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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Asesorar en las concesiones

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha apadrinado la creación de un peculiar grupo de intereses que pretende convertirse en órgano consultivo de las Administraciones públicas en materia de construcción y concesión de infraestructuras. El Centro de Excelencia y Conocimiento de la Colaboración Público Privada (Cexppp), que conformarán las patronales de la construcción, la banca, los colegios profesionales y las tres Administraciones (las asociaciones empresariales de construcción Seopan y CNC y la bancaria AEB han mostrado su interés en participar), quiere tener un papel determinante en el diseño, financiación, ejecución y gestión de las infraestructuras.

España es líder mundial en concesiones, con media docena de grandes empresas que se han abierto mercado en países donde la iniciativa pública ha cedido terreno a la privada para mejorar la salud financiera de sus arcas y lograr una gestión dinámica de los servicios. Ahora los profesionales de uno de los sectores más activos de los últimos años, al hilo de las fortísimas inversiones en infraestructuras con cofinanciación comunitaria, buscan fórmulas alternativas que mantengan el pulso en la construcción civil. El modelo escogido es similar al que en Reino Unido, con amparo legal, dictamina toda obra, desde el proyecto hasta la gestión, de forma vinculante. De momento, el español es un proyecto que precisa del respaldo político.

Es loable la voluntad de contribuir a que los pliegos estén técnicamente mejor formulados y las condiciones más apegadas a la realidad y necesidad de la concesión. Así se puede evitar que se produzcan conflictos entre las concesionarias y los licitantes. También redundaría en más seguridad jurídica y mayor estabilidad financiera de la concesionaria y de la entidad financiera que aporte el capital. Además, la Administración asegura un buen servicio a sus administrados.

Pero Cexppp no debe convertirse en un tipo de lobby que canalice los intereses de las constructoras y de las entidades financieras ante las Administraciones en los concursos y la financiación de grandes obras.

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