Un impuesto censal a eliminar

Las comunidades autónomas recaudan por el impuesto sobre el patrimonio la nada despreciable cantidad de 1.400 millones de euros, el 6% de todo el flujo financiero que le proporcionan los impuestos cedidos. Ahora, en plena batalla electoral donde la puja fiscal se encamina hacia las rebajas sistemáticas, sólo justificadas por el hecho de que el Estado tiene un generoso superávit, la eliminación del impuesto sobre el patrimonio vuelve a la palestra. Algunas comunidades, como Madrid, la primera en ingresos por esa figura tributaria, ya han advertido su eliminación por convicción ideológica. El resto de comunidades seguirán el mismo camino, aunque todas ellas preferirían, tal como asegura el vicepresidente Solbes, que lo eliminase el Gobierno para poder exigir una compensación financiera que cubriese la insuficiencia de nada menos que 1.400 millones de euros.

El impuesto sobre patrimonio es una antigualla fiscal. Se creó con un carácter exclusivamente censal, que sirviese de alerta sobre la concentración de riqueza del país, con el fin de poder aplicar una tributación sobre sus rendimientos. Pero se ha convertido en un instrumento que no grava el crecimiento de la renta, sino la renta misma, con una justificación ideológica cada vez menos sostenible. Aunque hoy en España se aplica con un mínimo exento elevado, existen dificultades crecientes para su defensa, al igual que ocurría con el de sucesiones y donaciones, que prácticamente ha desaparecido, aunque se mantienen en algunas regiones como una reliquia fiscal injustificable.

Patrimonio es un impuesto estatal, con recaudación cedida. Es, por tanto, un instrumento de corresponsabilidad fiscal. Son las comunidades autónomas las que tienen la facultad de eliminarlo asumiendo la pérdida de recursos. Pero, si buscan rentabilidad electoral al eliminarlo, deben asumir también el coste político de compensarlo con otros impuestos.