Los auditores critican la idea de la CE de limitar el registro público de las cuentas
Los planes de la Comisión Europea para tratar de reducir las cargas administrativas de las empresas están encontrando escollos en el camino. Uno de ellos es la crítica realizada por el Colegio de Censores de Cuentas de Cataluña y el Arco Mediterráneo de Auditores (AMA), que agrupa a auditores de España, Francia e Italia. Ambos colectivos se muestran preocupados por la propuesta de la CE para la simplificación del entorno empresarial en los ámbitos del derecho de sociedades, la contabilidad y la auditoría, anunciada el 10 de julio.
La propuesta comunitaria contempla que sólo presenten sus cuentas al registro público aquellas que auditen sus cuentas. Hasta ahora en España todas las sociedades deben presentar sus cuentas al Registro Mercantil. La aprobación de la propuesta de la CE supondría en la práctica excluir de esta obligación a más de un millón de sociedades españolas, cerca del 98,% del total, denuncian los auditores. 'Además, de acuerdo con la reducción de exigencias para auditar sus cuentas, el número de sociedades auditadas descendería, aproximadamente, de 44.000 a 33.000, aproximadamente un 25%', se quejan los censores de cuentas.
Inseguridad
Según el presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y del AMA, Albert Folía, 'la falta de publicación de las cuentas encarecería la seguridad de las relaciones empresariales y perjudicaría notablemente el funcionamiento de la actividad económica'. Los auditores opinan que además de reducirse la seguridad en las transacciones entre clientes y proveedores o entre empresas y entidades financieras, las compañías perderían la posibilidad de comparar sus posiciones con sus competidoras.
Por otra parte, los auditores creen que 'es negativo que las pymes perciban el mensaje institucional de que la información financiera y las auditorías son un gasto a eliminar'. La CE propone, entre otras cosas, suprimir la obligación de auditar sus cuentas a las medianas empresas con más de 250 trabajadores, en las que, por ejemplo, sus administradores fueran, al propio tiempo, propietarios.