Cataluña retocará por inconstitucional el alquiler forzoso de pisos
La Generalitat de Cataluña modificará el proyecto de ley para el derecho a la vivienda a raíz de un informe elaborado por el Consejo Consultivo catalán, que considera inconstitucional el polémico artículo que contempla el alquiler forzoso de pisos. Según explicó el consejero de Medio Ambiente catalán, Francesc Baltasar, la Generalitat 'ajustará a derecho' la medida a través de una enmienda al proyecto, que fue estudiada por el Consejo Consultivo a petición de los grupos de la oposición, CiU y PP. Aunque Baltasar manifestó no haber leído aún el dictamen, señaló que el Gobierno catalán trabajará para 'adaptar el redactado y conciliar la medida con la legalidad'.
Desde el inicio de la tramitación del proyecto de ley, la polémica ha rodeado al artículo 42.6, que plantea como última instancia obligar al propietario de un piso a alquilarlo si durante más de dos años permanece vacío. La Generalitat podía obligar a arrendarlo a terceros durante un máximo de cinco años. A través del alquiler forzoso se preveía que salieran al mercado unas 62.000 casas desocupadas.
Baltasar recordó que el texto del Consejo Consultivo valida 'globalmente' el proyecto de Ley al Derecho a la Vivienda, ya que de los 20 artículos contra los que la oposición presentó enmiendas, 19 han sido desestimadas, con lo que se mantiene 'la filosofía' del texto.
A partir de ahora, se abre un periodo de 15 días para que todos los partidos puedan hacer las alegaciones que consideren oportunas. La apertura del proceso retrasará 'ligeramente' el calendario de entrada en vigor de la ley, señaló el consejero catalán.
El rechazo de los partidos de la oposición al apartado del alquiler forzoso hizo que tanto CiU como el PP optaran por no adherirse al Pacto Nacional de la Vivienda, un acuerdo entre la Generalitat, los sindicatos y empresarios que prevé, entre otras medidas, construir 160.000 viviendas de protección oficial en diez años. Además, las administraciones se comprometen a movilizar suelo para otras 90.000 viviendas más y procurar ayudas para otras 140.000.
El pacto supone una inversión directa de 8.200 millones de euros y otros 14.400 millones procedentes del sector privado.
Asistencia para el acoso inmobiliario
Todas las personas que sufran acoso inmobiliario, entendido como las presiones que ejercen algunos especuladores a sus inquilinos para que abandonen el inmueble en el que residen, contarán a partir del próximo año con un teléfono gratuito de asistencia, según anunció ayer la ministra de Vivienda, Carme Chacón.Este servicio es fruto del acuerdo firmado por Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, a través del cual se diseñará la primera experiencia piloto en esta materia que se desarrollará de forma simultánea en diez municipios.