Industria impedirá que las eléctricas cobren 1.700 millones por el derecho gratuito de CO2
El Gobierno ha cubierto el vacío legal que hubiese permitido que las eléctricas cobrasen a partir del 1 de enero los derechos de emisión de CO2 que reciben gratuitamente, pues los trasladan como coste a los precios del mercado. La medida, que en los dos últimos años ha supuesto una detración de 1.200 millones, evitará el doble cobro de otros 1.700 millones en 2008.
El temor que el regulador energético tenía ante el vacío legal que se avecinaba a partir del 1 de enero, ha sido resuelto, finalmente, por el Consejo de Ministros. æpermil;ste aprobó el viernes un real decreto por el que se detraerán de los ingresos por producción eléctrica las cantidades correspondientes al coste del CO2 que, siendo gratuito en un elevado porcentaje, las empresas trasladan a los precios del pool.
La medida ya se había aplicado para el periodo 2006-2007, que son los dos años de vigencia del primer Plan Nacional de Asignación (PNA) de gases de efecto invernadero y ha supuesto la resta, aprobada en una reciente orden ministerial, de 1.200 millones al sector eléctrico. Esta cantidad correspondió a 2006, ya que este año el mercado del CO2 se hundió. Ahora, la nueva norma amplía la detracción a los años que abarca el segundo PNA: de 2008 a 2012.
Teniendo en cuenta que el precio del CO2 para 2008 se ha disparado (en mercados de futuros cotiza a unos 23 euros la tonelada) se calcula que en ese año se generará un déficit de hasta 5.000 millones, de los cuales, hasta 1.700 millones corresponderán al sobreprecio por el dióxido de carbono. El déficit es la diferencia entre los costes de producción y lo que el Gobierno, empeñado en mantenerla congelada, admite en la tarifa que aplica a los consumidores.
Guerra abierta
A la vista de la batalla que han mantenido las empresas (con el Gobierno y entre ellas) por la decisión que éste tomó en febrero de 2006 de detraer los mayores ingresos por CO2, el nuevo real decreto avivará el conflicto. Y es que, ajeno a las ocultas intenciones de Industria, el sector confiaba en que la historia no se repitiera. Contra la decisión de restarles los 1.200 millones de las cuentas de 2006, todas las empresas preparan sus contenciosos ante la Audiencia Nacional en los que van a solicitar medidas cautelarísimas y cautelares.
El único modo de impedir que las empresas repercutan el coste del CO2 en el mercado mayorista (de hecho, están obligadas a recoger los variables al hacer sus ofertas en las subastas) es la creación de un pooling. æpermil;ste consiste en una bolsa sectorial de derechos de los que las compañías hacen uso a medida que los gastan.
Sin embargo, aunque empresas como Fenosa son partidarias de éste, otras, como Iberdrola, se oponen por entender que las menos emisoras financian al resto. Con el sistema aprobado el viernes, cada final de año, a través de una orden, Industria calculará la cantidad y el reparto por empresas.
El real decreto, que apela a la defensa del consumidor, ya avanza que los mayores ingresos se restarán independientemente de la fórmula de contratación (en el pool, con contratos bilaterales, etc.) y del tipo de central (contaminante o no, pues todas se benefician del mayor precio por ser el eléctrico un mercado marginalista).
Plan de la gran combustión
El Gobierno aprobó también el viernes dos importantes planes anticontaminación. Por un lado, el plan de reducción de emisiones de las grandes instalaciones de combustión, que afecta a las centrales térmicas y refinerías, conforme a la llamada Directiva GIC. Esta obliga a una reducción significativa de las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógenos y partículas a partir del 1 de enero de 2008.Según una nota del Consejo de Ministros, este plan está interrelacionado con el PNA, en el que se ha tenido en cuenta el esfuerzo de las empresas en el primero.El Consejo también aprobó el plan de reducción de sustancias acidificantes y precursoras de ozono a que obliga otra directiva, la que fija techos nacionales de contaminantes atmosféricos.