'Whisful thinking'
El comienzo de un nuevo año es siempre ocasión para formular buenos propósitos y pedir a los munificentes Reyes Magos aquello que difícilmente conseguiríamos por nuestros propios medios o cuyo logro exigiría un esfuerzo que nos sentimos incapaces de realizar. Así pues, voy a resumir mi lista de deseos para el año que comienza, confiando en que la benevolencia del lector le impida considerarme un ingenuo sin remedio y advirtiendo de antemano que la totalidad de esas peticiones son de naturaleza pública porque las privadas no le interesan a nadie.
La primera petición es que nuestros representantes políticos nos respeten y, dándose cuenta de la naturaleza de esa representación, nos informen siempre verazmente de la naturaleza de los asuntos públicos, no hurtando jamás información relevante alguna. A ello añado que a la hora de decidir respecto a aquéllos prime siempre en ellos el interés de todos y no la satisfacción de grupos concretos cuyo apoyo les resulte beneficioso por una u otra razón -el caso del atraco digital es un reciente ejemplo-.
Una tercera petición sería la de que sea cual sea la composición del futuro Parlamento, sus dirigentes acepten llevar a cabo las reformas básicas para revitalizar la representatividad de dicho órgano. Por ejemplo, reformando la ley electoral al objeto de que quienes estén en él reproduzcan de una forma proporcionada su auténtico peso político en el conjunto de España y, además, que los votantes podamos expresar nuestras preferencias personales en lugar de limitarnos pasivamente a elegir a quienes no conocemos o nos desagradan.
Sería igualmente muy conveniente que existiese una genuina separación de poderes, de forma que el Poder Judicial, empezando por sus más altos órganos -el Tribunal Constitucional, el consejo rector de los jueces o el Tribunal de Cuentas- dejasen de ser correa de transmisión de directrices políticas. ¡Y de paso, que los jueces -o al menos algunos de ellos- hiciesen voto de silencio y no concediesen entrevistas a los medios de comunicación o actuasen como presentadores de los políticos en actos públicos, limitándose a hacer cumplir la ley, pues para aduladores basta la multitud de escritores y columnistas que se autoproclaman 'críticos del poder'!
Una quinta petición consistiría que los medios de comunicación en general, y en especial aquellos cuya audiencia es mayor, se juramentasen para limitar su papel a informar y no a apoyar abiertamente determinadas opciones políticas.
Difícil me parece pero aspiraría también a que el partido vencedor en la elecciones de marzo y aquel a quien toque ejercer la oposición consulten directa y razonadamente a los ciudadanos de todo el país si desean seguir siendo una nación o prefieren convertirse en un conglomerado de pequeños Estados a la yugoslava. Someter a referendo una ley parecida a la existente en Canadá sobre esa cuestión sería no sólo saludable sino urgente, pues permitiría a todos los españoles decidir cuál es el límite de su paciencia ante los cada vez más frecuentes desplantes chantajistas de ciertos grupos secesionistas.
Íntimamente unida a estas ambas peticiones va la de que esos dos partidos se pongan de acuerdo en que la mejor solución para acabar con el terrorismo reside en erradicar definitivamente a ETA, y se persuadan, como la experiencia ha mostrado reiteradamente, que lograrlo no es imposible.
Persisten cuestiones graves, aun cuando no tan vistosas como algunas resueltas en la acaba legislatura, cuya solución es imperativo emprender: seguridad ciudadana, educación, apoyo a la investigación y al fomento tecnológico, inmigración o posición del Estado ante las religiones son algunos ejemplos.
Cambiando de orientación, debería tenerse muy claro que frente a las incertidumbres económicas que se nos avecinan convendría no confundir al prudente con el plaglosiano y no distraer la atención del ciudadano con cuestiones triviales, como el importe de sus propinas o sus preferencias alimenticias. En consecuencia, y por poner otro ejemplo, en época electoral sería prudente meditar bien cualquier propuesta de gasto, como lo sería eludir las tentaciones de inmiscuirse en campos reservados al sector privado sin que ello suponga abstenerse de regular aquello que al interés público convenga -el urbanismo y el medio ambiente son casos que claman al cielo- sin dejarse llevar por consideraciones del momento o cediendo a presiones de empresas o sectores interesados y económicamente poderosos.
Raimundo Ortega, Economista