'Expropiaremos suelo si la iniciativa privada no hace suficiente VPO'
Castro estrena su cargo con el objetivo de aumentar el parque de vivienda protegida. Para ello negocia un pacto con el Ministerio de Vivienda y las grandes constructoras, en el que anuncia que los ayuntamientos expropiarán suelo si la iniciativa privada no cumple
Pedro Castro (Tomelloso, Ciudad Real, 1945) es uno de los alcaldes más longevos de la vida municipal en España, ya que lleva 24 años ininterrumpidos como primer edil en Getafe (Madrid). La experiencia atesorada durante esos años le sirve para pedir más protagonismo para los municipios, de modo que 'reciban ingresos directos y no dependan de las autonomías' y se les compense por tareas que realizan y que le corresponden a las comunidades. Calcula que el coste para un municipio de 200.000 habitantes por este concepto llega a 80 millones de euros al año.
Como nuevo presidente de la FEMP, ¿cuáles son las prioridades que se ha fijado para los próximos cuatro años?
Tenemos cuatro prioridades. Queremos que la FEMP sea Estado y participe en órganos a nivel estatal como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. También queremos desarrollar un gran pacto por la vivienda a cuatro bandas, entre la FEMP, las comunidades autónomas, la administración central y el G-14 (el grupo formado por catorce de las empresas inmobiliarias cotizadas de España). Las otras dos se refieren a la necesidad de que los ayuntamientos medianos y grandes se conviertan en terminales de desarrollo económico de su entorno y que la FEMP tenga representación internacional en la UE y participe en actividades de intercambio y formación con Latinoamérica.
El pacto por la vivienda fomenta la VPO en detrimento de la vivienda libre, ¿cómo ha sido acogida la idea por las constructoras?
En circunstancias normales, la prioridad del sector puede ser la libre; ahora no. En las reuniones que he mantenido con las grandes empresas constructoras e inmobiliarias, todas me han dicho que en este momento de crisis es importantísimo que los ayuntamientos pongamos suelo para hacer vivienda pública. Cuando se construye una vivienda libre, las promotoras tienen que comprar el suelo, los materiales, pagar a los trabajadores y no tiene garantizado que lo vayan a vender, mientras que en el caso de las VPO, están cobrando desde el momento en el que se empieza a construir. Si somos capaces de crear una dinámica para sustituir el porcentaje de caída de la vivienda libre con vivienda pública, mantendremos los puestos de trabajo, la actividad económica de las empresas y haremos una redistribución social del suelo.
¿Cómo se formalizará ese pacto por la vivienda?
Lo ideal sería que el acuerdo lo firmáramos a cuatro bandas (empresas, comunidades autónomas, administración central y FEMP), aunque no sé si al final va a ser a dos bandas, es decir, que la Federación suscriba el acuerdo con el G-14 y ese acuerdo se transmita posteriormente a la administración central. Lo que quiero del Ministerio es que diga el número de viviendas protegidas que se pueden hacer, parece que nuestra capacidad está en torno a 150.000 casas al año, y el número de ayudas que se van a poner en el mercado para construir VPO. Lo siguiente que hemos pedido es que nos especifique la demanda por comunidades autónomas. Una vez que sepamos el suelo disponible y las necesidades regionales, le vamos a decir a las juntas territoriales que dependan de la FEMP que fiscalicen la labor del Gobierno para que se hagan las viviendas previstas. Por ejemplo, si a Madrid le corresponden 27.000, yo voy a pedir a la junta territorial de la FEMP en Madrid que lo fiscalice para que se cumpla lo acordado. Si la iniciativa privada funciona, mejor; si es insuficiente y faltan 5.000 para el cupo, expropiaremos suelo para hacerlas nosotros o la empresa privada.
Otra de las prioridades orientadas a la iniciativa privada se refiere al fomento de la vivienda en alquiler, ¿cuáles son sus propuestas?
A las empresas les interesa también las viviendas en alquiler porque significa que cada mes tienen dinero fresco. El Ministerio de Vivienda y la FEMP vamos a abrir una apuesta en dos direcciones: subvencionar los alquileres a través de ayudas públicas y propiciar desde los ayuntamientos que haya viviendas de alquiler. Queremos que el Gobierno haga un estudio para conocer la demanda de vivienda en alquiler para jóvenes, ya que el concepto de propiedad está cambiando ante la mayor movilidad laboral. Pretendemos que las ayudas se puedan utilizar para ocupar viviendas en alquiler o con opción de compra a los siete años, con la posibilidad de que el 50% de lo pagado se reste del crédito hipotecario.
'No podemos ser pedigüeños de las comunidades'
Una vez conseguido el compromiso gubernamental para hacer coincidir la reforma de la financiación autonómica y la local, Castro afirma que no desaprovechará la oportunidad para volver a enunciar las grandes reivindicaciones de la FEMP: tener representación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y reclamar los gastos que asumen los ayuntamientos por actividades impropias. 'Queremos sentarnos en el Consejo de Política Fiscal para conocer la parte de trabajo que hacemos y que tengamos ingresos directos, dejar de ser pedigüeños y no depender de los buenos o malos que sean los presidentes de las comunidades autónomas'. En su opinión, las comunidades han sido los grandes 'glotones', ya que han asumido recursos de la administración central y de los ayuntamientos.Esta situación ha provocado, según Castro, que cada uno de los 8.112 ayuntamientos censados en España gaste un 30% de su presupuesto en actividades que no le corresponden. Por ese motivo anuncia que se va a reunir con todos los presidentes autónomos para enseñarles un decálogo 'con todo lo que hacen los municipios en materia de empleo, servicios sociales, juventud o dependencia, no le corresponden y no se les reconoce'.Preguntado por el coste de esas tareas impropias, Castro dice que un ayuntamiento de tamaño medio (en torno a 200.000 habitantes) asume tareas que no le corresponde por valor de 80 millones de euros al año. Para el total de los entes locales, estima que la deuda supera los 6.000 millones de euros.
Fiscalidad. 'Queremos actualizar algunos impuestos'
La desaceleración de la construcción va a mermar los ingresos de los municipios, que reciben parte de su financiación a través de la compraventa de casas. Castro propone la actualización de algunos tributos para compensar este efecto.En las negociaciones sobre la reforma de la financiación local van a pedir que se aumente el gravamen de algunos impuestos destinados a los municipios?Nuestro objetivo es que se actualicen algunos impuestos, pero no queremos aumentar la presión fiscal global. Queremos reformar algunos, como el cobro por el uso del subsuelo, ya que hay negocios, como la banca por internet, que los utiliza, pero no paga por ellos. Ahora no podemos cobrar a un banco por el uso de Internet, un negocio que va en aumento.Se siente representado con la imagen pública que se está transmitiendo de los alcaldes, ligados a casos de corrupción y especulación urbanística?No. En España se han producido sólo 131 casos de corrupción. El urbanismo no es la condición para que un alcalde delinca; el urbanismo es el instrumento para hacer redistribución económica y social. El que delinque lo puede hacer en otro sector.Usted cree que la financiación de los ayuntamientos está demasiado vinculada al urbanismo como piensa la mayoría de los ciudadanos?Tenemos datos de una encuesta realizada en los 8.112 ayuntamientos en España, cuya principal conclusión es que el urbanismo sólo absorbe el 5% en la financiación total de los ayuntamientos. El urbanismo debe ser interpretado como un instrumento positivo, no para delinquir.Cree que son compatibles los cargos de alcalde y diputado? Algunos ediles, como Alberto Ruiz Gallardón, han anunciado su intención de presentarse para el Congreso. Creo que es compatibles ser alcalde y diputado, siempre que lo segundo permita gestionar la vida municipal. Generalmente, si el cargo no es una carga, redunda en beneficio de la gestión que estás haciendo. Si un alcalde está en el Congreso, va a tener acceso a una información que de otra manera no lo tendría.