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Juzgados

Comienza el juicio contra los 14 procesados en el 'caso Gescartera'

Hoy lunes está previsto que se inicie en Madrid el juicio del caso Gescartera, que sentará en el banquillo a 14 personas, encabezadas por Antonio Camacho, ex presidente de la agencia de valores, cuyo presunto fraude fue descubierto en el verano de 2001 tras detectarse un agujero de 94 millones. La cantidad que se reclama a los acusados en concepto de indemnización para los cerca de 4.000 afectados es de 50 millones de euros, más otros dos millones en concepto de multas.

Como es previsible que algunos de los procesados no puedan hacer frente a las consecuencias económicas de una eventual condena, el pago correspondería a los responsables civiles, tanto directos -la propia Gescartera, sus filiales y socios- como subsidiarios. En este último escalón aparecen Caja Madrid Bolsa y La Caixa, que podrían tener que sufragar hasta el 80% del total, según fuentes judiciales.

Según el auto de apertura de juicio oral, dictado en mayo de 2005 por la instructora Teresa Palacios, la entidad financiera madrileña deberá responder por unos 13,9 millones, mientras que a la catalana se le exigen otros 26,4 millones que supuestamente desviaron dos de los antiguos responsables de una de sus sucursales en Majadahonda (Madrid).

Los dos presuntos cerebros de la trama son Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, principales directivos de Gescartera, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 11 años de prisión, los mismos que para Aníbal Sardón, el comercial que captó buena parte de los 4.005 clientes que llegó a tener la agencia.

El escrito de acusación del ministerio público sirvió de base para el auto de la juez Teresa Palacios, que dejó fuera del juicio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entonces presidida por Pilar Valiente, a la Fundación ONCE, que llegó a tener el 10% de Gescartera, y al ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez Reyna, hermano de la presidenta de la polémica agencia de valores. Todos ellos se encuentran en libertad.

Acusación de apropiación indebida

A partir de la argumentación esgrimida por la juez Teresa Palacios, existen indicios racionales de criminalidad, 'deducidos de las diligencias obrantes en la causa', para atribuir a los acusados los delitos de apropiación indebida y/o estafa, junto a otro delito continuado de falsedad. Las principales acusaciones recaen sobre Antonio Camacho como principal responsable de 'un sistema operativo fraudulento., claramente dirigido a lucrarse'.Según el fiscal del caso, los acusados urdieron una 'cadena sin fin recaudatoria' para, 'ocultando la inexistencia real de inversiones a nombre de los clientes, hacer suyo el dinero que estos últimos aportaban'.

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