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Tribuna
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Caldera analiza la reforma de la Seguridad Social

La Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, que hoy aprobará el Congreso de los Diputados, contiene una reforma global del sistema que persigue mejorar el nivel de protección y asegurar su viabilidad, según afirma el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que analiza los principios básicos de la nueva norma

No es exagerado afirmar que una de las conquistas sociales más importantes del siglo XX es la creación y consolidación de sistemas públicos de Seguridad Social. Ya entrado el siglo XXI, la sociedad española es consciente de la necesidad de preservar este patrimonio como mejor garantía del progreso y la cohesión social. Tal es precisamente el motivo de la aprobación de la Ley de Medidas de Seguridad Social.

Esta ley contiene una reforma global del sistema de Seguridad Social que persigue mejorar el nivel de protección y asegurar su viabilidad, incrementando la capacidad de encarar el futuro con tranquilidad. La reforma se asienta en tres principios fundamentales: consenso, responsabilidad y solidaridad.

La salud financiera del sistema es hoy excelente, como acreditan los 52.000 millones de euros que en 2008 alcanzará el Fondo de Reserva

l Al igual que el resto de medidas de política social adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de la legislatura, ésta es una reforma fruto del consenso. Los objetivos perseguidos por la ley son compartidos por agentes sociales y partidos políticos. De un lado, el germen de la nueva norma es un acuerdo suscrito por el Gobierno con sindicatos y patronal en julio de 2006, como resultado del proceso de diálogo social. Y, de otro, la reforma ha recibido un fuerte respaldo en su tramitación parlamentaria, algo que no debe extrañar al tratarse de medidas que siguen las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Que la reforma haya sido consensuada supone algo tan importante como que todos (partidos políticos y agentes sociales, y por extensión los ciudadanos) podamos sentirnos partícipes de ella; éste es el modelo de Seguridad Social que quiere la sociedad española.

l El segundo principio que inspira la reforma es el de responsabilidad. Todas las medidas son fieles a un objetivo: garantizar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social. En verdad, la salud financiera del sistema es hoy excelente, como acreditan el superávit de los últimos años y los 52.000 millones de euros que en 2008 alcanzará el Fondo de Reserva. Pero todos debemos ser conscientes de que estos datos no nos hacen inmunes a los desafíos futuros, algunos tan previsibles como el envejecimiento de la población.

Por ello, una parte de las medidas pretende corregir las disfunciones que actualmente afectan al sistema, así como adaptar la protección a la nueva realidad social. Así sucede con la modificación del régimen de la jubilación parcial, con la mejora de la coordinación entre entidades gestoras y los servicios de salud en la gestión de la incapacidad temporal, con la nueva fórmula de cálculo del complemento de gran invalidez o con la redistribución de la pensión de viudedad en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

Lo importante es que estos ajustes, marcados por un sentido de responsabilidad, permiten reforzar la buena salud de la Seguridad Social, algo que repercute positivamente en la capacidad de anticipación para evitar dificultades futuras.

l Por último, la reforma está presidida, sobre todo, por el principio de solidaridad. Siempre de forma responsable y equilibrada, la nueva ley mejora los derechos de protección social de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Así, entre las medidas más destacadas, el aumento de los incentivos para trabajar más allá de los 65 años, como la subida de la pensión en un 15% por la jubilación a los 70 años; un incremento de hasta 63 euros de la pensión de quienes se jubilaron anticipadamente antes de 2002; la extensión de la pensión de viudedad a las parejas de hecho y la creación de una prestación temporal sustitutiva para supuestos hasta ahora no protegidos; una subida de la base de cotización de los parados mayores de 52 años; la posibilidad de disfrute íntegro de la prestación por desempleo tras la incapacidad temporal, o la reducción del periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de incapacidad permanente en el caso de los menores de 31 años.

Un Gobierno responsable trata de estimular el compromiso, el orgullo y la identificación de los ciudadanos con sus instituciones; de este modo se fortalece la democracia. La defensa del sistema público de Seguridad Social como pilar esencial de nuestro Estado social avanza en esa dirección y nos convierte en una sociedad más cohesionada y justa, de ahí la importancia de la nueva ley.

Jesús Caldera

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

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