Inadecuados e inconstitucionales

Los últimos presupuestos de la legislatura mantienen un crecimiento elevado, del 3,3% del PIB, y fijan el superávit en el 1,15%. Sin embargo, las discrepancias se fijan en si éstas son unas proyecciones realistas.

El proyecto de Presupuestos es un claro ejemplo de insensatez económica, frivolidad política y de vulneración de la Constitución. Insensatez económica, por cuanto que transferida la competencia de la política monetaria a la UE y el Banco Central Europeo, el único instrumento de política económica que le queda al Estado para corregir los desequilibrios es la política fiscal. Y por ello es fundamental que los Presupuestos partan de un análisis real de la situación económica de España y de sus perspectivas de evolución futura a la vista del contexto internacional. Y sin embargo el Gobierno de Zapatero, con la complicidad de un vicepresidente como Pedro Solbes que va perdiendo a chorros el prestigio acumulado, nos presenta un Presupuesto que no varía el cuadro macro que lo sustenta, elaborado hace muchos meses sobre previsiones que ya han modificado todos los organismos internacionales, ignorando que España ya ha iniciado una clara fase de desaceleración.

El Gobierno presenta un cuadro macroeconómico de Alicia en el País de las Maravillas; está el cuadro establecido sobre unas previsiones de paridad euro/dólar de 1,34, de un petróleo a 70 dólares el barril, hoy plenamente obsoletas; se apunta un crecimiento del PIB del 3,3% cuando todos los analistas han rebajado tales perspectivas de crecimiento al 2,9% o 2,8% como mínimo, lo que hará imposible que se cumplan las perspectivas de ingresos y por tanto muy difícil superar el exiguo superávit de 0,3% fijado para el Estado.

En el cuadro macro se sigue dando un crecimiento del sector de la construcción respecto del ejercicio pasado que no parece nada realista a la vista de la situación del sector y de los últimos datos de empleo, iniciación de viviendas, ventas y evolución de la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales en muchas autonomías.

Y cuando el diagnóstico de la coyuntura es erróneo, cuando se quiere afirmar a toda costa que estamos en la Champions, el remedio es inadecuado. Así, un año más, seguimos con unos Presupuestos expansivos en los que el gasto público va a subir por encima del crecimiento real de la economía; en los que el superávit previsto del Estado es menor que el año pasado y, además, de difícil consecución, a la vista de la situación económica real y en los que la inversión pública no se inspira en criterios de eficiencia, solidaridad y equilibrio interterritorial, sino en el más puro electoralismo zapateril.

Son unos Presupuestos en los que el Gobierno además hace gala de una descarada frivolidad política cortoplacista. En unas circunstancias como las que atraviesa España, de desaceleración de su crecimiento económico, con un sector clave como la construcción que lanza señales de alarma, sin un sector industrial capaz de tomar el relevo a corto plazo, cualquier Gobierno responsable, ante tantas incertidumbres, agravadas por la crisis de liquidez internacional, hubiera debido plantear un presupuesto de choque, o bien con fuertes superávit para prever un futuro más difícil o bien con reducciones reales de impuestos para todos los españoles y no simplemente reducciones para los jóvenes que alquilen (menos de 18.000 el año pasado) o a los españoles que tengan hijos. Amen de que deflactar parcialmente la tarifa no es bajar impuestos sino evitar la subida de la presión fiscal.

Pues bien, el tándem Zapatero-Solbes opta por el gasto electoralista elevado a la quinta potencia, alquileres, atención bucodental y nuevas ocurrencias que nos anuncian, eso sí, pagando la campaña del PSOE con los impuestos que pagan los españoles.

Finalmente, son unos Presupuestos que en la distribución territorial de la inversión vulneran la Constitución. Una lectura del artículo 138 evidencia el desprecio que el Gobierno (que tras tres años de alergia al nombre ahora usa la expresión Gobierno de España) tiene a los mandatos de nuestra Carta Magna. El citado artículo afirma que el 'Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español… '. Y añade el párrafo 2o del mismo artículo: 'Las diferencias entre estatutos de las distintas comunidades no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales.'

Es paradójico que sea un Gobierno socialista el que apadrine la idea de que a más riqueza de una región, más inversión, lo contrario de los criterios que inspiran la política regional de la UE. A Zapatero no le preocupa en este Presupuesto ni el desarrollo regional equilibrado ni el crecimiento; sólo le preocupa perder las elecciones.

Miguel Arias Cañete. Secretario ejecutivo de Economía y Empleo del Partido Popular