Industria intentará salvar el decreto de C02 con un guiño al PP y a las eléctricas
La dificultad que está encontrando el Gobierno para convalidar mañana jueves en el Congreso el real decreto que detrae a las eléctricas el coste de los derechos de emisión de CO2 ha llevado al PSOE a realizar un guiño de última hora a estas compañías y también al PP y a CiU para que aminoren su presión a cambio de tramitar la nueva regulación como proyecto de ley y, por tanto, con la admisión de futuras enmiendas.
No hay en los principales grupos parlamentarios una versión única sobre el encaje legal que la tramitación de este real decreto como proyecto de ley puede tener en el Reglamento del Congreso, teniendo en cuenta que la legislatura tiene los días contados y la Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes de la Cámara en periodos vacacionales, sólo puede tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia aquellos decretos dictados por el Gobierno cuando Las Cortes están disueltas. Es evidente que no es el caso de este real decreto, pero fuentes socialistas aseguran que si los principales grupos que se sientan en la Mesa de la Cámara Baja no se oponen a ello, el uso de esta vía será posible. En todo caso, carece de precedentes.
Fuentes socialistas explican que la prioridad número uno del Ministerio de Industria es que el real decreto sea convalidado por mayoría simple, como mínimo, en la votación de mañana, pues gracias al mismo ya se restan 180 millones de euros a la tarifa eléctrica en 2008, medida que decaería si el real decreto fuera rechazado. Es evidente que la principal ventaja para Industria sería que mientras durara la tramitación parlamentaria, el real decreto permanecería en vigor. A cambio de conseguir la mayoría suficiente para que prospere, el Ministerio de Industria ya ha dado instrucciones al PSOE para que ofrezca su tramitación posterior como proyecto de ley, paso que permitiría al PP, CiU y PNV, los grupos sobre los que más han trabajado las empresas eléctricas, introducir enmiendas previamente pactadas con el sector.
'Tramitar el real decreto como proyecto de ley supone un gesto a las eléctricas y también a las diferentes fuerzas políticas', admiten fuentes socialistas. 'Con ello tendríamos la ventaja de establecer unas reglas claras sobre los derechos de emisión de CO2, evitando la discrecionalidad en la toma de decisiones y consolidando un escenario claro y estable que valdría para todos los gobiernos, con independencia del partido que en cada momento esté en el poder', apuntan las mismas fuentes.
Un portavoz autorizado del PP señaló ayer que en el supuesto de que prosperara el gesto del Gobierno de tramitar dicho real decreto como proyecto de ley, 'nuestra postura sería reconsiderada'. Es decir, habría grandes posibilidades de que el voto negativo pensado por el principal partido de la oposición se transformara en una abstención y, por lo tanto, facilitara el mantenimiento en vigor de la norma. En la decisión última del PP también pesará, informan las mismas fuentes, el temor del partido a verse demasiado apegado a los intereses de las grandes compañías eléctricas a menos de tres meses de las elecciones.
CiU también está dispuesta a reconsiderar en este nuevo escenario su voto en contra del real decreto, mientras que el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña se están dejando querer por el Gobierno y han decidido mantener hasta el último minuto su decisión en el aire.
Quien lo sigue teniendo claro es Izquierda Unida. 'Vamos a votar a favor del real decreto porque contiene medidas que nosotros veníamos defendiendo hace años', apunta el diputado Joan Herrera, quien introduce una sola objeción a la nueva regulación: 'Los precios deberían haber sido fijados en el propio real decreto, pero al final estos quedan a la discrecionalidad del Gobierno'.
En el real decreto que mañana será sometido a la convalidación del Congreso se minoran los ingresos extraordinarios obtenidos por las eléctricas cuando trasladan a precios de mercado el coste de los derechos de emisión de CO2 que reciben de forma gratuita. Esta medida se aplicaría entre 2008 y 2012, en coincidencia con el periodo de vigencia del segundo Plan Nacional de Asignación, y restaría a las compañías del sector 1.446 millones de euros en los ingresos del año que viene, según los cálculos que comparten con el Ministerio de Industria.
Industria intenta salvar con enmiendas el decreto sobre C02
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó ayer su confianza en el que la cumbre hispano-francesa del próximo 10 de enero en París cierre un acuerdo sobre la interconexión eléctrica entre los dos países. El ministro de Industria, Joan Clos, afirmó por su parte que el Gobierno está dispuesto a seguir 'al pie de la letra' las recomendaciones que haga el coordinador europeo del proyecto, Mario Monti, aunque suponga 'un esfuerzo adicional'.Monti entregó anteayer a la Comisión Europea la primera versión del informe que debe servir de base para el acuerdo hispano-francés, informa Bernardo de Miguel. El ex comisario europeo de Competencia, según las fuentes consultadas por CincoDías, plantea el soterramiento de la conexión de alta tensión como solución a las objeciones de la población local a la infraestructura. Esa alternativa, según los técnicos, puede 'triplicar' los costes, pero fuentes españolas insisten en que 'España y Francia se lo pueden permitir'.La Generalitat catalana también se mostró dispuesta a apoyar el soterramiento si se confirma que esa es la propuesta de Monti. Pero la plataforma ciudadana contraria a la interconexión repitió ayer su oposición a la línea, sea soterrada o no.La Comisión Europea, por su parte, se negó a comentar el contenido de un informe que rebajó a 'documento de trabajo interno'. España y Francia, sin embargo, esperan que Monti pueda acudir a la cumbre de París para presentar personalmente sus propuestas.