Negociación colectiva en 2008
Un año más, las organizaciones empresariales y sindicales han suscrito el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva. 2008 será, por tanto, el séptimo año consecutivo en el que nuestras relaciones laborales estarán cubiertas por unas orientaciones generales que deberían inspirar el desarrollo de todo el proceso negociador. La continuidad del compromiso es, en sí misma, positiva y alimenta la confianza en el mantenimiento de los buenos resultados que la apuesta por el diálogo social ha venido deparando. Pero la continuidad, si no incorpora las innovaciones que la evolución de la situación económica y social requeriría, puede traducirse en una pura inercia que refleja, cada año, una situación cada vez más superada por los acontecimientos.
El mayor valor de los sucesivos acuerdos interconfederales ha sido el de la garantía de la peculiar versión hispana de la moderación salarial, que consiste en negociar incrementos retributivos sobre la base de la previsión de inflación del Gobierno, junto con una cláusula de adaptación a la posterior inflación real (más, en su caso, los incrementos vinculados a las mejoras de productividad). Si se me apura, éste ha sido el único contenido real de los acuerdos, por cuanto el resto de sus previsiones se han quedado, por regla general, en el catálogo de las declaraciones de principios y de las buenas intenciones. Si ya con motivo del segundo acuerdo, para el año 2003, me referí al peligro de que nos encontráramos cada año con una especie de carta pastoral social, mucho me temo que eso sea exactamente lo que ha sucedido.
Año tras año, la receta es la misma: un llamamiento a la moderación de los negociadores, sobre todo en lo que se refiere a los incrementos salariales, un mensaje de confianza, una buena dosis de buenas palabras y en lo que se refiere al marco regulador de las relaciones laborales y a la propia estructura de la negociación colectiva, ni tocarlos, que ya el año que viene nos veremos. Los temas de interés siguen siendo, invariablemente, los mismos: la igualdad entre hombres y mujeres, la seguridad y salud en el trabajo y la participación y colaboración de los trabajadores y sus representantes en las empresas. Pero quien trate de encontrar algún elemento de novedad, algún criterio de interés que no sea mera reproducción de prescripciones legales o convencionales previas en estas materias, necesitará un candil más potente que el de Diógenes cuando buscaba, infructuosamente, un hombre.
No hay que olvidar el movimiento defensivo que supuso el primer acuerdo interconfederal, para el año 2002: con él se trató, fundamentalmente, de frenar el impulso reformista del Gobierno en materia de negociación colectiva. Bajo el ropaje formal de una apuesta por la autonomía colectiva, frente a la intervención legislativa, a la hora de afrontar la reforma de nuestro sistema de negociación colectiva, en el fondo, el acuerdo de 2002 se limitaba a ofrecer un panorama de moderación salarial con el que satisfacer determinadas inquietudes económicas, sazonado con elementos de mayor alcance reformista pero sin garantía ninguna de dar el paso de las musas al teatro.
El ciclo de crecimiento económico y de generación de empleo que desde entonces hemos vivido ha restado importancia al conservadurismo de los agentes sociales y al retraimiento de los impulsos reformadores de los sucesivos Gobiernos. El informe de la comisión de expertos nombrada en el seno del diálogo social (Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico. Por una flexibilidad y seguridad laborales efectivas), quedó en el sueño de los justos y la reforma laboral de 2006 se mantuvo en una timidez enternecedora. La actividad y el empleo siguieron creciendo y siempre podía situarse entre sus fundamentos esa relativa moderación salarial que garantizaban los acuerdos.
El escenario, sin embargo, ha cambiado. El acuerdo para 2008 relata, en el anexo I, las turbulencias económicas que se avecinan. Hay una coincidencia en el diagnóstico de los problemas derivados tanto de la desaceleración económica como de la necesaria reducción de los desequilibrios de nuestro modelo de crecimiento, y en la necesidad de afrontarlos. Pero quien pretenda encontrar recetas concretas para ello, más allá de la filosofía de bálsamo de Fierabrás que rezuman las grandes declaraciones, quedará defraudado.
Y tampoco los nuevos problemas de las relaciones laborales encuentran respuesta: en materia de igualdad entre mujeres y hombres, no se pasa de un recordatorio de las exigencias legales, sin contextualizar, como ha hecho, ejemplarmente, el Convenio de la Industria Química, los problemas aplicativos que la Ley de Igualdad puede provocar en las empresas. Y en materia de seguridad y salud laboral, la apuesta por los órganos paritarios sectoriales es importante, pero no hace más que seguir la estela de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo recientemente aprobada para el periodo 2007-2012.
En definitiva, en el actual contexto económico, el acuerdo de negociación colectiva es claramente insuficiente. A partir de 2008 habrá que afrontar reformas significativas de nuestro marco de relaciones laborales si no queremos correr el riesgo de desandar buena parte del camino andado en estos años. Y si los interlocutores sociales no se ponen a la tarea, el Gobierno que salga de las urnas de marzo tendría que liderar el proceso de reformas que reclama el mantenimiento de nuestro progreso económico y de nuestro bienestar social.
Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues