Rafael Cámara

'El sistema de supervisión del ICAC está superado'

La corporación que preside ha sido muy crítica con la reforma del sistema contable español para armonizarlo con la norma internacional. Tras la aprobación del Plan Contable, piden modificar el sistema de supervisión, que depende del ICAC

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Rafael Cámara, clausuró hace sólo unos días en Tenerife el congreso anual de la corporación reclamando públicamente un cambio en el sistema de supervisión de la auditoría de cuentas para lo que propuso la creación de un grupo de trabajo que elabore un Libro Blanco. Cámara invitará a participar en el debate a organizaciones empresariales, las otras dos corporaciones del sector (economistas y titulares mercantiles), la CNMV y el Banco de España, a expertos y académicos, al Ministerio de Economía y al actual regulador, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

En el cambio que proponen en el actual sistema de supervisión del sector, ¿qué creen que le falta al ICAC?

Todos los sistemas de supervisión necesitan evolución y sobre todo cuando la profesión a la que supervisas también ha evolucionado. Debemos obtener alguna tutela por parte de los poderes públicos y para eso tenemos que tener una profesión bien regulada, que es uno de nuestros objetivos estratégicos. Las reformas en este sentido tienen que ser urgentes. El sistema de supervisión del ICAC está superado. Le falta actividad regulatoria y soporte profesional claro. En muchas ocasiones no obtenemos una certidumbre con relación a determinados pronunciamientos en materia de auditoría de cuentas. El presupuesto previo para que la supervisión sea eficaz es que lo sea con respecto a una regulación clara. Y en el caso del Plan General Contable, por ejemplo, hemos mantenido una continua relación de envíos proponiendo cambios al ICAC. Algunos se han tenido en cuenta, pero en cuestiones nucleares no ha sido así. Y creemos que eso se ha producido por la necesidad perentoria de terminar el Plan fuera como fuera en el plazo que estaba previsto.

Y si no hubieran cumplido con el plazo, ¿no lo habrían criticado?

La situación más cómoda en la que habríamos estado los auditores es en la que históricamente hemos estado, que es esperar a recibir las normas, pero en este caso, conocíamos lo realmente difícil que es hacer un proceso de transición de norma internacional a un plan contable. En más casos de los que nos hubiera gustado nos hemos encontrado con una pared inexpugnable de sobrepasar. Hay cosas que nos hubiera gustado no criticar y desde luego el ánimo ha sido en todo momento constructivo y hemos sido oídos pero no escuchados.

El presidente del ICAC ha reconocido haber incorporado al texto muchas de sus peticiones, pero que también las había procedentes de otros sectores, a veces no coincidentes, y que corresponde al legislador decidir.

Nos hubiera encantado llegar a acuerdos, pero nos hemos encontrado con una cierta imposición del criterio, no con un real debate que es por lo que ahora queremos evitar que en un tema tan delicado como es la supervisión profesional se produzca una situación así.

Estamos de acuerdo todos en que el modelo de supervisión debe ser público y que produzca mejoras, lo que debemos obtener es la garantía de que el proceso de adopción incluso de la iniciativa del legislador está suficientemente contrastada con sus destinatarios. No como con el plan contable. Esto nos ha enseñado que las normas cuando tienen este impacto para las empresas, que va a ser de 10.000 millones, lo que deben producir es seguridad jurídica, Y en este caso además hemos asistido al anuncio de que en los próximos cinco o seis años asistiremos a una nueva reforma.

Más que de una nueva reforma, se ha hablado de actualizaciones del plan, ¿no?

Ya. Luego tendrán que admitirnos que hay una cierta razón para hablar de incertidumbres y que nosotros pretendíamos evitar desde el primer momento porque la contabilidad es una herramienta que debe permitir a las empresas cumplir con la norma y si la norma es confusa puede producir incumplimientos no deseados. En ese sentido, la actividad de los auditores de cuentas va a ser extenuante.

¿Las críticas producidas a lo largo de todo el proceso de elaboración de la norma pueden haber contribuido a generar sensación de incertidumbre?

No, porque nosotros lo único que hemos hecho es colaborar en conocer exactamente el estado de la cuestión. Las incertidumbres no las genera nadie. Tan sólo 45 días antes de la entrada en vigor de la norma, con la polémica que venía arrastrando, es cuando las empresas han tenido certidumbre del texto y han podido confirmar la incertidumbre de su contenido. Nosotros lo único que hemos hecho es explicar que el texto venía así. Por eso digo que lo que debe primar en las relaciones entre regulador y usuarios es una relación basada en el contraste permanente. Está muy bien constituir grupos de trabajo, llamar a las asociaciones profesionales y a los catedráticos, pero no sólo hay que oírles, hay que escucharles. Nadie está en desacuerdo con que en España se utilice un solo lenguaje contable y ése es un objetivo que no está permitiendo la norma. Además, nosotros cuando vimos que el ICAC no tenía intención de modificar el contenido del Plan iniciamos una actividad frenética de divulgación contabilizadas en 11.000 horas de formación, fundamentalmente con pymes.

Ustedes aseguran que la norma tendrá efectos fiscales, a pesar de que Economía ha hablado de neutralidad fiscal del plan...

Tenemos dudas razonables sobre la neutralidad fiscal de algunos instrumentos y de algunas modificaciones, pero no son las más relevantes, las más importantes tienen que ver con el cambio radical de la manera de concebir la contabilidad en España.

'El Plan Contable se ha quedado a medio camino'

'Nos hubiera gustado que el clima en el Plan contable hubiera sido de una mayor confianza en los especialistas, en los usuarios que ya habíamos vivido una situación de semejante complejidad, sobre todo porque hay que evitar a toda costa que la magnífica imagen que hay de la información financiera en España quede perjudicada', se queja el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Rafael Cámara, que considera que con el nuevo plan, 'que comenzó siendo de adaptación y armonización a la contabilidad internacional y nos hemos quedado a mitad de camino. Se ha querido ir a normas internacionales y en la mayor parte de los casos no se ha dado el paso', opina.

Cámara critica también el coste que supondrá la reforma para las empresas, que los auditores han cifrado en 10.000 millones. 'Se tenían que haber tenido en cuenta los efectos económicos sobre el tejido productivo del país, aunque el problema de los costes no es que se produzcan sino que tengan una utilidad real'. El presidente de los censores afirma que les hubiera encantado ayudar a elaborar la regulación contable.