Los partidos optan por no inyectar más competencia en los contratos públicos
La intención inicial del Gobierno de extender a todas las modalidades de contratos del sector público la prohibición absoluta de que distintas empresas de un mismo grupo puedan presentar varias ofertas ha quedado enterrada en el Senado mediante la introducción de una enmienda apadrinada por el PP y CiU que, finalmente, ha avalado el propio PSOE.
El proyecto de ley de Contratos del Sector Público que salió aprobado provisionalmente por el Congreso el pasado mes de julio impedía la presentación de ofertas diferentes por parte de sociedades vinculadas al mismo grupo empresarial. En realidad, lo que promovió el Gobierno en la Cámara Baja fue la extensión a todas las modalidades de contratos de la prohibición que hasta ahora afectaba solamente a los de concesión de obra pública.
El objetivo del Gobierno, explican fuentes socialistas, era conseguir una mayor competencia en la contratación pública. Sin embargo, una enmienda que acaba de ser introducida en el Senado por el PP y CiU, apoyada también por el PSOE para evitar perder la votación, acaba con esta iniciativa y devuelve la norma a su origen: la prohibición de aspirar a un contrato público por parte de varias empresas pertenecientes a un mismo grupo sólo regirá, como hasta ahora, para algunos contratos de concesión de obra pública, con lo que ello implica de perjuicio para las pequeñas compañías desde el punto de vista de la competencia.
Vuelven, pues, a quedar excluidos de esta limitación la mayoría de los contratos del sector público, incluidos los de obra, gestión de servicios, suministro, colaboración entre el sector público y privado y los de carácter mixto. Todos ellos están recogidos en el articulado de la nueva ley de Contratos.
Fuentes socialistas reconocen que la falta de mayoría en el Congreso para dar de nuevo la vuelta al proyecto de ley hará inevitable que la intención del Gobierno de introducir mecanismos de mayor competencia en la contratación pública quede para mejor ocasión. La aprobación definitiva del proyecto de ley está previsto en la Cámara Baja para dentro de quince días. No obstante, las mismas fuentes advierten de que permanece abierta la posibilidad de matizar lo que apruebe el Congreso en el desarrollo reglamentario de la ley, aunque es improbable que el mismo vea la luz en esta legislatura. En todo caso, dicho reglamento afectaría sólo a la Administración central.
Los argumentos esgrimidos por el PP y CiU para defender la desaparición de las restricciones que había puesto el Congreso a los grandes grupos empresariales a la hora de contratar con cualquiera de las tres administraciones favorecen, sobre todo, a constructoras muy concretas. Ambas fuerzas políticas sostienen que no hay razones para alterar el sistema que ha venido funcionando hasta la fecha 'con absoluta normalidad y a plena satisfacción de las distintas administraciones públicas'. El actual reglamento de la ley dispone que en el caso de que se presenten ofertas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, sólo se tiene en cuenta la oferta más baja.
En opinión del PP y de los nacionalistas catalanes, el Gobierno ha intentado en la ley de Contratos 'limitar la libertad de organización de empresa', así como las posibilidades de la administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos de elegir entre las distintas ofertas que puedan presentar empresas del mismo grupo, unas para primar la especialización en función del tipo de obra, otras el precio o la mayor capacidad económica individual.
PP y CiU consideran que la extensión a todas las modalidades de contratos del sector público de las restricciones que rigen para las concesiones de obra pública puede dar lugar a 'situaciones de conflicto de interés', cuya solución puede terminar en perjuicio de los intereses de socios minoritarios. 'Piénsese', argumenta CiU, 'en distintas empresas con un socio mayoritario y con distintos socios minoritarios. Con el sistema que propone el Gobierno, la única solución sería que arbitre el socio mayoritario, lo que ineludiblemente beneficiaría a unos socios minoritarios y perjudicaría a otros'.
Secretarios, a la mesa de contratación
Los secretarios de ayuntamiento tendrán una presencia destacada en las distintas mesas de contratación, según establece otra enmienda claramente influenciada por determinados lobbies que ha sido incorporada, en este caso por Entesa, al proyecto de ley de Contratos del Estado. De Entesa forman parte en el Senado los socialistas catalanes, Esquerra Republicana e Izquierda Unida.La enmienda introducida defiende que es conveniente que sea el secretario de ayuntamiento o algún funcionario con habilitación de carácter estatal el que evacue los informes o forme parte de la mesa de contratación, dada la condición 'de mayor imparcialidad y neutralidad que acompaña a estos funcionarios'. El PSOE ha pactado el grueso de este proyecto de ley con el PP y el resto de los grupos parlamentarios.Las pequeñas y medianas empresas (pymes) se verán, en parte, beneficiadas ya que la ley permitirá que las distintas administraciones obliguen a subcontratar algunas partes de las grandes obras que adjudiquen.