¡Vuelta a la Edad Media!
Volver a los tiempos en que los informes comerciales y financieros, obtenidos por empresas especializadas, se conseguían preguntando directamente a los empresarios o a los directores financieros. Dicho en términos metafóricos: ¡volver a la Edad Media!
Sorprendentemente, esta es la propuesta que hace la Comisión Europea (CE) a través de una comunicación, de fecha 10 de julio, relativa a la simplificación del Derecho de Sociedades.
De acuerdo con la propuesta de la CE, un 96% de sociedades europeas de hasta 250 trabajadores -entre ocho y nueve millones de empresas en Europa, aproximadamente 1.040.000 en España- podrían quedar eximidas de publicar sus cuentas anuales en sus respectivos registros mercantiles. ¿Se han preguntado las entidades financieras cómo serían las futuras relaciones de confianza con los estados financieros de sus clientes? ¿Y qué seguridad ofrecería a una empresa la concesión de crédito a un cliente del cual se desconoce cuál está siendo su evolución económica? La desconfianza inicial de las empresas al publicar sus cuentas desapareció al comprobar los beneficios, entre otros, que se obtienen al poder comparar la posición propia con la de los competidores.
Otra propuesta del citado documento es la de pasar de dos a cinco años el periodo de superación de límites, 8,8 millones de euros, para que una empresa deje de presentar balance abreviado, es decir, para que empiece a auditar sus cuentas. En cinco años una empresa puede estar multiplicando su volumen y aumentando notablemente el riesgo de terceros por la opacidad de su información financiera. Igualmente se eximiría de la obligación de auditar, y publicar sus cuentas, a las sociedades medianas, entre 50 y 250 trabajadores, cuyos administradores o gerentes sean accionistas importantes. El efecto de las medidas citadas sería, también, reducir el número de empresas auditadas. Una primera estimación representaría pasar, en España, de las 44.000 auditorias obligatorias, a unas 33.000. Se me hace difícil aceptar -intentando alejarme de una posición personal corporativista- que la posible reducción de gastos, paralela a una reducción tan notable de la transparencia financiera tenga efectos beneficiosos para el conjunto de la economía.
El objetivo del documento emitido desde Bruselas es participar en el proceso de eliminación de cargas a las pymes. Creo que en Europa se ha desatado una corriente, yo puntualizaría algo más, una moda, que lleva a considerar a las pymes como menores de edad a las que hay que proteger. ¡Me parece perfecto!
Existen centenares de requerimientos a los que la Administración podría renunciar: petición superpuesta de datos estadísticos, periodicidad excesiva de ciertas declaraciones, delegación a la empresa como retenedora de impuestos, etcétera. O que podría facilitar su flexibilidad en la creación de nuevas empresas, la resolución telemática y eficiente de consultas, el cumplimiento de plazos en sus pagos o en las devoluciones de impuestos o en la simplificación del entramado legal de difícil comprensión para cualquier empresa de cualquier dimensión. En lo que no estoy de acuerdo es en que desde la Administración, sea europea o sea estatal, se asimile el concepto de información financiera con el de carga a eliminar.
Actualmente, los equipos administrativos de la mayor parte de pymes están preparados para cumplir los requisitos establecidos hace tiempo por las directivas europeas. ¡Su información ha mejorado más que notablemente! Y ello es debido a que han sabido adaptarse y que, poco a poco, han aprendido que información equivale a capacidad de decisión. Gran parte del milagro económico de la economía española se debe al ejercicio de la transparencia financiera creada durante los años noventa.
El Arco Mediterráneo de Auditores, la Federación de Expertos Contables Europeos y multitud de instituciones profesionales europeas han presentado alegaciones a este proyecto de directiva comunitaria. Algunas entidades financieras comunitarias se han mostrado también disconformes con la propuesta.
La Comisión Europea no debe cometer el error de considerar que la falta de transparencia es el factor decisivo de las posibles ventajas comparativas de nuestros competidores. Seguro que lo es la eficiencia y flexibilidad de su sector público.
Albert Folia. Presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y del Arco Mediterráneo de Auditores (AMA)