Solbes hace su Presupuesto más expansivo por la desaceleración
El vicepresidente económico anticipa que las cuentas de 2008 que ayer presentó en el Congreso podrán gestionarse sin problemas, a pesar de los riesgos vinculados a la tormenta financiera.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2008 entraron ayer en el Congreso de los Diputados con la sospecha de que encajan plenamente en los intereses electorales del Gobierno, de que privilegian a Cataluña y Andalucía frente al resto de las comunidades autónomas y de que carecen de cimientos sólidos, al estar elaborados sobre las previsiones macroeconómicas de primavera de la Comisión Europea, ajenas entonces a la tormenta financiera desatada en Estados Unidos con las hipotecas basura. El vicepresidente Pedro Solbes se afanó ayer en disipar todas estas conjeturas.
En su opinión, los Presupuestos del año que vienen descansan sobre previsiones 'robustas' con las que se siente 'cómodo y tranquilo'. Solbes mantiene contracorriente la previsión de crecimiento en el 3,3% para el año que viene, confía en que la desaceleración del sector de la construcción no sea tan profunda como anticipan algunos analistas, defiende un aumento suave de la recaudación impositiva, pese a la moderación del PIB y la rebaja fiscal, persiste en la consolidación del superávit de las administraciones públicas y aspira a dejar la deuda en los niveles más bajos de las dos últimas décadas. Como todo escenario, tiene sus riesgos, admitió el vicepresidente, que en este caso están supeditados, sobre todo, a la evolución de la economía estadounidense al calor de la tormenta hipotecaria.
Solbes negó que los Presupuestos de 2008 estén contaminados por las elecciones de marzo, entre otras razones porque respetan en su integridad las prioridades de gasto de las cuentas todavía vigentes. El gasto social consume el 50,5% del proyecto de ley y los capítulos de educación, I+D+i, infraestructuras y vivienda encabezan el aumento porcentual de recursos. Al ser los últimos Presupuestos de la legislatura, dieron pie al vicepresidente a recordar el esfuerzo hecho por el Gobierno en todas estas áreas desde 2004: el dinero destinado a educación ha crecido en este periodo el 85%, más del 164% el dedicado a investigación y desarrollo y el 32% a infraestructuras. El gasto social representaba en la herencia recibida del PP 114.000 millones, frente a los 158.000 de 2008, un 39% más. El grueso de este gasto se lo llevan las pensiones, una hipoteca fija para cualquier Gobierno, que el año que viene absorberán 98.000 millones, un 7% más que este.
Economía mantiene para el año que viene una previsión de crecimiento del 3,3% y Solbes se ve cómodo con este escenario, aunque reconoce los peligros
El impacto de la rebaja del IRPF, que abarca la deflactación completa de la tarifa y las deducciones por natalidad y alquiler de viviendas, se ha calculado por Economía en casi 2.300 millones, lo que equivale a decir que el Gobierno dispone todavía de 200 más, sobre las previsiones iniciales de Solbes, para hacer concesiones a los grupos parlamentarios en la tramitación de los Presupuestos.
La presentación que ayer hizo el vicepresidente de las cuentas de 2008 evidencia las dificultades que tiene en demostrar que Andalucía y Cataluña, sobre todo, no han salido privilegiadas de sus contactos bilaterales con el presidente Zapatero. Sobre el papel, la distribución territorial de la inversión real refleja que estas regiones, que consumen casi el 18% y el 15% de estos recursos para 2008, son las más beneficiadas, seguidas de las de Madrid, con casi el 11%, y la comunidad valenciana, con casi el 10%. El Gobierno es consciente de que estos datos se van a prestar al juego fácil de la demagogia por parte del PP y de las comunidades que gobierna, alguna de las cuales tantea la posibilidad de recurrir los Presupuestos al Constitucional. Solbes y los secretarios de Estado de Economía y Hacienda eludieron ayer este debate como pudieron. Emplearon a su favor un argumento evidente como es la obligación de cumplir las previsiones establecidas en las reformas estatutarias ya aprobadas, frontera temporal a partir de la cual sí podría defenderse que hay comunidades que circulan a velocidades diferentes.