La CNE condona la deuda histórica que reclamaba a Enagás
La Comisión de la Energía ha decidido condonar a Enagás la deuda histórica que le reclamaba por 31 millones y que le había valido salvedades del auditor en las cuentas de 2005 y 2006. En contra del criterio mantenido hasta ahora, la CNE sólo liquidará a Enagás dos millones y el resto de la deuda engrosará el déficit de tarifa del gas que pagará el consumidor.
El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía que se celebró el pasado 18 de diciembre aprobó por mayoría (ocho contra uno) un cambio de criterio en la reclamación a Enagás de dos partidas pendientes de liquidación desde el año 2002 por 31 millones de euros. Dicha deuda del sistema gasístico, que el regulador consideraba que debía ser cobrada a Enagás, le había valido a ésta sendas salvedades en las cuentas de los ejercicios de 2005 y 2006 por parte de su auditor, Deloitte.
Tal como confirman en el gestor técnico del sistema, su presidente, Antonio Llardén, ha comunicado a su equipo directivo que el conflicto se ha resuelto a favor de la compañía, que sólo está ya a la espera de que la condonación se resuelva en la próxima liquidación que el regulador energético aprobará en breve. De la deuda reclamada durante tantos años, Enagás sólo deberá pagar dosmillones, según decisión del consejo de la CNE.
Sin embargo, el agujero no ha desaparecido y deberá cubrirlo el sistema. En otras palabras, los 29 millones que quedan por liquidar irán a engrosar el déficit de tarifa del gas, que ascendió a 161,94 millones en 2007, según las estimaciones de la Comisión, y a los que hay que sumar los 80,8 millones registrados en el año precedente.
Además, las reglas imponen que, a diferencia del déficit de la tarifa eléctrica el del gas se cobre en el plazo máximo de dos años.
La primera partida reclamada (16,5 millones de euros) se refería a la reserva de capacidad de transporte ¢con incrementos progresivos¢ de las centrales de ciclo combinado que comenzaron a funcionar en 2002. Se trataba de un derecho de reserva de gas en los inicios del funcionamiento de las plantas y que, al estar bloqueado su uso para otras instalaciones, el regulador siempre había entendido que debía descontarse a Enagás, se usara o no dicho gas. En este caso, la compañía había alealegado que en ese año existía un vacío legal, ya que las normas técnicas del sistema se aprobaron con posterioridad, en 2005.
En lo que respecta a la segunda partida, 16,5 millones, se trataba de ¢ingresos liquidables adicionales¢ que fueron descubiertos ya avanzado el proceso de inspección, y se referían al servicio de transporte prestado por Enagás a Transgas (el gasoducto portugués), por el que aquélla no cobró peaje al gas que transitó hacia el país vecino.
En ambos casos, sobre los que la CNE se había pronunciado reiteradas veces en el mismo sentido, su consejo ha cambiado de criterio al considerar que ya no se le debe liquidar dicha cantidad a la compañía que preside desde hace casi un año Antonio Llardén. En esta ocasión, el consejo se ha apoyado en un informe de su dirección general de inspección.
El proceso había requerido multitud de inspecciones por parte de la CNE y se había prolongado durante varios años por las alegaciones y recursos presentados por Enagás. El último, ante Industria, se resolvió el pasado 18 de julio y, aunque el ministerio no entró en el fondo de la cuestión, consideró que las inspecciones sobre las liquidaciones de la CNE habían prescrito, según la ley de procedimiento administrativo.
Pero, además de que dicha caducidad era legalmente discutible, según los servicios jurídicos del regulador, la resolución de Industria, en opinión de éstos, no afectaba a la potestad de la Comisión de proceder a las liquidaciones, ya que las inspecciones no son obligatorias. En la compañía expresan su satisfacción por el fin de la disputa, pero consideran que la solución no se formalizará hasta que se cierre la liquidación.
Fuentes próximas a Enagás consideran que ¢el proceso fue un lío jurídico desde el principio¢ y ello ha desembocado en una difícil solución.
Un conflicto que se cierra en falso
El embrollo de la deuda de Enagás se remonta al año 2002. En junio de 2003, la CNE abrió una inspección para liquidar la facturación del año anterior que había dejado pendiente el Gobierno (entonces del Partido Popular). Ya en 2005, la Comisión levantó acta de dichas investigaciones (que incluía, entre otras, una auditoría) y al año siguiente dictó una resolución en la que determinaba que había que cargar a Enagás 31 millones de euros.El proceso, que se dilataba una y otra vez por las alegaciones de la compañía, volvió a paralizarse, cuando Enagás presentó un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, que el pasado mes de julio determinó que las inspecciones habían caducado. Por tanto, la resolución de la CNE era nula por la prescripción del procedimiento.Todo quedaba, sin embargo, en manos del consejo de la CNE, que ha optado por dar carpetazo a un asunto que podía enquistarse, aunque pagando el precio de la contradicción. Si el regulador se hubiera mantenido en su decisión de cargar dicha cantidad a la compañía que preside Antonio Llardén, ésta tenía aún la opción de presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.Mientras tanto, las salvedades en las cuentas de la sociedad (Enagás ganó en 2006 854 millones de euros) se habrían mantenido sine die. Ahora, queda la duda en el sector si esta solución es un mal precedente para otros conflictos.