa como EDF 'tenga interés por Iberdrola, porque es una empresa magnífica'. También consideró lógico 'que los grandes grupos existentes ya en Europa quieran expandirse preparándose para el mercado interior' comunitario.

No obstante, Pedro Rivero cree que, llegado el momento, debería existir 'la posibilidad complementaria', esto es, de que 'alguien pudiera venir aquí y las empresas españolas puedan ir allí'. Preguntado sobre si existe reciprocidad, afirmó: 'Es evidente que no', ya que 'uno es capital público y otro, privado'. EDF está controlado en un 85% por el Estado francés.

El presidente de Unesa señaló que la patronal eléctrica ha reclamado a la Comisión Europea en varias ocasiones que haya 'libre circulación en un sentido y en otro'. 'Bruselas tiene sus razones que yo no comparto' al no limitar la actividad de empresas con capital público en el mercado comunitario, añadió.

Por otra parte, en el mismo foro, la presidenta de la CNE, Maite Costa, aseguró que una hipotética entrada de EDF en el capital de la eléctrica española a través de una participación significativa 'se verá' en el caso de producirse. La operación u operaciones que se deriven del primer movimiento del grupo francés 'requiere un largo expediente y unos cálculos que abarcan desde temas financieros hasta temas de garantía de suministro'.

En el momento en el que EDF superase el 2,99% que tiene en derivados, la francesa tendría que pedir autorización al Gobierno por la llamada ley Rato, por tratarse de una empresa pública. Por encima del 10%, necesitaría el beneplácito de la CNE, que analizaría la operación por la llamada función 14.

A partir de ahí, si se produce más de una operación en lo que algunos consideran 'una reordenación del sector', al regulador energético no le faltaría trabajo.

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