Contra corrupción, transparencia
La percepción de los ciudadanos sobre el nivel de corrupción en España ha mejorado respecto al año pasado, según el informe 2007 del Barómetro Global de la Corrupción elaborado por la organización Transparency International (TI). Sobre un baremo del 1 al 5 (1 nada corrupto y 5 totalmente corrupto), en la mayoría de las 14 categorías analizadas se ha mejorado en unas décimas. No obstante, salvo en dos -sistema educativo y de salud- en todas se suspende al superar el 2,5, y los españoles puntúan 7 de las 14 categorías por encima de 3. Además, el 3% de los españoles reconoce haber pagado algún tipo de corruptela en alguna ocasión; lejos de países como Rumanía (33%), Grecia (27%) o el mismo Luxemburgo (6%), pero por encima de la mayoría de países comunitarios, donde se sitúa por debajo del 2%.
La situación es por tanto claramente mejorable, y poco ayudan casos aparecidos recientemente, como el cobro de dinero a cambio de agilizar su trabajo por funcionarios municipales, o el rosario de expedientes de probadas irregularidades urbanísticas. El informe no mide el nivel real de corrupción, sino la percepción que los ciudadanos tienen de esta lacra económica y social. Pero esa simple sospecha de la opinión pública resta credibilidad a las decisiones y proyectos del poder público, y socava el clima necesario para el desenvolvimiento de las relaciones económicas y el progreso social.
Es necesario perseguir con ahínco esta rémora, para convencer con hechos a toda la sociedad de que se pueden hacer negocios en libertad e igualdad de condiciones sin tener que recurrir al soborno. Y el mejor antídoto es la información pública, veraz y a tiempo. En este sentido, varias son las normas que se han adoptado para combatir la corrupción, la mayoría tendentes a publicitar los intereses económicos de los cargos públicos durante el desempeño de su puesto y después de dejarlo. La vida pública exige renunciar a ciertos aspectos de la privacidad, y nadie puede negarse a ofrecer la información que sirva para garantizar que no se defienden intereses oscuros.