Las ETT gestionan ocho de cada diez contratos temporales de la industria
Las grandes empresas de trabajo temporal (ETT) quieren que la ley les permita intermediar también en el empleo fijo, para poder llevar a cabo procesos de formación y selección de empleo estable para sus compañías clientes.
De momento, no lo han conseguido. La patronal de estas grandes ETT (Agett) ha negociado durante toda esta legislatura con el Ministerio de Trabajo para tratar de modificar la ley de forma que puedan convertirse en agencias globales. Sin embargo, la presión sindical que apuesta por los servicios públicos de empleo para esta intermediación ha impedido esta modificación legal.
Aún así, Agett sigue ofreciendo argumentos para mostrar la eficacia de las ETT frente a los servicios públicos de empleo, que apenas llegan a gestionar el 15% de las ofertas de puestos de trabajo.
Según los datos de esta patronal facilitados ayer, ocho de cada diez contratos temporales que se registran en el sector de la industria han sido gestionados a través de una ETT. Si bien es cierto que la industria es el sector español con menos temporalidad (22,6% frente al 30,9% de media nacional).
En cualquier caso, Agett recuerda que las empresas industriales recurran a las ETT dos de cada tres veces que hacen un contrato temporal, mientras que en términos generales sólo el 16% de todos los contratos eventuales que se hacen en el mercado.
Según los argumentos de esta patronal -incluida en CEOE- la menor temporalidad de la industria contribuye a que la tasa estatal no sea aún mayor. Y, además, asegura que el volumen de conversiones de temporales en fijos en el sector industrial (15,4% de los contratos eventuales se transforma en indefinido) es mayor al de los servicios (6,8% y triplica al de la construcción (5,5%).
Tras la industria, los servicios son el siguiente sector con más presencia de ETT, donde intermedian en el 14% de las ofertas. Este es el segundo sector con menos temporalidad, con una tasa del 27%, de ahí que las grandes ETT recuerden otra de sus reivindicaciones: poder intervenir también en el sector de la construcción y en el de las administraciones públicas, ya que la ley les impide operar en ambos.