Libertad de servicio al consumidor
La ley permite a las autonomías un mínimo de 8 a 12 aperturas anuales en festivo. Madrid es la comunidad que más abre, con 20 domingos, pero quiere ampliar el calendario y llegar a un consenso. Sin embargo, ni los sindicatos ni el pequeño comercio parecen dispuestos a ceder.
El comercio es, quizá, el sector más pegado a la realidad ciudadana, porque la razón de ser nos la dan cada día los millones de clientes que acuden a nuestras tiendas. Son los consumidores los que deben marcar las pautas, a nosotros los comerciantes y a los poderes públicos, sobre la ordenación del sector.
Hoy los modos de vida y los hábitos de consumo han cambiado radicalmente, se han hecho más complejos, porque la realidad social también lo es. Si hace pocos años las familias disponían de más tiempo para las compras, hoy factores como la incorporación de la mujer al mercado laboral, los distintos modelos de familia o la decisión de destinar más tiempo al ocio nos obligan a repensar a diario nuestra oferta para amoldarnos mejor a estos nuevos escenarios.
En España, durante los últimos años, vivimos una nueva realidad social promovida por diversos factores, principalmente los siguientes: los hogares unipersonales y los monoparentales con hijos representan casi un tercio del total de los hogares españoles. Y, por otra parte, en los últimos años se han incorporado más de tres millones de mujeres al mercado de trabajo.
'Son los consumidores los que deben marcar las pautas sobre la ordenación del sector'
Solamente estos datos indican que hay una parte significativa de la sociedad española que tiene la necesidad de una oferta comercial más flexible, que permita hacer las compras a la salida del trabajo o los fines de semana. Esta nueva demanda social resulta fácilmente constatable por la realidad cuando observamos la masiva afluencia de consumidores a los centros comerciales que abren sus puertas los domingos y festivos permitidos por la Administración correspondiente.
Y, ante esta realidad, la mayoría de las grandes empresas de distribución desean hacer lo que, sin duda, haría cualquier empresario de cualquier otro sector: atender esa demanda insatisfecha que presenta el mercado.
Unos horarios comerciales más adaptados a las necesidades de sus clientes, y negociadas las condiciones laborales con sus trabajadores, puede permitir a las empresas comerciales mejorar su productividad, ser más competitivas y, por tanto, ofrecer mejores precios a sus clientes.
Sin embargo, frente a esta demanda social creciente, las decisiones de las Administraciones públicas han ido precisamente en sentido contrario y, en los últimos años, la mayoría de comunidades autónomas, excepto la Comunidad de Madrid, han reducido inexplicablemente de 12 a 8 el número de festivos que pueden abrir los establecimientos comerciales, así como el número de horas diarias de servicio a los consumidores.
No creo sinceramente que esta reducción de cuatro festivos de apertura haya representado ninguna mejora sensible en las cuentas de resultados de cada uno de los más de 600.000 pequeños comerciantes. Evidentemente, estas restricciones normativas sí que pueden introducir factores que distorsionan la competencia entre grandes empresas, favoreciendo a aquellas para las que, en función de su propio modelo empresarial, no les resulta rentable abrir los festivos.
La experiencia desarrollada en los últimos años en la Comunidad de Madrid, en la que los establecimientos comerciales pueden abrir 20 días festivos, ha venido a demostrar que, lejos de producirse las catástrofes comerciales que algunos auguraban, lo cierto es que en los últimos cinco años hay 7.000 comercios minoristas más, el empleo ha crecido un 18% y el sector comercial ha contribuido eficazmente a controlar los precios ya que el IPC comercial ha crecido por debajo de la media española a pesar de que tanto su población como su renta lo ha hecho muy por encima.
La actividad comercial debe irse liberalizando, como indica la Directiva europea de Servicios, para permitir que el comercio se vaya adaptando a las necesidades de los consumidores y no a la inversa. Lo que hace cualquier empresario de adaptar su actividad empresarial a las demandas de sus clientes, debe ser también algo normal en el sector del comercio. El interés general demanda a las Administraciones públicas mejorar la competitividad de sus empresas pero no por la vía de perjudicar la competitividad de los más eficientes sino ayudando a los menos competitivos a mejorar su nivel de eficiencia.
Javier Millán-Astray. Director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged)