Estímulos fiscales para alargar el ciclo
El Consejo de Ministros del viernes aprobó la ayuda pública de 210 euros al mes para los jóvenes de 22 a 30 años que vivan en alquiler, acrediten una renta anual limitada y tengan una relación laboral con al menos seis meses de antigüedad. Además, el Estado soportará préstamos blandos de hasta 600 euros para que los jóvenes puedan depositar la fianza y contar con un pago de 120 euros para hacer frente al coste financiero de los avales exigidos en los contratos de alquiler. Esta es la última de una batería de medidas que el Gobierno ha puesto en marcha en los últimos meses para estimular el alquiler entre los jóvenes y para evitar, en la medida de lo posible, una desaceleración excesiva en la actividad económica inducida por la pérdida de pulso de la construcción residencial.
Los efectos que han de tener las medidas sobre la actividad inmobiliaria se verán con el tiempo. Pero merecen una serie de consideraciones desde el punto de visto de la política económica. El papel de los Gobiernos en la gestión de la economía es cada vez más limitado por la pérdida obligada de capacidad de maniobra tras la integración en la Unión Europea, tanto en materia monetaria como fiscal. Pero la función redistributiva sigue en sus manos, y tiene toda la lógica del mundo destinar lo que será una limitadísima parte de los ingentes ingresos obtenidos por la actividad inmobiliaria durante los años felices, en incentivos compensatorios en los años con dificultades.
Además, si por el camino se establece un régimen que fabrique un espacio para el alquiler de vivienda hasta ahora inexistente, tanto mejor. Pero una reflexión más profunda de las condiciones de mercado del alquiler que asignase precios más asequibles y a la vez eficientes, tanto para los propietarios como los inquilinos, seguramente daría una solución más estructural al problema que la adoptada en los últimos meses con urgencia. El mercado del alquiler precisa, por encima de todo, seguridad jurídica para casero y arrendatario; con ello, que el precio encuentre el punto de equilibrio es cuestión de tiempo.
La amalgama de ayudas puramente asistenciales creadas ahora debe ser revisada en cuanto el mercado de venta y alquiler haya recuperado el tono, ahora perdido en ambos terrenos. Los mecanismos de inspección deben estar más alerta que nunca, cruzando, como Vivienda ha anunciado, información disponible en Hacienda y Seguridad Social. Y, desde luego, todos los incentivos que traten de aliviar la situación embarazosa en la que se han metido cientos de promotores que hoy inundan de oferta de casas el mercado suponen una suerte de riesgo moral cuestionable. Su permanencia en el tiempo tiene que ser lo efímera que sea la supuesta crisis inmobiliaria.
Todo Gobierno, haciendo abstracción de presiones ajenas a la situación social, tiene el derecho a practicar las políticas que desee para limitar los costes de la desaceleración inmobiliaria. Sólo una práctica liberal sorda y ciega aplicaría la pasividad. Y reconstruida la normalidad, se requerirá una reflexión sobre los incentivos subterráneos que han llevado al país a esta situación de sobreoferta y sobrecoste de los activos inmobiliarios, para corregirlos consensuadamente.
