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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La I+D toma el buen camino

La investigación española empieza a cosechar algún fruto del esfuerzo presupuestario de los últimos años. Las cifras de investigación y desarrollo (I+D) de 2006, publicadas ayer por el INE, señalan que la inversión en este concepto aumentó un 16% en un año, el mayor incremento desde 1998, y se coloca en el 1,2% del PIB, frente al 1,13% de 2005. Es una consecuencia lógica del aumento del 31% de la partida de investigación en los Presupuestos de 2006.

Si los datos son esperanzadores, más lo es la respuesta de las empresas españolas, porque el fuerte tirón se debe en parte a ellas. El número de compañías que realizan investigación aumentó un 15% y los 6.557 millones que emplearon suponen un 20% más que 2005, por encima del 13% del aumento en la Administración pública. De cada 100 euros destinados en 2006 a I+D, 55,6 procedieron de la empresa, 1,8 euros más que un año antes, y 5.000 nuevos investigadores se sumaron a la plantilla en las empresas, hasta un total de 39.936.

Es plausible el esfuerzo de algunas empresas españolas, que han apostado por la investigación. Con seguridad debe redundar en la mejora de su competitividad, tanto en los mercados interiores como en los exteriores, y también de su productividad. Porque la inversión en I+D contribuye a la mejora de los procesos productivos, lo que significa ahorro de costes. En parte, el esfuerzo de las empresas se ha visto impulsado por las ayudas públicas puestas en marcha mediante el programa Ingenio 2010.

Sin embargo, sería un error caer en triunfalismos. España está muy lejos del objetivo de invertir el 2% del PIB fijado en Lisboa y también de la actual media de la UE (1,83%). Por eso, el dinero público para promover la I+D debe crecer en porcentajes similares a los últimos Presupuestos para garantizar que el empresariado no ceje en el buen camino iniciado. Es relevante que el Gobierno insistiera ayer en que los fondos públicos permitirán cumplir en la fecha prevista de 2010 los objetivos de Lisboa.

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