Opinión pública y alquiler
El autor, presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, defiende las recientes medidas presentadas por el Gobierno para fomentar el alquiler y rechaza las críticas por espurias. A la vez, apunta los pasos siguientes que se deben dar para desarrollar el alquiler en España
La lectura sosegada de las reacciones de esta semana en referencia al anuncio de las medidas previstas para incentivar el mercado de alquiler, me han causado estupor, primero como persona, y segundo como economista.
Si uno creyese que todos estos ríos de tinta responden al sentir generalizado de la sociedad española, habría que criticar, no el hecho del parecido mayor o menor con planes anteriores o la puesta en escena, sino simplemente que las medidas no están apoyadas ni por la teoría económica, ni por el rigor presupuestario ni tampoco por la justicia social. Afortunadamente, todo lo dicho y escrito, salvo excepciones, obedece a aspectos espurios y como economista, pero sobre todo como persona, se puede afirmar que todo lo presentado responde a la lógica estrictamente económica y social.
Comenzaré por analizar la necesidad de intervención pública en el mercado de alquiler, particularmente en su vertiente social. Cuando existe un fallo de mercado, como es éste, la intervención pública es esencial, como lo prueban las acciones en países tan poco sospechosos de colectivistas o marxistas como el Reino Unido, Alemania, Francia u Holanda. Todas estas economías mantienen un gran parque público de viviendas en alquiler, han permitido el desarrollo de operadores privados potentes que producen vivienda en alquiler. Además, han facilitado el crecimiento y desarrollo de un mercado de fondos inmobiliarios, sin apenas trabas, para que puedan ser rentables y compitan con sus homónimos norteamericanos y canadienses. Por último, han instaurado una legislación sobre Empresas Patrimonialistas Cotizadas que garantiza la canalización de ahorro hacia el sector. Y por si esto fuera poco, mantienen desde hace muchos años ayudas directas, y en menor grado fiscales, muy generosas para apoyar la emancipación de jóvenes, eso sí, siempre en alquiler.
Si uno analiza, por tanto, las medidas aprobadas ahora, pero también las que se han ido aprobando a lo largo de la legislatura, este gobierno ha encauzado la política de vivienda, especialmente la financiera y fiscal, pero también la social, hacia esos países situados al otro lado de los Pirineos. La razón última de estas acciones tienen que ver con la necesidad de hacer política de oferta profesional, generar un mercado potente de fondos inmobiliarios y apoyar a aquellos que más lo necesitan a poder emanciparse. Pero hablando más como persona que como economista, el aplauso está llegando por la aportación que se ha hecho a la dignificación de la figura del alquiler que tanto se ha denostado desde múltiples sectores.
A partir de ahora, qué queda por hacer. En primer lugar, convencer al máximo de ayuntamientos que pongan suelo al servicio de los operados privados para promocionar vivienda en alquiler a precio asequible, y sobre todo que este parque se mantenga estable en el tiempo para eliminar las aristas de los ciclos económicos. Este parque de calidad puede ser rentable como lo prueba el hecho de que ya hay empresas que se han lanzado al monocultivo de vivienda protegida en alquiler y les salen los números. La administración ya les ha facilitado en esta legislatura mejoras fiscales, quedando flecos financieros. Esto no significa rescatar los Institutos de Vivienda del antiguo régimen, sino simplemente cumplir con la función social del Estado en materia de acceso a la vivienda, permitiendo que el sector privado lo explote, lo gestione, lo promueva, y que la Sociedad Pública de Alquiler lo pueda administrar.
El segundo eslabón se ha puesto en marcha, el apoyo directo a través de la renta de emancipación, y sobre todo la neutralidad fiscal entre compra y alquiler, cuya consecución última dependerá de que las Comunidades Autónomas completen la deducción del tramo estatal. Este impulso, sin duda, va a generar beneficio económico a las familias, pero también el Estado ya que todo joven emancipado es un actor de consumo importante, y por ende parte de este gasto acabará generando ingresos públicos.
En el tema de las garantías se está trabajando en mejorar las prestaciones de la administración de justicia, pero conviene señalar y valorar el impulso que ha generado la creación de la Sociedad Pública de Alquiler. Las compañías de seguros han visto nacer y desarrollarse nuevos productos, especialmente seguros de impago (la Sociedad Pública de Alquiler garantiza al propietario el impago durante 18 meses a partir de la primera mensualidad impagada), seguros de desocupación y asistencia jurídica.
En suma, y tras comprobar el aluvión de consultas recibidas sobre las medidas propuestas por parte de jóvenes y no tan jóvenes, me he visto reconfortado como persona y como economista. Está visto que la mayor parte de la sociedad está al margen de titulares, de tertulias y sobre todo de la inquina en contra de la opción del alquiler. Sólo puedo dar gracias a quien lo ha promovido.
Alejandro Inurrieta, Presidente de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA)