COLUMNA

Europa, ese objeto (todavía) no identificado

La Cumbre Europea, reunida mañana en Lisboa con carácter previo al Consejo del viernes en Bruselas, aprobará el tratado que reemplaza a la Constitución europea. El autor analiza el nuevo texto que, en su opinión, va a actuar a la vez de freno y acelerador, al posibilitar una Unión más gobernable, pero retroceder en la Europa política

Mañana, día 13, la Cumbre Europea aprobará en Lisboa el tratado que reemplaza la difunta Constitución europea. Con él se quiere dotar a la Unión Europea de los medios que estén a la altura de sus ambiciones, pero ello va a depender en gran medida de su aplicación.

A este respecto, no se puede menos que recordar, sin ánimo de vaticinar, que en marzo de 2002 se adoptó, también en esa capital, si no un tratado, sí un acuerdo para hacer de Europa 'la economía del conocimiento más dinámica del mundo en 2010', gracias a un mayor esfuerzo coordinado en la investigación, desarrollo e innovación. Y se puede decir sin temor a equivocarse, dada la proximidad del plazo fijado, que esa estrategia ha fracasado.

El error central ha consistido en esperar que una acción coordinada incitase los Estados miembros a realizar las reformas recomendadas en Lisboa -modernización de su modelo social y reformas de los mercados nacionales del trabajo- pero ya Jean Monnet había dicho en sus memorias que 'la coordinación es la expresión del poder nacional, tal como es, y no creará la unidad', y con Lisboa se ha tenido esa amarga experiencia.

La reciente aprobación por el Consejo de Ministros de Galileo, un proyecto que se venía arrastrando desde 2002 para poner fin a la hegemonía norteamericana del GPS, podría sugerir que el gigante económico que es Europa va a contar políticamente en la misma medida. Galileo es, en efecto, un proyecto eminentemente político ya que su rentabilidad no está asegurada mientras dure la gratuidad del GPS financiado por el Pentágono.

Pero un examen del nuevo tratado no permite hacerse muchas ilusiones. Una vez más, y como en muchas ocasiones en que estaban en juego cuestiones importantes, se ha puesto la carreta delante de los bueyes: la integración monetaria precedió la (necesaria) presupuestaria; la última y gran ampliación se adoptó antes de la reforma institucional y ahora el nuevo tratado, que en principio debería llevar a una mayor integración política, se aprobará sin consultar a los más afectados por ella: los ciudadanos, pues ninguna política europea tendrá éxito sin el apoyo activo de ellos.

Quizás para hacer imposible esa consulta los ingeniosos redactores del tratado lo presentaron como un catálogo de enmiendas a los tratados anteriores. Es por consiguiente ininteligible para los ciudadanos y probablemente también lo sea para los parlamentarios que deben ratificarlo, pues deben consultar constantemente los tratados de Roma y Maastricht a que se refieren las enmiendas.

Eso en cuanto a la forma, pues por su contenido el tratado va a actuar a la vez de acelerador y de freno. Da una de cal haciendo la Unión más gobernable o menos ingobernable para, es de suponer, hacer más aceptable la de arena, el retroceso hacia la Europa política respecto al proyecto anterior.

Así, en vez de una presidencia semestral rotatoria, el presidente del Consejo Europeo será elegido por sus pares por un periodo de dos años y medio renovable una vez. La Comisión contará a partir de 2014 de un número de comisarios igual a dos tercios de los Estados miembros, en vez de uno por Estado en la actualidad; la regla de las decisiones del Consejo tomadas por mayoría cualificada se extiende a una cuarentena de otros campos como principalmente los de la cooperación judicial y policial, de los que quedan excluidos británicos e irlandeses, por último será la Unión personalidad representativa de Europa.

Estos progresos son innegables pero ocultan mal el precio que se ha pagado haciendo demasiadas concesiones, empezando por la supresión de la Carta de los Derechos Fundamentales que se relega a un texto separado y así Gran Bretaña y Polonia quedan dispensadas de observarla. Las razones que militan a favor de su mantenimiento son que la Carta expone los valores comunes que a pesar de la diversidad de las tradiciones nacionales unen los ciudadanos europeos, además de evocar en su preámbulo los valores que fundan la Unión.

Al mismo tiempo se hizo desaparecer uno a uno sus símbolos, pero en la política con mayúscula los símbolos son importantes y más aún en la Unión Europea, y así se suprimieron del Tratado la bandera europea que flota en todas partes y el himno. Y aunque sea ridícula y destinada felizmente a no ser aplicada, esta decisión quiere eliminar toda indicación que evoque la posibilidad de que Europa se dote de una estructura política. En el mismo sentido desapareció la denominación de ministro de Asuntos Exteriores a favor de otro mucho más neutro: alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, que hacía pensar menos en un Estado europeo.

En los 50 años transcurridos desde la creación del Mercado Común los desafíos han cambiado. Ahora más que nunca es necesario un Gobierno público europeo que dirija una Europa políticamente integrada por dos razones. Para afrontar la competencia de los nuevos gigantes económicos, China, India, Brasil, y evitar el declive económico de Europa, también porque dada la inestabilidad geopolítica mundial cada vez es más evidente la urgencia de que la Unión hable con una sola voz en la escena diplomática mundial.

Europa no tiene, pues, tiempo que perder y como dijo Shakespeare, 'si una vez más lo pierde, entonces será el tiempo el que te perderá'... y él conocía la naturaleza humana.

Anselmo Calleja. Economista y estadístico