Unesa desplegará todas las medidas políticas y legales para frenar el decreto sobre el CO2
La patronal eléctrica Unesa ha acordado, por unanimidad de todos sus socios, desplegar todas las iniciativas políticas, administrativas y legales que sean precisas, en España y en la Unión Europea, para frenar el decreto ley sobre CO2, que les supondrá un coste sólo en 2008 de 1.495 millones de euros.
La primera medida que tiene previsto acometer la patronal es reunirse con el Gobierno, previsiblemente con el secretario general de Energía, Ignasi Nieto, para explicarle el impacto que puede ocasionar en las cuentas de las compañías este decreto, que se une a la subida del 3,3% de la electricidad en 2008, por debajo del IPC (4,1% en noviembre), que las empresas consideran insuficiente para reducir el déficit de tarifa y que podría poner en peligro sus planes de inversión.
Las compañías consideran que el decreto ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, por el cual se minoran los ingresos extras que obtengan por trasladar a los precios del mercado el valor de los derechos de emisión de CO2 que reciben de forma gratuita recorta en exceso su facturación, aparte de los ingresos que dejan de percibir al no poder vender los derechos en el mercado de emisiones, según explicaron a Europa Press en otras fuentes del sector.
Las eléctricas esperan que, dada la trascendencia política del real decreto, que debe convalidarse en el Congreso el próximo día 20, debería tramitarse como proyecto de ley para que pueda ser modificado por parte de los distintos grupos parlamentarios.
En previsión de ello, ya han comenzado los contactos con los grupos para exponerles su punto de vista y esperan sumar apoyos políticos suficientes que puedan al menos modificar sensiblemente la norma por la vía de enmiendas.
En función del resultado que consigan con sus gestiones se plantearán presentar una acción de responsabilidad patrimonial, una medida de tipo administrativo contra la decisión del Consejo de Ministros, y en paralelo, o bien posteriormente, denunciar al Gobierno español ante las autoridades europeas de la Competencia por vulnerar las directivas comunitarias en materia de competencia.
Los servicios jurídicos de Unesa son conscientes de que contra un decreto ley convalidado no cabría recurso contra el Supremo, por lo que la única opción sería plantear un recurso de insconstitucionalidad, si bien esta medida sólo puede ser presentada por un grupo parlamentario, una institución o una instancia judicial.
Para Unesa, la única lectura positiva de todo ello es que esta norma ha servido para unir a las eléctricas como una piña en torno a su patronal para intentar salvaguardar sus intereses ante una medida que entraña efectos negativos para todas ellas.
La posición de Industria
La detracción de los derechos de emisión a las eléctricas servirá al Ministerio de Industria para aliviar el déficit de tarifa de 2008, cuya cuantía podría aumentar a 4.600 millones si no se recuperara la asignación de CO2.
El Gobierno advierte de que el déficit podría dispararse en 2008 por el precio de la generación y alcanzar una cifra ¢insostenible¢ que debería sumarse a los 8.000 millones acumulados hasta diciembre de 2007. Por otro lado, no ve justo que se entreguen de forma gratuita derechos de emisión.
El secretario general de Energía, Ignasi Nieto, respondió hoy a las eléctricas que no es ¢asumible¢ que el ciudadano ¢regale derechos de CO2 que luego las eléctricas les cobran¢, y reconoció que hubo un ¢error de diseño¢ al permitir a las eléctricas internalizar estos derechos.
Para el secretario general de Industria, la solución podría consistir en que a partir de 2012 se implante, como ya ocurre en otros sectores como el siderúrgico, un sistema de subastas de derechos de emisión, que sería visto con buenos ojos por Bruselas.