A fondo

Adiós a un impuesto que no funciona

En marzo de este año, el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero afirmó en el Congreso su intención de abordar una reforma del impuesto de patrimonio para convertirlo en un censo de fortunas sin presión fiscal. Unos meses después, el Partido Socialista de Madrid planteó su supresión, lo cual debió agradar a la actual presidenta de la comunidad autónoma, la popular Esperanza Aguirre, quien echando mano de su programa electoral apenas tardó en anunciar que eliminaría este gravamen en la actual legislatura. Ayer, de nuevo, el presidente del Gobierno insistió en acabar con tan traído y llevado tributo, como ya lo hiciera hace unas semanas el líder del PP, Mariano Rajoy. Gane quien gane las próximas elecciones, el fin del impuesto parece cosa hecha.

Con la vista puesta en el entorno europeo, sólo Francia, Suecia y España mantienen este impuesto que grava la propiedad de todo tipo de bienes y derechos de los ciudadanos, así que algo tiene o algo le falta que a la mayoría disgusta.

Más allá de las grandes cifras, los expertos en fiscalidad han centrado el gran problema de este tributo en su propia definición, en que es la simple titularidad de un patrimonio lo que se grava. La propiedad, lisa y llanamente, es la manifestación de riqueza que tributa aquí.

Si afecta a bienes rentables, su impacto puede ser más o menos asumible -y ello, pese a que tal rentabilidad tribute en el IRPF-, pero si afecta a bienes que no proporcionan ingresos, lo cual no es muy extraño -por ejemplo, una cuenta corriente en un entorno de bajos tipos de interés- la cosa cambia. Así, el tributo ejerce un papel desincentivador sobre el ahorro al hacer que, en ocasiones, los contribuyentes obtengan rentabilidades negativas.

En España, la gestión y recaudación del impuesto está cedida a las comunidades autónomas. Cada territorio puede modificarlo a su antojo, pero suprimirlo por entero es una facultad que sólo tiene el Estado. Pese a que hasta ahora prácticamente ningún territorio ha modificado el impuesto, si un gobierno central decide su supresión, está quitando una importante arma política a los partidos de cara a las elecciones autonómicas.

Un lugar común al hablar de este impuesto es asociarlo a los millonarios o grandes fortunas. De hecho se le suele definir como 'el impuesto de los ricos que pagan las rentas medias'. Sin embargo, todas las personas que sean dueños de cualquier bien o derecho deben declararlo. Una vez valoradas todas las propiedades, se restan 150.253 euros del valor de la vivienda habitual y un mínimo exento general de 108.182 euros -Cantabria y Madrid han elevado este mínimo hasta los 150.000 y 112.000 euros, respectivamente-. Sólo por encima de estos importes hay obligación de presentar y pagar el tributo. En esta situación hay en España unas 960.000 personas. Como referencia, el IRPF mueve unos 14 millones de declaraciones al año. Para los críticos de este impuesto, el actual mínimo exento es muy bajo como para hablar de un impuesto de millonarios y también sorprende el escaso número de contribuyentes.

Respecto a que sólo lo pagan las rentas medias, de la última memoria de la Administración Tributaria, con datos de este impuesto de 2005 (ejercicio 2004) resulta que son los contribuyentes con patrimonios superiores a un millón de euros (el 6,6% del total de declarantes) los que aportan el 61,3% de la cuota a ingresar y, de media, estos contribuyentes pagan entre 8.000 y más de 100.000 euros al año.

Sobre el valor que el impuesto atribuye al patrimonio de cada persona, se aplica una escala de gravamen que va del 0,2%% hasta el 2,5% -en Cantabria, este tipo es del 3% y para 2008, Madrid prevé rebajarlo-. Según los últimos datos referidos al ejercicio 2006 obtenidos del Informe sobre cesión de tributos a las comunidades autónomas, en toda España, este impuesto proporcionó un total de 1.400 millones de euros, sobre el 5,8% de lo recaudado por impuestos cedidos. Así visto, el impuesto de patrimonio no proporciona una recaudación espectacular a las arcas de las comunidades autónomas.

Hasta ahora, el impuesto ha pervivido amparado en su poder para proporcionar información a Hacienda. Pero, ni la maquinaria actual de la Agencia Tributaria parece necesitar los datos de este impuesto, ni la actividad inspectora parece centrarse en este tributo del que, en 2006, apenas se comprobaron dos de cada 100 declaraciones.