Las recetas del Gobierno para amortiguar el parón de la vivienda
El Consejo de Ministros aprobó el viernes el real decreto que regula la renta básica de emancipación de 210 euros mensuales, que podrán percibir durante un máximo de cuatro años los jóvenes de entre 22 y 30 años que vivan de alquiler, así como el préstamo de 600 euros para la fianza y el pago de 120 euros para hacer frente al coste financiero del aval.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler que incluye, entre otras medidas, la recuperación de la desgravación por alquiler para las familias con ingresos de hasta 28.000 euros anuales.
Para poder tener derecho a partir de enero al cobro de esos 210 euros mensuales, además de cumplir el requisito de edad, los beneficiarios tendrán que ser titulares de un contrato de arrendamiento y disponer de una fuente regular de ingresos que les reporte unas rentas brutas inferiores a 22.000 euros anuales.
A estos efectos, se entenderá que tienen una fuente regular de ingresos los trabajadores por cuenta propia o ajena, los becarios de investigación y los perceptores de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que puedan acreditar una vida laboral de al menos seis meses de antigüedad.
Los jóvenes podrán acceder al impreso de solicitud a través de la web del Ministerio de Vivienda y los servicios de las comunidades autónomas.
La solicitud se presentará en las oficinas regionales, donde se comprobarán los datos aportados y se resolverá el expediente en el plazo máximo de dos meses. Estos trámites podrán realizarse mientras buscan piso para arrendar, ya que tendrán un plazo de tres meses desde que se les reconozca el derecho provisional a la prestación para presentar un contrato de alquiler.
El pago de esta ayuda también prevé un exhaustivo control del fraude, por lo que Vivienda cruzará sus datos con Hacienda y la Seguridad Social para vigilar en todo momento que no ha cambiado la situación socioeconómica de los beneficiarios de la subvención.
æpermil;sta es, por el momento, la última de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para incentivar el mercado de alquiler y, por ende, sujetar en la medida de lo posible la demanda inmobiliaria y la actividad del sector.
Un alto cargo del Gobierno lo explicaba recientemente: 'El problema es que no sabemos si estamos ante un catarro que se cura con aspirina o es una pulmonía y hay que pasar al antibiótico'. De ahí que el Gobierno haya anunciado la puesta en marcha de decenas de medidas que pretenden incidir tanto sobre la oferta como la demanda de inmuebles con un único objetivo: lograr que el ajuste que ya nadie cuestiona sea lo más suave posible.
Y es que en apenas tres años y medio el panorama ha cambiado significativamente. A comienzos de 2004 los precios crecían por encima del 17%, se iniciaban casi 700.000 viviendas al año y los tipos de interés estaban en mínimos históricos.
En la actualidad, los precios avanzan al 5,3%, hasta agosto se han iniciado menos de 500.000 pisos y el euríbor roza la zona de máximos. Empresas y políticos quieren trasladar a la opinión pública un mensaje de calma.
'Mientras no entremos en una crisis económica que lleve aparejada la destrucción de empleo, no hay motivo para la alarma', se repite desde hace semanas.
Cómo estimular oferta y demanda
PromotoresLas sociedades y fondos de inversión inmobiliarios que promuevan vivienda protegida en alquiler tributarán al 1% en el impuesto de sociedades.Habrá préstamos y subvenciones a las cuotas hipotecarias de entre 6.000 y 11.700 euros para los promotores con grandes volúmenes de casas terminadas sin vender. Si destinan parte de ese parque al arrendamiento tendrán periodos de carencia en sus créditos de hasta 10 años.Hacienda sigue estudiando la introducción de los Reit en España, sociedades de inversión colectiva con fuerte presencia en el sector inmobiliario que cotizan en Bolsa.Se aplicará el IVA superreducido (4%) para todas las viviendas de nueva construcción destinadas a alquiler social.ArrendadoresSe eliminan las restricciones de superficie, renta y condiciones de uso de la subvención para poder otorgar los 6.000 euros a los propietarios de casas vacías que decidan ponerlas en alquiler.Creación de 10 nuevos juzgados especializados en tramitar procesos de desahucio en las grandes ciudades.Agilización de las comunicaciones procesales y reducción del plazo de enervación a 15 días.InquilinosDeducción fiscal gradual del alquiler para las familias con ingresos anuales de hasta 28.000 euros brutos.Ayuda de 210 euros al mes para jóvenes de 22 a 30 años.SPAExtensión de su actividad a la gestión de viviendas procedentes de fondos inmobiliarios, sociedades de arrendamiento y cooperativas.Creación del alquiler seguro con póliza multirriesgo, contra impago y asistencia jurídica.SueloUtilización del suelo de la entidad pública Sepes y de distintos ministerios para construir viviendas de alquiler protegido.Acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para edificar solares de titularidad municipal.
Con el permiso de regiones y ayuntamientos
Si del lado de la oferta el Gobierno central está tomando la iniciativa a la hora de adoptar medidas para paliar los efectos de la crisis inmobiliaria sobre el crecimiento de la economía, del de la demanda deberá contar también con la complicidad del resto de administraciones.El anuncio de nuevas ayudas para el fomento de la emancipación de los jóvenes o las últimas reformas planteadas para mejorar el Plan de Vivienda 2005-2008 no podrán ser efectivas si comunidades autónomas y ayuntamientos no participan activamente en la gestión de dichos incentivos.El equipo que dirige Carme Chacón ha detectado, como ya hiciera su antecesora en el cargo, que varias políticas de vivienda llevadas a cabo por las regiones y algunos grandes ayuntamientos se contradicen con las incluidas en el plan nacional, lo que impide que familias y promotores puedan beneficiarse de todas las ayudas a la vez y deban elegir la actuación más ventajosa.Por ello, las ayudas al alquiler aprobadas el viernes, como la renta de 210 euros para jóvenes de 22 a 30 años cuyos ingresos no superen los 22.000 euros, serán desembolsadas por el ministerio. No obstante, se han celebrado diversas reuniones con los responsables autonómicos para coordinar dónde y cómo se tramitarán las solicitudes de los futuros beneficiarios de esta subvención. Se trata de que no se reproduzca el fracaso que ha supuesto la ayuda de 240 euros al mes durante dos años a la que tenían derecho los inquilinos con menos ingresos, según el actual plan de vivienda. 'Lo bueno de detectar los errores es que nos permite poner los medios para no repetirlos', explican en el ministerio.